La reunión con Kristalina Georgieva abre la negociación de un programa para 2027-2029. El reto será sostener la estabilidad fiscal, corregir los problemas de la ENEE y convertir la credibilidad internacional en inversión, empleo y crecimiento.
Honduras está llegando al cierre de 2026 con una noticia que tiene un significado mayor que los 120 millones de dólares que espera recibir del Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente Nasry Asfura se reunió el 12 de noviembre en Washington con Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, para avanzar en la relación financiera y preparar un nuevo acuerdo que acompañe al país durante los próximos tres años.
La reunión ocurre después de que el Gobierno y el personal técnico del FMI alcanzaran un acuerdo para completar la sexta y última revisión del programa vigente. Si el Directorio Ejecutivo del organismo lo aprueba en diciembre, Honduras podrá acceder a aproximadamente 120 millones de dólares, equivalentes a unos 3,229 millones de lempiras.
Pero ese dinero corresponde al cierre de un programa iniciado en 2023. El siguiente acuerdo será una negociación distinta, con nuevas metas, compromisos y reformas. El Gobierno pretende que tenga una duración de al menos tres años y un carácter precautorio, es decir, que funcione como respaldo financiero y marco de políticas para enfrentar eventuales choques externos, sin que eso signifique necesariamente que Honduras recibirá todos los recursos disponibles de manera inmediata.
La diferencia importa para empresarios, bancos, inversionistas y ciudadanos. El FMI no solamente presta dinero: establece un marco de seguimiento sobre las decisiones económicas del país y envía señales a otros organismos financieros y mercados internacionales.
SOYDATOS EXPRESS | Cinco datos para entender la negociación
- US$120 millones. Es el desembolso pendiente del programa vigente, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI en diciembre.
- 2023-2026. Es el período del acuerdo que está llegando a su cierre, originalmente respaldado por el Servicio Ampliado del FMI y el Servicio de Crédito Ampliado.
- Tres años. Es la duración mínima que el Gobierno ha planteado para el próximo programa, que comenzaría a negociarse formalmente en 2027.
- US$11,500 millones. Es el nivel aproximado de reservas internacionales reportado en octubre, uno de los principales respaldos externos de Honduras.
- L455,374.7 millones. Es el proyecto de Presupuesto General de 2027, cuyo financiamiento, ejecución y disciplina fiscal estarán entre los asuntos centrales del próximo ciclo económico.
¿Qué significa realmente la reunión de Asfura con la directora del FMI?
La reunión entre Asfura y Georgieva tiene un valor político, financiero y económico. No significa que el nuevo acuerdo esté aprobado ni que sus condiciones estén definidas. Representa una señal de que el Gobierno quiere mantener una relación estrecha con el organismo y comenzar la discusión de un nuevo marco de cooperación.
La presencia del presidente del Banco Central, Roberto Lagos, y del secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, también es relevante. La negociación involucra dos grandes responsabilidades del Estado: la política monetaria y cambiaria, a cargo del BCH, y la política fiscal, el presupuesto y la deuda pública, bajo responsabilidad de Finanzas.
En otras palabras, el nuevo programa no será una negociación aislada de una institución. Tendrá consecuencias sobre el presupuesto, la administración tributaria, las empresas públicas, las reservas internacionales, la política monetaria y la capacidad del Gobierno para financiar sus prioridades.
El FMI ya había reconocido que Honduras preservó la estabilidad macroeconómica, fortaleció sus reservas y mantuvo una deuda pública sostenible. También señaló que el país debe continuar las reformas estructurales y mejorar las condiciones para un crecimiento más sólido y resistente a los choques externos.
¿Qué está terminando Honduras con el acuerdo vigente?
El programa actual fue aprobado en septiembre de 2023, durante el Gobierno de Xiomara Castro, y continuó bajo la administración de Nasry Asfura. Está estructurado mediante dos instrumentos del FMI:
- Servicio Ampliado del FMI (SAF): respalda programas económicos y reformas de mediano plazo, especialmente cuando existen problemas estructurales.
