La líder opositora volvió después de diez meses de exilio y reapareció en el Santuario de la Divina Pastora. Su regreso desafía al poder político de Caracas, pero también expone una contradicción internacional: Estados Unidos respalda su discurso democrático mientras negocia el futuro petrolero y político del país con Delcy Rodríguez.
26 de octubre de 2026. El regreso de María Corina Machado a Venezuela el domingo 25 de octubre tiene una dimensión que supera el acontecimiento político. Es un desafío al Gobierno de Delcy Rodríguez, una prueba para la oposición venezolana y, sobre todo, una señal de las contradicciones de la estrategia de Donald Trump en América Latina.
Machado eligió el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, Barquisimeto, para su primera aparición pública. No fue una decisión menor. Después de casi diez meses fuera del país, la dirigente opositora volvió a encontrarse con sus seguidores en un espacio de profunda identificación religiosa y popular, antes de continuar su recorrido hacia Caracas.
La escena tuvo una fuerza simbólica considerable. Personas que la recibieron entre aplausos, abrazos y consignas de libertad expresaban algo más que respaldo a una dirigente: la expectativa de que su regreso reabra un proceso político que muchos venezolanos consideran inconcluso.
La cobertura de EL PAÍS, de Florantonia Singer y María Martín, destaca precisamente la elección del santuario de la Divina Pastora y el carácter territorial de su retorno. Associated Press (AP), por su parte, describe la recepción de Machado en una iglesia del estado Lara y la movilización de simpatizantes que acompañaron su recorrido hacia Caracas.
La simbología religiosa, sin embargo, no debe confundirse con una demostración automática de poder institucional. Machado recuperó presencia física en Venezuela, pero todavía necesita transformar esa capacidad de convocatoria en participación efectiva en las decisiones sobre el futuro del país.
El regreso que incomoda a Caracas y también a Washington
La información publicada por Reuters el 25 de octubre, en una investigación firmada por Vivian Sequera, Sarah Kinosian y Keren Torres, revela un elemento especialmente importante: el regreso de Machado habría sido coordinado con los gobiernos de Estados Unidos, Panamá y Colombia, según una fuente directamente informada sobre sus movimientos.
Reuters también señala que Machado viajó en un avión privado desde Panamá hasta Colombia y posteriormente cruzó por tierra hacia Venezuela. Cuatro personas familiarizadas con sus desplazamientos confirmaron ese itinerario al medio.
La información introduce una diferencia importante respecto de la narrativa inicial de su regreso. No se trató simplemente de una entrada clandestina que sorprendió a todos los gobiernos involucrados. Según esa reconstrucción periodística, hubo coordinación internacional, aunque el alcance de las autorizaciones y las condiciones de seguridad no han sido aclarados oficialmente.
La reacción de Trump fue particularmente reveladora. Consultado por los periodistas en la Casa Blanca, dijo que no sabía nada del regreso, calificó a Machado como una mujer agradable y manifestó que esperaba que estuviera a salvo. Inmediatamente añadió que a Estados Unidos le estaba yendo muy bien en Venezuela.
Marco Rubio, en cambio, ofreció una explicación institucional. El secretario de Estado afirmó que las condiciones que permitieron el retorno seguro de Machado eran resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Washington.
La diferencia entre ambos mensajes merece atención. Trump evitó comprometerse públicamente con el regreso como un acontecimiento político de la oposición. Rubio lo incorporó a la estrategia diplomática estadounidense.
Washington quiere presentarse como facilitador de una transición democrática, pero no está dispuesto a entregar la conducción de ese proceso a María Corina Machado.
Venezuela cambió, pero el poder chavista no desapareció
Para comprender la dimensión del regreso hay que observar lo ocurrido desde enero de 2026.
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero modificó radicalmente el escenario venezolano. Maduro fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales que ha negado. Delcy Rodríguez, quien había sido su vicepresidenta, asumió la conducción interina del Gobierno con el respaldo de Washington.
Sin embargo, la salida de Maduro no significó la desaparición del aparato político, administrativo, militar y económico del chavismo.
Delcy Rodríguez conserva el control del Ejecutivo y mantiene relaciones con sectores fundamentales del antiguo sistema de poder. Diosdado Cabello sigue siendo una figura central del aparato de seguridad y Jorge Rodríguez dirige la Asamblea Nacional y participa en las negociaciones políticas.
