La advertencia de FOSDEH coloca el debate del Presupuesto 2027 en una dimensión que va más allá de aprobar L455,374.7 millones: cuánto se ejecutará, para qué se utilizarán y qué tan abierto será el proceso de decisión.
SOYDATOS EXPRESS
L455,374.7 millones es el monto propuesto para el Presupuesto General de la República 2027, L11,039 millones más que el presupuesto vigente de 2026, un incremento de 2.5%.
L72,000 millones se proyectan para el servicio de la deuda pública en 2027, uno de los mayores compromisos que compiten por espacio dentro del gasto estatal.
71% era la ejecución presupuestaria acumulada al 7 de noviembre, según datos citados por Amparo Canales, mientras los ingresos alcanzaban aproximadamente 85% de lo proyectado.
35.8% era la ejecución del Programa de Inversión Pública al 6 de septiembre, según el análisis de FOSDEH publicado antes de que el Ejecutivo enviara su propuesta de Presupuesto 2027.
17 de 100 es la calificación de Honduras en participación pública presupuestaria en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, frente a 62 de 100 en transparencia presupuestaria y 50 de 100 en vigilancia.
¿Por qué la advertencia de FOSDEH cambia la discusión del Presupuesto 2027?
La advertencia de Amparo Canales aparece cuando el Presupuesto 2027 ya se encuentra en la etapa legislativa y cuando el calendario para aprobarlo se estrecha. El Ejecutivo presentó el proyecto el 14 de septiembre, por un monto de L455,374.7 millones, y el Congreso lo remitió posteriormente a la Comisión de Presupuesto. El Legislativo había planteado como objetivo aprobarlo entre mediados y finales de diciembre.
Canales cuestiona precisamente la calidad y profundidad de ese proceso.
“En el Congreso Nacional se debe dar el debate correspondiente, es la principal herramienta del país y necesita una revisión rigurosa y minuciosa”, expresó.
La discusión, por tanto, no se reduce a si el Congreso aprueba o modifica una cifra de L455,374.7 millones. El verdadero debate económico está en determinar si el aumento de L11,039 millones respecto de 2026 está respaldado por una capacidad real de ejecución, si responde a las prioridades productivas y sociales del país y si cada partida tiene suficiente trazabilidad para que el Congreso, las empresas, los ciudadanos y los organismos de control puedan evaluar su utilización.
Ese punto es especialmente relevante porque el propio FOSDEH había planteado en septiembre una posición mucho más severa: el Presupuesto 2027 no debería incrementarse mientras el Estado mantuviera una ejecución deficiente del presupuesto 2026. Su análisis reportó que al 6 de septiembre la ejecución general llegaba a 55.2% y la inversión pública apenas a 35.8%.
La discusión cambió desde entonces porque la ejecución avanzó, pero el problema señalado por FOSDEH permanece: tener recursos presupuestados no equivale a convertirlos en inversión, infraestructura, servicios o empleo.
¿Qué tan grande es realmente el Presupuesto 2027?
El monto de L455,374.7 millones puede parecer una cifra abstracta, pero su distribución muestra la dimensión del aparato estatal que deberá financiarse.
| Componente | Presupuesto 2027 |
|---|---|
| Presupuesto total | L455,374.7 millones |
| Administración Central | L272,875.5 millones |
| Administración Descentralizada | L182,499.2 millones |
| Incremento frente a 2026 | L11,039 millones |
| Variación anual | 2.5% |
| Servicio de la deuda | ≈L72,000 millones |
| Inversión pública y prioridades estratégicas | más de L40,000 millones |
La estructura muestra una tensión central: una parte importante del presupuesto está comprometida antes de que el Estado pueda decidir libremente dónde colocar recursos adicionales.
El Gobierno sostiene que el proyecto mantiene disciplina fiscal, con una referencia de déficit de alrededor de 1% del PIB, y que prioriza infraestructura, energía, hospitales, educación, agricultura, protección social y seguridad. La propuesta también contempla más de L40,000 millones vinculados a inversión y prioridades estratégicas.
