SERIE ESPECIAL SOYDATOS | HONDURAS ANTE EL DESAFÍO DE LA ECONOMÍA VERDE. Primera entrega | La sequía y el costo económico de producir alimentos
La pérdida de cosechas, el encarecimiento de los alimentos y la reducción de ingresos rurales revelan una vulnerabilidad estructural. El desafío es financiar una agricultura capaz de producir con menos agua.
Honduras enfrenta una crisis agrícola que ya está trascendiendo las parcelas y llegando a los mercados, los hogares y las cuentas de la economía nacional. La sequía asociada al fenómeno de El Niño ha reducido las perspectivas de producción de granos básicos, deteriorado las reservas familiares y aumentado la dependencia de las importaciones para abastecer la demanda interna.
El problema tiene una dimensión social contundente: 1.88 millones de personas, equivalentes al 18 % de la población analizada, se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda, según la actualización de septiembre de 2026 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF), difundida por la FAO y sus organismos asociados. De ese total, alrededor de 104,800 personas están en Fase 4, considerada Emergencia.
La sequía, por tanto, no es solamente un fenómeno meteorológico. Es un factor que reduce la producción, afecta los ingresos de los agricultores, encarece el abastecimiento y limita la capacidad de compra de las familias. El agua se ha convertido en una variable económica estratégica para Honduras.
SOYDATOS EXPRESS
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70 % de la producción anual de maíz corresponde aproximadamente a la cosecha de Primera, precisamente una de las más afectadas por el déficit de lluvias.
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1.8 millones de toneladas de cereales se estimaron como importaciones hondureñas en el ciclo comercial 2025/2026, casi 30 % por encima del promedio de cinco años.
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20 % más costaba el maíz blanco al por mayor en julio de 2026 respecto al mismo mes de 2025, según los registros de seguimiento de precios de la FAO.
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108,500 personas adicionales se incorporaron a la estimación de inseguridad alimentaria aguda frente a la proyección anterior de marzo de 2026.
La sequía está golpeando el corazón de la producción agrícola
La FAO advierte que la cosecha de maíz de Primera de 2026 será considerablemente inferior al promedio. Las condiciones de sequía redujeron la humedad de los suelos, limitaron las siembras y afectaron el desarrollo de los cultivos, con daños especialmente fuertes en pequeños productores del Corredor Seco.
La situación también compromete la cosecha de Postrera. Aunque algunas lluvias registradas en septiembre mejoraron parcialmente la humedad en zonas centrales, los acumulados siguieron siendo insuficientes en varias regiones para garantizar condiciones normales de siembra. La FAO anticipa que la producción total de maíz de 2026 estará por debajo del promedio.
Un análisis publicado por SOYDATOS el 7 de octubre, sobre el comportamiento de la producción agrícola en el último trimestre, ya advertía pérdidas reportadas de aproximadamente un millón de quintales de maíz y entre 150,000 y 200,000 quintales de frijol, además de unas 50,000 manzanas de maíz y 20,000 de frijol afectadas.
La consecuencia no se limita a la cantidad de grano que deja de cosecharse. El productor pierde ingresos, reduce su capacidad de compra de semillas y fertilizantes, puede incumplir compromisos financieros y enfrenta mayores dificultades para financiar el siguiente ciclo agrícola.
Una cosecha perdida también significa menos dinero circulando en las economías rurales.
El problema llega al mercado y aumenta la dependencia de importaciones
La reducción de la producción nacional obliga a Honduras a recurrir con mayor intensidad al mercado internacional. Esto tiene implicaciones para la balanza comercial, los costos de abastecimiento y la exposición del país a los precios externos.
La FAO estima que las importaciones de cereales durante el ciclo comercial 2025/2026 alcanzaron 1.8 millones de toneladas, casi 30 % por encima del promedio de los últimos cinco años. Para el ciclo 2026/2027, las necesidades de importación también se proyectan por encima de lo habitual debido a las pérdidas de producción asociadas a El Niño.
El maíz tiene una importancia especial. No solo forma parte de la dieta de los hogares hondureños; también es un insumo de la industria de alimentos para animales y de distintas cadenas agroalimentarias. Cuando escasea o se encarece, el efecto puede trasladarse a la producción pecuaria y a otros productos de consumo.