- Servicio de Crédito Ampliado (SCA): ofrece financiamiento concesional a países de ingresos bajos que enfrentan necesidades de balanza de pagos.
La combinación permitió establecer un programa de varios años con revisiones periódicas, metas cuantitativas y compromisos estructurales. El acuerdo fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2026 para completar la última evaluación.
El cierre de la sexta revisión significa que el personal técnico del Fondo y las autoridades hondureñas alcanzaron un entendimiento sobre el cumplimiento de los compromisos correspondientes. Sin embargo, todavía falta la decisión del Directorio Ejecutivo.
La diferencia entre un acuerdo técnico y una aprobación definitiva es fundamental: los 120 millones de dólares no deben considerarse dinero ya recibido. Su disponibilidad depende de que el Directorio complete el procedimiento de aprobación.
El programa original contemplaba recursos cercanos a US$847 millones. Las revisiones anteriores habían permitido desembolsos acumulados aproximados de US$725 millones, por lo que la última revisión abre la posibilidad de completar el financiamiento pendiente.
¿Por qué los 120 millones de dólares son importantes si Honduras tiene reservas elevadas?
Porque las reservas internacionales y el financiamiento del FMI cumplen funciones distintas.
Las reservas son activos externos que respaldan la capacidad del país para realizar pagos internacionales, atender obligaciones externas y enfrentar presiones sobre la balanza de pagos. Los recursos del FMI, en cambio, forman parte de un programa de financiamiento sujeto a condiciones y revisiones.
Honduras reportó reservas internacionales cercanas a US$11,500 millones en octubre de 2026, un nivel que representa un colchón importante frente a choques externos. El país también ha recibido un flujo considerable de remesas, que fortalece la oferta de divisas.
Si se aprueba el desembolso pendiente, los US$120 millones representarían aproximadamente el 1 % de esas reservas. No es una cantidad que por sí sola transforme la posición externa hondureña, pero sí contribuye a completar el financiamiento previsto y confirma que el país cerró satisfactoriamente el ciclo de evaluación.
El valor del acuerdo también está en la señal que transmite. Un país que cumple las revisiones de un programa multilateral puede encontrar mejores condiciones para negociar con otros acreedores y organismos de desarrollo. No significa que automáticamente obtenga créditos más baratos, pero sí reduce una parte de la incertidumbre sobre la conducción económica.
¿Qué cambia con un nuevo acuerdo de tres años?
El nuevo programa tendría una función diferente a la del acuerdo que está terminando. Ya no se trataría de completar seis revisiones pendientes, sino de establecer una hoja de ruta económica para el período 2027-2029, aproximadamente, con metas y reformas acordes con las necesidades de la administración de Asfura.
El Gobierno ha planteado un acuerdo de carácter precautorio. En términos sencillos, este tipo de esquema busca que el país tenga acceso a un respaldo financiero ante determinadas contingencias, mientras mantiene compromisos de política económica y supervisión del organismo.
No debe confundirse con una transferencia automática de recursos. El carácter precautorio no significa que Honduras recibirá un cheque por el monto total del acuerdo ni que tendrá dinero disponible sin cumplir condiciones. La modalidad, el monto, los instrumentos y los criterios de acceso todavía deberán negociarse.
El Gobierno ha mencionado tres riesgos que justifican ese respaldo:
- Cambio climático y sequía. La reducción de lluvias afecta la producción agrícola, la generación hidroeléctrica, los ingresos rurales y los precios de los alimentos.
- Precios internacionales del petróleo. Un aumento del crudo presiona la factura de importación, los combustibles, el transporte, la electricidad y la inflación.
- Choques externos. Cambios en las tasas de interés internacionales, menor crecimiento de los socios comerciales o condiciones financieras más restrictivas pueden afectar exportaciones, remesas, inversión y disponibilidad de divisas.
La intención es contar con un marco que permita responder a esos riesgos sin desordenar las finanzas públicas.
¿Qué reformas podría exigir el FMI en el próximo programa?
La negociación tendrá que partir de los asuntos que el organismo ha venido señalando y de los problemas que todavía condicionan la economía hondureña.
