SERIE ESPECIAL SOYDATOS | HONDURAS ANTE EL DESAFÍO DE LA ECONOMÍA VERDE
Segunda entrega | Agua, inversión pública y producción agrícola
Nuestra segunda entrega examina algo más que los anuncios de inversión: si el dinero público está llegando a las obras, si esas obras aumentan la superficie productiva y si los productores pueden aprovecharlas. La diferencia entre presupuesto, ejecución e impacto será el eje del análisis.
¿Está invirtiendo Honduras lo suficiente y correctamente para garantizar agua y producción agrícola?
El Gobierno anuncia entre 350 y 400 millones de lempiras para riego, pero la brecha entre inversión programada, ejecución de obras y resultados productivos sigue siendo el principal desafío.
Honduras necesita más agua para producir alimentos, pero también necesita que la inversión pública se traduzca en infraestructura funcional, cosechas más estables y mejores ingresos rurales. El Gobierno ha anunciado recursos para pozos, sistemas de riego y recuperación de distritos agrícolas. La pregunta económica es si esas intervenciones tienen la escala, la continuidad y la ejecución necesarias para reducir la vulnerabilidad del campo.
La sequía de 2026 volvió a demostrar el costo de depender de las lluvias. Ahora el país enfrenta una decisión que va más allá de atender la emergencia: convertir el agua en infraestructura productiva y el financiamiento rural en capacidad permanente de producción.
SOYDATOS EXPRESS
- 350 a 400 millones de lempiras contempla el plan nacional de riego anunciado por la SAG para ampliar el acceso al agua y recuperar infraestructura agrícola.
- 1,600 hectáreas es la superficie que el Gobierno espera habilitar mediante más de 500 sistemas de riego, pozos y rehabilitación de instalaciones.
- 800 a 900 productores serían beneficiados directamente durante 2026 por el plan, según las proyecciones oficiales.
- 2,000 manzanas comprende la intervención de rehabilitación de riego en el Valle de Jamastrán, donde la SAG reportó un avance superior al 50 %.
- 54.3 % era la ejecución de la inversión pública nacional al 6 de octubre de 2026, según datos presupuestarios revisados por Criterio.hn.
El plan de riego es un avance, pero todavía tiene una escala limitada
La Secretaría de Agricultura y Ganadería anunció el 15 de octubre un plan de riego con una inversión estimada de 350 a 400 millones de lempiras. La iniciativa contempla más de 500 sistemas de riego por goteo, perforación de pozos, revestimiento de lagunas y recuperación de infraestructura que permanece fuera de funcionamiento.
De acuerdo con la SAG, el programa permitiría habilitar alrededor de 1,600 hectáreas agrícolas y beneficiar entre 800 y 900 productores durante 2026. También se proyecta intervenir sistemas de riego que podrían beneficiar a otros 2,500 productores, mientras se trabaja en la recuperación de unas 2,000 manzanas en el Valle de Jamastrán.
Es una inversión necesaria, especialmente en regiones del Corredor Seco y otras zonas con potencial agrícola y limitaciones de agua. Sin embargo, su dimensión debe analizarse frente a las necesidades nacionales.
Habilitar 1,600 hectáreas es relevante para las comunidades beneficiadas, pero no resuelve por sí solo la vulnerabilidad de una agricultura que necesita ampliar significativamente su capacidad de almacenamiento y distribución de agua.
Además, hay una diferencia entre adquirir equipos, instalarlos y conseguir que funcionen de manera sostenida. Un sistema de riego necesita una fuente de agua disponible, energía, mantenimiento, organización de usuarios, asistencia técnica y financiamiento para los costos de operación.
El indicador decisivo no debería ser el número de equipos comprados o entregados, sino cuántas hectáreas producen efectivamente bajo riego, cuántas cosechas adicionales se obtienen y cuánto aumenta el ingreso de los productores.
El presupuesto público revela el problema de la ejecución
La inversión agrícola compite por recursos con otras necesidades del Estado, pero su impacto depende tanto del presupuesto disponible como de la capacidad institucional para convertirlo en obras.