Entre las asignaciones anunciadas destacan L8,712 millones para salud, incluyendo construcción y equipamiento hospitalario, y más de L4,188 millones para agricultura, incluyendo bonos, riego e IHMA.
Pero el punto que introduce FOSDEH es diferente: no basta con aumentar una asignación si las instituciones no tienen capacidad para ejecutarla o si la asignación no está vinculada a resultados verificables.
¿Dónde está la principal contradicción del Presupuesto 2027?
La contradicción aparece al comparar ingresos, gasto y ejecución.
Al 7 de noviembre, según los datos citados por Canales, el Gobierno había recaudado unos L380,000 millones, equivalentes a aproximadamente 85% de los ingresos proyectados, mientras la ejecución del presupuesto rondaba 71%, con poco más de L319,000 millones ejecutados.
La lectura económica es importante. El Estado no enfrenta solamente un problema de conseguir dinero. También enfrenta el desafío de transformar los recursos disponibles en bienes, infraestructura, servicios y proyectos ejecutados a tiempo.
La brecha es todavía más visible en la inversión pública. El FOSDEH había encontrado en septiembre un nivel de ejecución de apenas 35.8% en el Programa de Inversión Pública.
Eso significa que el debate de 2027 debería incluir una pregunta que normalmente queda en segundo plano durante la discusión legislativa: ¿qué instituciones tienen capacidad para ejecutar el dinero que se les está asignando?
Canales ya había planteado este criterio en septiembre al advertir que 10 instituciones concentraban poco más del 70% de los recursos del presupuesto y unas 18 alrededor del 85%. La concentración convierte el desempeño de un grupo relativamente pequeño de instituciones en un factor decisivo para el resultado fiscal global.
¿Qué propone FOSDEH que cambie en el Presupuesto 2027?
La posición de FOSDEH puede resumirse en varios criterios que van más allá del monto total.
1. Revisar la ejecución antes de asignar nuevos recursos.
La lógica es evitar que aumentos presupuestarios se conviertan en saldos sin ejecutar o en ampliaciones de programas que no demuestran capacidad de gestión.
2. Priorizar inversión productiva.
Canales plantea que una mayor proporción de recursos debe contribuir al crecimiento, la generación de empleo y el fortalecimiento de la producción nacional.
3. Reducir la pobreza desde la asignación presupuestaria.
La discusión debe incorporar el impacto real del gasto sobre los hogares y no únicamente el cumplimiento administrativo de una partida.
4. Fortalecer agricultura y sectores productivos.
La lógica de FOSDEH es que el presupuesto debe contribuir a aumentar producción, empleo, exportaciones y capacidad de generación de divisas.
5. Vincular gasto con resultados.
El presupuesto debe permitir saber qué se quiere lograr, cuánto costará y qué institución será responsable.
6. Fortalecer transparencia y rendición de cuentas.
La asignación presupuestaria debe poder ser rastreada y auditada durante su ejecución.
7. Eliminar espacios de opacidad.
Canales fue explícita al advertir: “se debe eliminar la opacidad o secretividad en alguna partida”.
Este último punto adquiere especial relevancia porque el problema de la transparencia presupuestaria en Honduras no es simplemente una percepción de organizaciones de sociedad civil.
¿Qué dicen los indicadores internacionales sobre la transparencia del presupuesto hondureño?
La Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, realizada por International Budget Partnership con participación de FOSDEH en Honduras, ofrece una fotografía más precisa.
Honduras obtuvo:
- 62/100 en transparencia presupuestaria
- 17/100 en participación pública
- 50/100 en vigilancia presupuestaria
La primera cifra significa que Honduras publica una cantidad de información presupuestaria considerada suficiente para permitir cierto nivel de análisis público. Pero las otras dos muestran una debilidad considerable: publicar información no significa necesariamente permitir que la sociedad participe de manera efectiva ni que el Congreso ejerza una vigilancia suficientemente fuerte.
