El país observa negociaciones intensas entre bancadas mientras expertos advierten que el precedente marcará la estabilidad institucional y confianza democrática.
En la antesala del receso de Semana Santa, el Congreso hondureño vive días de clima denso y negociaciones silenciosas. La posibilidad de activar por primera vez el juicio político, aprobado en 2013, divide a las bancadas mientras crece la presión social por sancionar supuestos abusos tras las elecciones de 2025. Entre cálculos de votos, acusaciones cruzadas y advertencias institucionales, la moneda sigue girando.
Un mecanismo constitucional que nunca se aplicó
Aunque la figura existe desde hace más de una década, Honduras nunca ha ejecutado un juicio político. El exjefe de las Fuerzas Armadas y exvicecanciller Isaías Barahona Herrera sostuvo que “no debe haber duda que el juicio político debe aplicarse”, insistiendo en que el debate real debe centrarse en las causales y no en su pertinencia.
Barahona Herrera añadió que la recomendación del colectivo Defensores de Honduras es avanzar en el proceso, mencionando entre los nombres más señalados al fiscal Johel Zelaya, la presidenta de la Corte Suprema Rebeca Ráquel Obando, el consejero del CNE Marlon Ochoa y el magistrado del TJE Mario Morazán. En ese escenario, el mecanismo constitucional se percibe como una pieza que nunca salió del cajón.
La aritmética legislativa y la carrera por los votos
El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas aseguró que existirían entre 83 y 84 votos dispuestos a impulsar el juicio político, por lo que el reto inmediato será conseguir los dos apoyos restantes. Según explicó, “para Marlon Ochoa debe haber juicio político para sentar un precedente en este país”, anticipando que la iniciativa podría presentarse antes del receso legislativo.
Rivera Callejas también denunció que un grupo de ocho congresistas liberales tendría un acuerdo con el expresidente Manuel Zelaya para frenar el proceso. Mientras tanto, el legislador Carlenton Dávila negó que su bancada haya recibido solicitudes formales para discutir el tema, reflejando la fragmentación interna que mantiene la votación en suspenso.
Posturas liberales y advertencias sobre coerción política
Desde el Partido Liberal, el jefe de bancada Jorge Cálix defendió que el juicio político es una figura constitucional válida cuando existen causales. “Si hay 85 más que piensen como yo habrá juicio político”, declaró, remarcando que ningún diputado puede ser obligado a votar en determinado sentido.
El dirigente liberal Roberto Contreras afirmó que la responsabilidad recaerá en cada legislador y en el presidente del Congreso, Tomás Zambrano. Contreras advirtió además que el proceso no debe convertirse en “pan y circo”, señalando que las decisiones políticas recientes ya pasaron factura electoral, en referencia al desempeño de Libre.
Claves del debate político que sacude al Congreso
La discusión sobre el juicio político ha activado múltiples frentes institucionales y partidarios. Entre los elementos más relevantes destacan:
- Aprobación en 2013: el mecanismo existe desde hace 13 años pero nunca ha sido aplicado.
- Meta parlamentaria: se requieren 85 votos para iniciar el proceso formal en el Congreso.
- Autoridades señaladas: figuras del Ministerio Público, Poder Judicial y organismos electorales están bajo escrutinio.
- Calendario político: el posible debate coincide con el receso de Semana Santa, acelerando negociaciones.
- Presión social: sectores civiles exigen sanciones tras irregularidades denunciadas en elecciones de 2025.
Este conjunto de factores convierte al juicio político en una jugada estratégica dentro de un tablero legislativo donde cada voto pesa como una pieza clave.
Llamados institucionales y defensa del Estado de derecho
La vicepresidenta del Congreso, María Antonieta Mejía, enfatizó que el proceso no puede verse como un trámite administrativo. “Debe respetarse el Estado de derecho”, afirmó, exhortando a los diputados reticentes a respaldar el juicio político como respuesta a demandas ciudadanas.
Mejía también cuestionó la supuesta protección a funcionarios señalados, denunciando que algunos actores políticos pretenden “lavarse las manos condicionando un juicio político”. Estas declaraciones evidencian que el debate trasciende lo jurídico y se instala en la esfera de la credibilidad institucional, donde la percepción pública puede inclinar la balanza.
El precedente que podría redefinir la política hondureña
Como explicó soydatos, la activación de mecanismos constitucionales inéditos suele impactar la confianza en los mercados y en la estabilidad política, especialmente en economías emergentes como la hondureña. En América Latina, países como Perú o Brasil han vivido procesos similares que alteraron ciclos económicos, inversión extranjera y gobernabilidad.
En los pasillos del Congreso, mientras el calor capitalino anuncia la llegada de las vacaciones y los diputados afinan cuentas, la moneda sigue girando en el aire. Su caída —hacia el precedente o hacia la parálisis— podría definir mucho más que una votación.