En julio de 2026, el precio mayorista del maíz blanco se encontraba alrededor de 20 % por encima del nivel registrado un año antes. En el caso del frijol rojo, la FAO reportó un incremento mensual de 16 % en julio, reflejo de una oferta estacional más ajustada.
Esto plantea un riesgo adicional: Honduras puede conseguir alimentos en el exterior, pero debe pagar por ellos y trasladar ese costo a su economía. La disponibilidad de productos en los mercados no garantiza que las familias tengan ingresos suficientes para comprarlos.
La inseguridad alimentaria también es un problema de ingresos
La clasificación CIF identifica a las personas que enfrentan dificultades severas para acceder a alimentos suficientes. No mide únicamente si hay productos disponibles en los mercados; considera también la capacidad económica de los hogares para adquirirlos y mantener una alimentación adecuada.
La actualización de septiembre identifica el impacto combinado de pérdidas agrícolas, agotamiento de reservas, aumento de precios y reducción de ingresos familiares. La situación es especialmente delicada en ocho áreas de análisis, entre ellas territorios del Corredor Seco.
El Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UNAH aporta otro dato relevante: el costo de la canasta básica alimentaria urbana por persona aumentó 49.4 % entre 2019 y 2025. Esto significa que las familias llegan a la crisis climática con un poder adquisitivo ya deteriorado.
La vulnerabilidad es mayor entre los hogares que dependen de la agricultura de subsistencia. Cuando pierden su cosecha, no solo dejan de producir alimentos para autoconsumo; también pierden la posibilidad de vender excedentes, contratar mano de obra o generar recursos para comprar lo que ya no producen.
FEWS NET advierte que las pérdidas de Primera y los costos elevados de alimentos e insumos están prolongando la temporada de escasez en hogares pobres del Corredor Seco y del Golfo de Fonseca. También señala que el precio de la urea en agosto se encontraba 48.1 % por encima del registrado un año antes, encareciendo la posibilidad de preparar la siguiente siembra.
La inseguridad alimentaria no se resuelve únicamente aumentando la oferta de alimentos. También exige proteger los ingresos de las familias y la capacidad de los productores para volver a sembrar.
El Gobierno anuncia medidas, pero el país necesita una política permanente de agua
La respuesta gubernamental combina asistencia a productores, rehabilitación de infraestructura de riego, perforación de pozos, reservorios y medidas para mantener el abastecimiento de granos básicos.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería informó el 24 de octubre que proyecta para el cierre de 2026 una producción de 550,000 quintales de arroz, tres millones de quintales de frijol y un millón de quintales de maíz. Son estimaciones oficiales, no cosechas ya verificadas. La institución también reconoce que, si la producción no resulta suficiente para cubrir la demanda, podrían utilizarse importaciones para evitar desabastecimiento.
En el Valle de Jamastrán, la SAG reportó trabajos de rehabilitación de sistemas de riego en unas 2,000 manzanas, con un avance superior al 50 %. También informó sobre equipos de riego, bombas y otros componentes para recuperar infraestructura agrícola.
Estas medidas son necesarias, pero deben evaluarse por sus resultados. La cantidad de pozos perforados o equipos entregados no es suficiente para medir el impacto. Los indicadores relevantes son las hectáreas que efectivamente producen bajo riego, los productores que mantienen sus cosechas durante la estación seca, el aumento de rendimientos y la reducción de pérdidas.
La sequía vuelve a poner sobre la mesa una debilidad estructural: una parte importante de la agricultura hondureña sigue dependiendo de lluvias cada vez más irregulares, con infraestructura hídrica insuficiente y limitado acceso a tecnologías de adaptación.
La política pública debe pasar de la emergencia a la prevención. Esto significa invertir en almacenamiento de agua, sistemas de riego eficientes, recuperación de suelos, asistencia técnica, información climática y financiamiento para pequeños productores.
FUNDER y el financiamiento rural, una pieza de la adaptación climática
El desafío no termina cuando el Estado construye un pozo o rehabilita un sistema de riego.