1. Finanzas públicas y calidad del gasto. El Gobierno tendrá que demostrar que puede financiar sus prioridades sin generar desequilibrios fiscales persistentes. El control del gasto, la administración tributaria, la transparencia presupuestaria y la reducción de obligaciones acumuladas serán asuntos centrales.
2. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La ENEE continúa siendo uno de los principales riesgos fiscales. Las pérdidas técnicas y no técnicas, los atrasos con generadores, los costos de compra de energía y la necesidad de inversión afectan sus finanzas y pueden trasladar obligaciones al Estado.
3. Transparencia y gobernanza. El Fondo ha insistido en fortalecer las instituciones, mejorar la información financiera de las empresas públicas y consolidar mecanismos de rendición de cuentas.
4. Política monetaria y cambiaria. La estabilidad de precios, el fortalecimiento de las reservas y la modernización del mercado cambiario seguirán siendo componentes importantes del marco económico.
5. Protección social y focalización de subsidios. El reto consiste en proteger a los hogares vulnerables sin convertir los subsidios generalizados en compromisos fiscales difíciles de sostener.
6. Clima de inversión. La seguridad jurídica, la competencia, la eficiencia institucional y la transparencia son condiciones necesarias para que la estabilidad macroeconómica se traduzca en inversión privada.
El próximo programa no debería medirse únicamente por el monto de financiamiento que consiga Honduras. Su importancia dependerá de si ayuda a resolver problemas que llevan años limitando la productividad, la inversión y la capacidad del Estado para prestar servicios.
¿Por qué la ENEE será una de las pruebas más importantes?
La situación de la empresa eléctrica es uno de los asuntos que mejor explica la relación entre estabilidad macroeconómica y reformas estructurales.
Una empresa estatal que acumula pérdidas, atrasos y obligaciones financieras puede terminar trasladando sus problemas al presupuesto público. Cuando el Estado debe cubrir esas obligaciones, dispone de menos recursos para infraestructura, salud, educación o inversión productiva.
Durante 2026, el Gobierno ha reportado una reducción importante de la deuda de la ENEE con generadores. El saldo pasó de más de 16,000 millones de lempiras a aproximadamente 7,400 millones, después de pagos y acuerdos con proveedores.
Es un avance financiero, pero no equivale a resolver el problema estructural. La sostenibilidad depende de reducir las pérdidas eléctricas, mejorar la cobranza, ordenar los contratos, fortalecer la administración y garantizar que la empresa pueda cubrir sus costos operativos.
El FMI ya había identificado la necesidad de mejorar la transparencia financiera de la ENEE, establecer divisiones contables para generación, transmisión y distribución, y avanzar en auditorías de sus estados financieros.
La prueba para el Gobierno será pasar de pagar obligaciones acumuladas a corregir las causas que las producen. Una reducción temporal de la deuda no garantiza que la ENEE deje de generar nuevas obligaciones.
¿Puede Honduras sostener el nuevo acuerdo con un presupuesto de 455,374 millones de lempiras?
Este es uno de los puntos que merece mayor atención empresarial.
El proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 asciende a L455,374.7 millones, aproximadamente 2.5 % más que el presupuesto de 2026. El monto es significativo, pero su sostenibilidad dependerá de los ingresos disponibles, la capacidad de ejecución y el peso de las obligaciones financieras.
SOYDATOS ha señalado que el proyecto contempla alrededor de L72,000 millones para el servicio de la deuda, aproximadamente 15.8 % del presupuesto. Esa cantidad compite con los recursos destinados a inversión pública y servicios esenciales.
La comparación permite entender el margen fiscal del Gobierno: por cada 100 lempiras presupuestados, cerca de 16 se destinarían al servicio de la deuda. No se trata únicamente de pagar intereses; el servicio también incorpora amortizaciones de capital.
El Gobierno ha planteado un déficit fiscal cercano al 1 % del PIB para 2027. La meta será relevante para el FMI porque refleja la intención de mantener disciplina presupuestaria, pero su credibilidad dependerá de que los ingresos se materialicen y el gasto se ejecute conforme a lo previsto.