El análisis de Associated Press del 25 de octubre subraya una anomalía institucional: Rodríguez había recibido inicialmente una autorización de 90 días para ejercer como presidenta interina, pero continúa en el cargo sin que se haya convocado una elección presidencial.
La misma agencia recuerda que en las elecciones del 28 de julio de 2024 Machado fue inhabilitada y Edmundo González asumió la candidatura opositora. Las actas recopiladas por la oposición y examinadas por observadores y organizaciones independientes respaldaron ampliamente la victoria de González, pese a que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro.
La consecuencia es decisiva: la discusión sobre la transición actual no comienza desde cero. Existe un reclamo electoral previo que continúa sin resolverse.
El problema venezolano ya no consiste solamente en cómo reemplazar a Maduro. Consiste en determinar quién tiene legitimidad para conducir el país y qué instituciones pueden garantizar que esa legitimidad se traduzca en poder democrático.
La contradicción de Trump, democracia en el discurso y pragmatismo en el poder
La posición estadounidense es probablemente el elemento más importante para entender el nuevo escenario.
María Corina Machado construyó durante años una estrategia internacional orientada a conseguir respaldo de Washington y de los gobiernos que cuestionaban al chavismo. Su reconocimiento internacional se fortaleció con el Premio Nobel de la Paz de 2025.
Sin embargo, después de la captura de Maduro, la Casa Blanca eligió negociar con Delcy Rodríguez y no convertir a Machado en la figura central del Gobierno de transición.
Esta decisión responde a una lógica de poder. Rodríguez controla una estructura estatal que sigue funcionando, mantiene interlocución con los mandos militares y puede garantizar la continuidad administrativa y operativa de la industria petrolera.
Machado representa otra cosa: legitimidad electoral, movilización popular y una demanda de transformación institucional que puede alterar los equilibrios existentes.
El problema para Washington es que esas dos dimensiones no necesariamente avanzan al mismo ritmo.
En su cobertura del regreso, AP recoge las declaraciones de Trump y Rubio y destaca que la Administración estadounidense considera prioritaria la estabilización económica y la reconstrucción institucional antes de convocar nuevas elecciones. El presidente estadounidense había manifestado en septiembre que Venezuela todavía no estaba preparada para celebrar comicios.
EL PAÍS, en su cobertura desde Washington, observa una contradicción similar: Trump elogia a Machado, recuerda que recibió de ella la medalla del Nobel y expresa preocupación por su seguridad, pero simultáneamente mantiene su respaldo a Delcy Rodríguez.
No es una contradicción accidental. Es una estrategia de negociación.
Estados Unidos está intentando obtener resultados económicos y geopolíticos sin provocar una ruptura inmediata con quienes conservan el control del aparato estatal venezolano.
El petróleo explica buena parte de la estrategia estadounidense
La dimensión económica permite entender por qué Washington ha privilegiado la continuidad administrativa sobre una sustitución inmediata del Gobierno.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su industria ha sufrido décadas de deterioro, falta de inversión, pérdida de capacidad tecnológica, sanciones y problemas de gestión. La recuperación de su producción requiere capital, infraestructura, tecnología y acceso a mercados.
En agosto, Reuters informó que Delcy Rodríguez anunció un acuerdo energético con Estados Unidos de 25 años de duración, que contempla el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos y una meta inicial de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Rodríguez sostuvo que el acuerdo preservaría la propiedad venezolana de los recursos, mientras permitiría incorporar capital y tecnología internacionales.
La dimensión política de ese compromiso es considerable. Se están definiendo relaciones económicas de largo plazo mientras el país todavía no tiene un Gobierno surgido de elecciones presidenciales posteriores a la captura de Maduro.
El Financial Times, en su análisis Delcy Rodríguez cashes in on bargain with Trump, publicado en septiembre, describe una relación transaccional entre Washington y Caracas. Según el periódico británico, Estados Unidos ha adquirido capacidad de control sobre los ingresos petroleros venezolanos, incluidas decisiones sobre el uso de esos recursos y restricciones a determinados pagos a empresas vinculadas con China y Rusia.
El análisis también advierte que Rodríguez fortalece su posición política al ofrecer concesiones económicas a Washington, mientras obtiene respaldo estadounidense y mayor margen para permanecer en el poder.
Este es uno de los puntos más delicados de la transición: la recuperación petrolera puede avanzar mucho más rápido que la democratización institucional.