Un dato de ejecución presupuestaria merece atención. Al 6 de octubre de 2026, el Gobierno había ejecutado 54.3 % del presupuesto nacional de inversión pública, según una revisión de los registros de la Secretaría de Finanzas publicada por Criterio.hn. Eso significaba que todavía permanecían sin ejecutar alrededor de 22,000 millones de lempiras de los recursos asignados a inversión pública.
El mismo reporte situó la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) en 14.1 % de su presupuesto vigente. Esta cifra no equivale exclusivamente a inversión en riego ni permite concluir que todos los programas rurales tengan el mismo nivel de avance, pero sí plantea una preocupación sobre la capacidad de ejecución de una institución vinculada al desarrollo rural.
La diferencia entre presupuesto aprobado y dinero ejecutado es fundamental. Un presupuesto que no se transforma en obras no aumenta la disponibilidad de agua, no mejora los rendimientos agrícolas y no protege a los productores de la siguiente temporada seca.
El país necesita información pública que permita seguir cada proyecto: monto aprobado, contratos, desembolsos, avance físico, fecha de finalización, hectáreas atendidas y número de productores que utilizan la infraestructura. Sin esa trazabilidad, resulta difícil medir la eficiencia de la inversión.
Honduras necesita almacenar agua, no solamente perforar pozos
La discusión sobre infraestructura hídrica suele concentrarse en la perforación de pozos. Es una respuesta importante en comunidades que carecen de fuentes de abastecimiento, pero no puede ser la única estrategia.
La SAG ha identificado otro problema estructural: Honduras recibe lluvias abundantes en determinadas temporadas, pero dispone de poca capacidad para almacenarlas y utilizarlas durante los meses secos. Por eso su plan incorpora revestimiento de lagunas, reservorios y recuperación de sistemas de riego.
La inversión debe organizarse alrededor de cuencas y territorios productivos. Eso implica identificar dónde se puede captar agua, cuánto puede almacenarse, qué superficie agrícola puede abastecerse y qué cultivos ofrecen mejores resultados económicos con el recurso disponible.
También exige evitar proyectos aislados que no estén conectados con una estrategia de producción. Un reservorio puede resolver una necesidad local, pero su rentabilidad social y económica aumenta cuando forma parte de un sistema que incluye distribución, riego eficiente, asistencia técnica, acceso a mercados y financiamiento.
La prioridad debe ser usar mejor cada metro cúbico de agua, reducir pérdidas y garantizar que la infraestructura funcione durante varios ciclos agrícolas.
El BCIE y la banca pueden ampliar la inversión, pero el crédito debe llegar al productor
El financiamiento multilateral puede complementar los recursos públicos y ampliar la capacidad de inversión del sector agrícola. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tiene aprobado para Honduras un programa de crédito de 25 millones de dólares destinado a agronegocios y cajas rurales.
La operación, aprobada en noviembre de 2023, contempla fortalecer las capacidades financieras y administrativas de las cajas rurales, brindar asistencia técnica y facilitar capital productivo y crédito a pequeños agricultores, cooperativas y productores independientes. Es importante precisar que el monto aprobado no debe confundirse con recursos totalmente desembolsados ni con créditos ya colocados entre los productores.
La banca comercial también tiene un papel relevante, pero enfrenta dificultades para financiar unidades productivas pequeñas que carecen de garantías, historial crediticio o ingresos regulares. En esas condiciones, las cajas rurales pueden funcionar como intermediarias entre el financiamiento y las comunidades.
El desafío es conectar las inversiones en infraestructura con el crédito productivo. Un sistema de riego sin capital para comprar semillas, fertilizantes o tecnología puede terminar subutilizado. Y un crédito agrícola sin disponibilidad de agua puede elevar el riesgo de incumplimiento.
La inversión pública y el financiamiento privado deben operar de manera complementaria, con proyectos técnicamente evaluados y condiciones de crédito compatibles con los ciclos agrícolas.