El análisis de SOYDATOS sobre el Presupuesto 2027 y sus prioridades de deuda e inversión permite observar la dimensión de ese compromiso.
La pregunta económica no es solamente cuánto dinero tendrá el Gobierno. Es cuánto podrá invertir después de atender deuda, salarios, transferencias y obligaciones institucionales, y qué resultados producirá cada lempira ejecutado.
¿Qué significa el nuevo acuerdo para los empresarios y los inversionistas?
Para el sector privado, el acuerdo con el FMI tiene tres efectos potenciales.
Primero, confianza macroeconómica. La continuidad de un programa con el Fondo puede reducir la percepción de riesgo sobre la conducción fiscal y monetaria del país. Es una referencia que observan bancos internacionales, inversionistas, agencias de riesgo y otros organismos financieros.
Segundo, acceso a financiamiento. La relación con el FMI puede facilitar conversaciones con instituciones multilaterales y acreedores. Sin embargo, no garantiza automáticamente tasas de interés más bajas ni la llegada de inversión privada. Para eso también se necesitan proyectos rentables, seguridad jurídica, reglas estables y capacidad de ejecución.
Tercero, previsibilidad. Las empresas necesitan conocer las reglas tributarias, cambiarias, energéticas y regulatorias con las que operarán durante los próximos años. Un programa económico consistente puede contribuir a reducir cambios abruptos de política, aunque su efecto dependerá de la implementación.
Los sectores que más pueden beneficiarse de una mejora en la confianza son la banca, la construcción, la energía, la infraestructura, la manufactura, la agroindustria y los servicios vinculados con inversión extranjera.
Pero también hay un riesgo: si las reformas se traducen en aumentos desordenados de tarifas, impuestos o costos empresariales, la estabilidad financiera podría alcanzarse a costa de una menor capacidad de consumo e inversión. Por eso importa la secuencia y el diseño de las medidas.
¿Qué relación tiene el FMI con la Cuenta del Milenio?
Son dos instituciones distintas y sus recursos funcionan de manera diferente.
El Fondo Monetario Internacional ofrece financiamiento, supervisión económica y asistencia técnica para respaldar la estabilidad macroeconómica y atender necesidades de balanza de pagos.
La Millennium Challenge Corporation (MCC), conocida como Cuenta del Milenio, es una agencia del Gobierno de Estados Unidos que concede cooperación no reembolsable para proyectos de desarrollo en países que cumplen criterios de gobernanza, libertad económica e inversión en las personas.
Honduras alcanzó la elegibilidad en la evaluación 2027 al aprobar 14 de los 22 indicadores de la tarjeta de calificaciones de la MCC. Sin embargo, ser elegible no significa que ya tenga aprobado un compacto de cooperación. La decisión final corresponde a la junta directiva de la corporación.
La diferencia es fundamental para comprender la agenda de Washington. El FMI evalúa la estabilidad y las políticas macroeconómicas; la MCC examina condiciones institucionales y de desarrollo para decidir si asigna recursos no reembolsables.
Ambas relaciones pueden complementarse, pero una no sustituye a la otra. Un acuerdo con el FMI no garantiza el acceso a la Cuenta del Milenio, así como aprobar los indicadores de la MCC no reemplaza la disciplina fiscal y monetaria que exige el Fondo.
La aprobación de 14 indicadores coloca a Honduras en una posición de elegibilidad, pero todavía debe demostrar que los avances institucionales son sostenibles. La evaluación de SOYDATOS sobre el Presupuesto 2027 y las condiciones de transparencia ayuda a entender por qué la calidad institucional será tan importante como los indicadores económicos.
¿Cómo se compara Honduras con el resto de Centroamérica?
La relación con el FMI también debe entenderse en el contexto regional. Los países centroamericanos tienen diferentes necesidades de financiamiento, niveles de deuda y estrategias para mantener la estabilidad.
Honduras ha utilizado programas con el Fondo como ancla de política económica y financiamiento. Guatemala, por su parte, ha mantenido históricamente una posición de menor endeudamiento y no depende de un programa crediticio equivalente para sostener su marco macroeconómico. Costa Rica concluyó su programa respaldado por el FMI y ha continuado con una agenda de consolidación fiscal y reformas. El Salvador mantiene una relación financiera distinta con el organismo, marcada por negociaciones sobre sostenibilidad fiscal, reservas y riesgos asociados a su estructura monetaria.