Las empresas internacionales necesitan contratos, garantías jurídicas y continuidad operativa. Washington necesita acceso energético e influencia estratégica. Rodríguez necesita recursos para sostener su administración. Pero los venezolanos necesitan saber quién decide sobre su principal riqueza y bajo qué mecanismos de control democrático.
No se trata de cuestionar la participación de empresas estadounidenses en la recuperación de la industria. Se trata de determinar si esos acuerdos serán transparentes, competitivos, jurídicamente revisables y compatibles con los intereses de un futuro Gobierno electo.
Hay una pregunta que Machado ha colocado indirectamente en el centro de la discusión: ¿puede existir estabilidad económica sostenible sin un Gobierno con legitimidad democrática?
Su posición pública ha sido que solamente un Gobierno serio y democrático puede ofrecer la estabilidad que necesitan los inversionistas. Sin embargo, en una entrevista recogida por EFE el 16 de octubre, Machado también manifestó que respetaría los acuerdos petroleros firmados si cumplen la legislación venezolana.
La discusión, por tanto, no es simplemente petróleo estadounidense contra soberanía venezolana. Es quién tiene autoridad legítima para negociar, supervisar y administrar esos compromisos.
La izquierda plantea una pregunta incómoda sobre la soberanía
La crítica al proceso no proviene únicamente de la oposición venezolana o de sectores conservadores estadounidenses. Desde la izquierda internacional, particularmente desde los sectores anticapitalistas, existe una interpretación radicalmente diferente del cambio político venezolano.
La Izquierda Diario, en sus publicaciones sobre los acuerdos energéticos de septiembre, caracteriza la política de Trump como una operación de sometimiento económico y despojo de recursos. Su cuestionamiento se dirige tanto a Washington como al Gobierno de Delcy Rodríguez, al que acusa de facilitar la entrada del capital estadounidense en condiciones desfavorables para la soberanía venezolana.
El medio también cuestiona la legitimidad de una transición negociada bajo tutela estadounidense, en la que participan sectores del chavismo y de la oposición, pero no el movimiento político encabezado por Machado.
Esta interpretación responde a una posición ideológica explícita y debe leerse como tal. Sin embargo, plantea un asunto económico que no puede descartarse por su procedencia política: la distribución de los beneficios de la recuperación petrolera y el control efectivo de los ingresos nacionales.
El chavismo construyó buena parte de su identidad política sobre el rechazo a la influencia estadounidense. Ahora, sus principales representantes negocian con Washington el futuro de la industria que constituye la base de la economía venezolana.
La contradicción es profunda. Pero tampoco puede utilizarse el argumento de la soberanía para ignorar el fracaso económico, la destrucción productiva y las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los gobiernos chavistas.
En el otro extremo, sectores conservadores estadounidenses y venezolanos celebran la caída de Maduro y consideran que la presencia de empresas estadounidenses puede contribuir a recuperar la economía. Sin embargo, dentro de ese mismo espacio existen diferencias entre quienes exigen elecciones inmediatas y quienes respaldan la estrategia gradual de Trump.
El debate ideológico termina encontrándose en una cuestión concreta: quién administrará el petróleo y qué instituciones garantizarán que sus beneficios lleguen a la sociedad venezolana.
La democracia no puede medirse únicamente por el cambio de gobernantes, ni la recuperación económica exclusivamente por el crecimiento de las exportaciones petroleras. Ambas necesitan controles, transparencia y distribución de oportunidades.
Colombia y América Latina ante una transición que no controlan
La participación colombiana en la operación de retorno de Machado añade una dimensión regional. Reuters identificó a Colombia entre los gobiernos que habrían coordinado el desplazamiento de la dirigente desde Panamá hasta Venezuela. La información procede de una fuente con conocimiento directo de sus movimientos, no de un comunicado oficial colombiano.
Para Bogotá, Venezuela representa un asunto que combina seguridad fronteriza, comercio, migración y relaciones diplomáticas. Cualquier deterioro de la estabilidad venezolana puede repercutir directamente sobre las regiones fronterizas colombianas y sobre los flujos migratorios.
También existe una oportunidad económica. La recuperación venezolana podría reactivar el comercio bilateral, la demanda de bienes colombianos, los servicios financieros y las inversiones en infraestructura y energía.