Para aprovechar esa infraestructura, el productor necesita recursos para instalar equipos en su parcela, comprar semillas adecuadas, mejorar su suelo, adoptar tecnologías, diversificar cultivos y sostener sus operaciones mientras llega la siguiente cosecha.
Aquí aparece FUNDER, la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural, como un actor relevante de la economía rural hondureña.
Su trabajo con cajas rurales, organizaciones de productores y agronegocios permite abordar una de las barreras más persistentes del campo: el acceso al crédito. Muchos pequeños productores no cuentan con garantías convencionales, historial bancario suficiente o capacidad para asumir las condiciones de financiamiento de la banca comercial.
El modelo de FUNDER combina servicios financieros, acompañamiento técnico y fortalecimiento de organizaciones rurales. Su Centro de Servicios Financieros canaliza recursos mediante cajas rurales y también ofrece financiamiento directo a productores.
En 2024, la institución reportó 87.7 millones de lempiras en créditos colocados, de los cuales aproximadamente 72 % se destinó al sector agropecuario. Es una referencia institucional importante, aunque para medir el impacto actual de la economía verde necesitamos conocer la cartera más reciente y cuánto de ese financiamiento se dirige específicamente a adaptación climática.
La oportunidad está en que el crédito no se limite a financiar la próxima cosecha. Debe permitir inversiones que reduzcan la vulnerabilidad de las siguientes temporadas: cosecha de agua, riego por goteo, bombas solares, sistemas agroforestales, recuperación de suelos y tecnologías de producción más eficientes.
El financiamiento rural puede convertirse en una herramienta de seguridad alimentaria cuando permite que el productor siga produciendo incluso en condiciones climáticas adversas.
La economía verde comienza por proteger la capacidad de producir
La discusión sobre economía verde suele concentrarse en energías renovables, conservación de bosques o reducción de emisiones. En Honduras también debe incluir la transformación de la agricultura.
Un sistema productivo que utiliza menos agua por unidad de alimento, conserva la fertilidad del suelo, reduce pérdidas y diversifica sus fuentes de ingreso tiene una ventaja económica frente a otro que depende exclusivamente de las lluvias.
La economía verde rural puede abrir oportunidades en varias actividades:
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Riego eficiente y cosecha de agua, para reducir la dependencia de las lluvias.
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Energía solar aplicada a la producción, para disminuir costos de bombeo y operación.
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Sistemas agroforestales, que combinan cultivos con árboles y mejoran la protección del suelo.
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Bioinsumos y recuperación de suelos, para mejorar la productividad y reducir la dependencia de insumos costosos.
FUNDER puede ser un caso importante para analizar cómo estas inversiones llegan a las comunidades rurales. Pero la investigación debe comprobar cuánto dinero se coloca, cuántos productores adoptan las tecnologías, cuánto aumenta la productividad y si los ingresos mejoran de manera sostenible.
La pregunta no es solamente cuántas hectáreas se restauran o cuántas bombas solares se instalan. La pregunta económica es cuánto más puede producir una familia, cuánto reduce sus costos y qué tan capaz es de resistir la próxima sequía.
La mirada de la directora de SOYDATOS

La sequía está mostrando una de las debilidades más costosas de Honduras: el país todavía no ha construido las condiciones para garantizar que una parte importante de sus productores pueda sembrar y cosechar sin depender exclusivamente de las lluvias.
Me preocupa que sigamos tratando cada temporada seca como una emergencia que debe resolverse con ayuda, semillas o alimentos. Esas medidas son necesarias, pero no modifican el problema de fondo. Cada cosecha perdida significa menos ingresos rurales, más presión sobre los precios y mayor dependencia de las importaciones.
También creo que debemos cambiar la forma de entender la seguridad alimentaria. No basta con que haya maíz, frijoles y arroz en los mercados. Las familias necesitan ingresos para comprarlos y los productores necesitan recursos para volver a sembrar. La alimentación depende tanto de la producción como del poder adquisitivo.
Honduras necesita una política económica que trate el agua como infraestructura productiva y la adaptación climática como inversión. La próxima sequía no debería encontrar al país haciendo los mismos anuncios de emergencia. Debería encontrar a más productores preparados para seguir produciendo.