La comparación no debe reducirse a determinar qué país tiene un acuerdo y cuál no. Lo importante es observar la capacidad de cada economía para financiar sus obligaciones, atraer inversión, sostener reservas y generar crecimiento.
| País | Relación económica con el FMI | Elemento central |
|---|---|---|
| Honduras | Cierre de programa y negociación de uno nuevo | Disciplina fiscal, reservas y reformas estructurales |
| Guatemala | Sin programa crediticio equivalente vigente | Endeudamiento relativamente bajo y estabilidad macroeconómica |
| Costa Rica | Programa anterior concluido | Consolidación fiscal y reformas institucionales |
| El Salvador | Negociación y seguimiento de compromisos económicos | Sostenibilidad fiscal, reservas y riesgos financieros |
| Nicaragua | Relación distinta, sin programa crediticio comparable | Restricciones institucionales y acceso internacional |
La lección regional es que tener un acuerdo con el FMI no convierte automáticamente a un país en una economía más competitiva. La diferencia la producen las reformas, la calidad de las instituciones, la productividad y la capacidad para atraer inversión.
¿Qué debe observar Honduras antes de firmar un nuevo acuerdo?
La negociación del primer trimestre de 2027 tendrá que aclarar al menos cinco aspectos:
- Monto y modalidad del programa. Si será precautorio, qué instrumentos utilizará y bajo qué condiciones se podrá acceder a los recursos.
- Metas fiscales. Qué déficit se permitirá, cómo se financiará el presupuesto y qué compromisos asumirá el Gobierno sobre deuda y gasto.
- Reforma energética. Qué objetivos medibles se establecerán para reducir pérdidas, ordenar contratos y mejorar las finanzas de la ENEE.
- Política monetaria y cambiaria. Cómo se fortalecerá la estabilidad de precios, la disponibilidad de divisas y la capacidad de respuesta ante choques externos.
- Reformas institucionales. Qué compromisos se asumirán sobre transparencia, auditorías, gobernanza y seguridad jurídica.
También será necesario conocer el costo social de las medidas. La disciplina fiscal no debería significar una reducción indiscriminada de inversión pública ni un debilitamiento de los servicios esenciales. El reto consiste en mejorar la eficiencia del gasto y focalizar los recursos donde produzcan mayor impacto.
La mirada de la Directora de SOYDATOS
La reunión de Nasry Asfura con Kristalina Georgieva es una señal de continuidad económica y una apuesta por fortalecer la confianza internacional en Honduras. Pero el verdadero examen comienza después de la fotografía diplomática y de la aprobación de los 120 millones de dólares pendientes.
El país tiene fortalezas importantes: reservas internacionales elevadas, remesas en crecimiento, deuda pública considerada sostenible por el FMI y una economía que mantuvo crecimiento durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, también enfrenta problemas estructurales que no se resuelven con desembolsos: pérdidas eléctricas, baja productividad, limitaciones institucionales, presión sobre el presupuesto y una inversión pública cuya ejecución debe mejorar.
Para los empresarios, el nuevo acuerdo puede representar mayor previsibilidad y una señal favorable para el financiamiento. Para el Gobierno, será una oportunidad de ordenar las cuentas públicas y avanzar en reformas que han quedado pendientes. Para los ciudadanos, su valor dependerá de que la estabilidad se refleje en mejores servicios, empleo, inversión y capacidad adquisitiva.
El FMI puede ayudar a Honduras a sostener la estabilidad, pero no puede sustituir la capacidad del Gobierno para ejecutar, reformar y producir resultados.
La negociación de 2027 será una prueba de credibilidad. El país no necesita solamente otro acuerdo de tres años; necesita que ese acuerdo contribuya a resolver problemas que llevan décadas limitando su desarrollo. La diferencia entre obtener respaldo internacional y transformar la economía estará en lo que Honduras haga con esa oportunidad.