La prensa internacional ha destacado que la transición venezolana puede abrir oportunidades comerciales, pero también advierte que los acuerdos petroleros y la reorganización institucional siguen dependiendo de decisiones tomadas en Washington y Caracas.
En este contexto, Colombia enfrenta una dificultad diplomática: necesita estabilidad en Venezuela, pero no puede ignorar que la normalización política está avanzando sin un calendario electoral definido.
Brasil, México y otros gobiernos latinoamericanos también tienen intereses en que el proceso desemboque en elecciones competitivas y en una institucionalidad que permita reconstruir las relaciones económicas regionales.
La ausencia de una posición latinoamericana coordinada deja un vacío que Estados Unidos está ocupando.
La transición venezolana no debería convertirse en un acuerdo bilateral entre Washington y Caracas que determine unilateralmente el futuro político y económico de toda una sociedad.
Para América Latina, la cuestión es también de precedentes: qué margen conserva la soberanía nacional cuando una potencia extranjera interviene militarmente, captura al jefe de Estado y después negocia con las autoridades que permanecen en el poder.
La estabilidad es necesaria. La legitimidad democrática también.
Machado regresa a un escenario que no controla completamente
El desafío de la dirigente opositora es convertir el impacto de su regreso en una fuerza política capaz de modificar las condiciones de la transición.
La movilización popular es un activo importante, pero no reemplaza el control institucional, la negociación política ni las garantías electorales.
El movimiento de Machado necesita recuperar organización territorial, articular a las distintas corrientes opositoras y conseguir que la demanda de elecciones se convierta en un compromiso verificable.
El problema es que existe una negociación en marcha entre el Gobierno interino y una parte de la oposición, encabezada por Dinorah Figuera, representante de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Esa mesa ha trabajado en reformas judiciales y electorales y no incluye al movimiento político de Machado como participante directo.
Reuters informó el 23 de octubre que no existe todavía una fecha electoral y que las reformas institucionales podrían prolongar el proceso durante un año o más.
EFE, en su cobertura del 25 de octubre, también describe el regreso de Machado como un desafío a la alianza política y económica entre Delcy Rodríguez y Trump. La agencia destaca que la dirigente vuelve precisamente cuando las negociaciones avanzan sin su participación.
Esta exclusión tiene consecuencias. Si Machado logra movilizar a sus seguidores y ampliar la presión social, puede obligar a Washington y Caracas a revisar el diseño de la transición. Si no consigue incorporarse a las decisiones institucionales, corre el riesgo de convertirse en una líder con gran respaldo popular, pero sin capacidad efectiva para determinar el calendario político.
La respuesta del chavismo también será determinante. El Gobierno puede permitirle actuar y apostar por el desgaste de su liderazgo, o recurrir a mecanismos judiciales y restricciones políticas que eleven nuevamente la tensión.
Ninguna de las dos alternativas garantiza estabilidad.
La verdadera disputa es por el modelo de Venezuela que vendrá
El regreso de Machado abre una etapa en la que se cruzan tres proyectos políticos y económicos.
El primero es el de María Corina Machado y la oposición democrática, que reclama reconocimiento del resultado electoral de 2024, elecciones libres y reconstrucción institucional.
El segundo es el de Delcy Rodríguez y los sectores del chavismo que permanecen en el poder, que buscan conservar capacidad de gobierno, negociar con Washington y garantizar su supervivencia política dentro de un nuevo esquema económico.
El tercero es el de Donald Trump, que pretende asegurar influencia geopolítica, acceso a recursos energéticos y estabilidad operativa, sin asumir necesariamente el costo de una transformación política inmediata.
Estos proyectos pueden coincidir temporalmente en algunos objetivos, pero sus intereses de fondo son diferentes.
Washington quiere petróleo, influencia y estabilidad. Rodríguez necesita recursos, reconocimiento y continuidad. Machado necesita elecciones, legitimidad institucional y capacidad de gobernar.
El problema es que no existe todavía un acuerdo que garantice que esos tres intereses puedan convivir.
La evolución de los próximos meses dependerá de cuatro factores: la capacidad de movilización de Machado, la cohesión del aparato militar venezolano, las decisiones de Washington sobre el calendario electoral y la transparencia de los compromisos económicos y petroleros.
La mayor incertidumbre es si la recuperación económica se convertirá en el motor de una transición democrática o en el mecanismo que permita consolidar un nuevo equilibrio de poder sin elecciones.