FUNDER puede conectar la infraestructura con la capacidad de producir
En este punto, FUNDER tiene un papel que merece seguimiento. Su Centro de Servicios Financieros trabaja con población rural que enfrenta dificultades para acceder a la banca tradicional, mediante financiamiento directo y recursos canalizados a través de cajas rurales.
La institución informó en su balance de ejecución de 2025 que fortaleció 857 cajas rurales, acompañó 557 agronegocios y apoyó con financiamiento a 711 negocios. También reportó más de 48,000 beneficiarios directos, organizados en unas 24,000 familias rurales. Son cifras institucionales que muestran alcance territorial, pero el siguiente paso del análisis es conocer cuánto de esa actividad se traduce en inversiones concretas para adaptación climática y uso eficiente del agua.
FUNDER puede contribuir a financiar bombas, sistemas de riego por goteo, reservorios en fincas, tecnologías solares, recuperación de suelos y otras mejoras productivas. Su función no sustituye la responsabilidad del Estado de construir infraestructura pública ni la de la banca de financiar actividades viables. Su aporte está en acercar servicios financieros y capacidades empresariales a productores que suelen quedar fuera de los circuitos tradicionales.
Para evaluar ese aporte hacen falta indicadores específicos: cartera verde colocada, número de productores financiados, hectáreas con tecnologías de adaptación, recuperación de créditos, variación de rendimientos y aumento de ingresos.
La economía verde necesita resultados medibles, no solamente programas con una denominación ambiental.
La inversión debe medirse por su impacto en la producción
Honduras necesita una política de agua que integre al Gobierno, los organismos financieros, la banca, las organizaciones rurales y las empresas agroindustriales.
El Estado debe concentrarse en infraestructura de mayor escala, planificación territorial, almacenamiento y distribución. Los organismos multilaterales pueden aportar financiamiento de largo plazo y asistencia técnica. La banca debe ampliar el crédito productivo, mientras que entidades como FUNDER pueden facilitar el acceso de pequeños productores a recursos y acompañamiento empresarial.
Las empresas también tienen un incentivo económico para participar. La agroindustria necesita abastecimiento estable, calidad, volumen y continuidad. Invertir en proveedores rurales, riego y tecnologías de adaptación puede reducir interrupciones en las cadenas de suministro y mejorar la competitividad.
Pero toda inversión debe responder a una evaluación económica. No basta con construir infraestructura: hay que saber cuánto cuesta mantenerla, cuánta producción adicional genera, qué mercados puede abastecer y si los productores podrán pagar el financiamiento recibido.
El verdadero rendimiento de la inversión hídrica se mide en cosechas, productividad, empleo, ingresos y alimentos disponibles.
La mirada de la directora de SOYDATOS
Honduras está invirtiendo en agua, pero todavía no demuestra que esté invirtiendo a la escala que exige su vulnerabilidad agrícola. El plan de riego anunciado es un paso positivo. Sin embargo, la dimensión del desafío obliga a pensar en una política nacional de infraestructura hídrica, no en una suma de proyectos dispersos.
Me preocupa especialmente la distancia entre los recursos presupuestados y la ejecución. El país no puede permitirse que los fondos destinados al desarrollo rural permanezcan sin utilizar mientras los productores pierden cosechas por falta de agua. La ejecución debe ser transparente y sus resultados deben poder verificarse.
También considero que el Estado no puede asumir solo el costo de esta transformación. La banca, el BCIE, el BID, FUNDER y las empresas agroindustriales tienen capacidad para participar, cada uno desde su función. Pero esa articulación necesita proyectos bien estructurados, productores organizados y financiamiento que tenga sentido económico.
No se trata de gastar más por gastar. Se trata de invertir mejor para producir más, perder menos y generar ingresos rurales sostenibles. Si Honduras consigue convertir el agua en infraestructura productiva, estará haciendo una inversión en seguridad alimentaria, empleo y competitividad.