La evolución también es reveladora. En la medición 2023, Honduras obtuvo 65 puntos en transparencia y ocupó el puesto 26 entre 125 países. La medición 2025 bajó a 62 puntos.
Por eso la preocupación de Canales por la socialización tiene un fundamento más amplio. El problema no consiste únicamente en que la información exista, sino en cuándo se publica, qué tan completa es, cuánto tiempo tienen los sectores para analizarla y qué capacidad tienen para influir en las decisiones.
¿Qué diferencia hay entre transparencia y participación presupuestaria?
Este es uno de los puntos que más importa a empresarios, organizaciones sociales y al propio Congreso. Un Estado puede publicar cientos de documentos y seguir teniendo una participación pública limitada.
El caso hondureño lo ilustra claramente:
| Indicador | Honduras |
|---|---|
| Transparencia presupuestaria | 62/100 |
| Participación pública | 17/100 |
| Vigilancia presupuestaria | 50/100 |
La diferencia de 45 puntos entre transparencia y participación indica que el problema no es únicamente informativo. Existe una segunda brecha: la capacidad de los ciudadanos y sectores organizados para intervenir en el ciclo presupuestario.
Esto coloca la socialización del Presupuesto 2027 en un terreno institucional, no solamente político.
¿Realmente no ha comenzado la socialización del Presupuesto 2027?
Aquí existe un elemento que merece precisión periodística. Canales afirmó el 9 de noviembre que, a pocas semanas de terminar el ejercicio fiscal, todavía no se había iniciado el proceso de socialización con los distintos sectores.
Sin embargo, el Congreso había anunciado desde septiembre que el proyecto sería remitido a la Comisión de Presupuesto para su discusión y socialización.
Además, el 9 de noviembre se informó que la Comisión de Presupuesto comenzó las audiencias públicas en San Pedro Sula, con reuniones con diputados y sectores empresariales y sociales del norte del país.
Esto no invalida la crítica de Canales. Más bien muestra que el punto central es el momento en que comenzó la consulta efectiva y cuánto espacio queda para modificar sustancialmente el proyecto.
La diferencia entre anunciar una socialización, presentar el proyecto y realizar audiencias con sectores no es menor. En un presupuesto de L455,000 millones, el valor de una consulta depende también de la capacidad real de incorporar observaciones antes de que el dictamen llegue al pleno.
¿Qué peso tiene Amparo Canales en el debate económico hondureño?
La relevancia de Canales no deriva únicamente de su participación actual como asesora económica de FOSDEH.
La economista tiene una trayectoria vinculada al análisis macroeconómico, fiscal y productivo. Es doctora en Ciencias Económicas, tiene una maestría en Economía y Desarrollo y ha ejercido como docente universitaria. También fue presidenta del Colegio Hondureño de Economistas, uno de los principales gremios profesionales del país.
Su trayectoria reciente muestra una línea consistente de análisis sobre el gasto público.
Durante 2026 ha intervenido públicamente sobre:
- ejecución del Presupuesto 2026;
- reducción y reformulación del gasto público;
- inversión pública;
- empleo;
- generación de divisas;
- exportaciones;
- productividad agroalimentaria;
- reservas internacionales;
- atracción de inversión;
- eficiencia institucional;
- política fiscal.
En febrero, por ejemplo, sostuvo que una reducción presupuestaria de L39,000 millones debía aprovecharse para mejorar la eficiencia y priorizar sectores sensibles. En abril insistió en que el presupuesto debía traducirse en acciones concretas, especialmente en inversión pública.
En noviembre, su análisis sobre el Presupuesto 2027 mantiene la misma línea: el tamaño del presupuesto es secundario frente a la calidad de la asignación y la capacidad de ejecución.
Ese perfil le otorga un doble peso a sus declaraciones: provienen de una economista con experiencia gremial y académica y, simultáneamente, de una institución especializada en fiscalidad, deuda, transparencia y desarrollo.
¿Por qué FOSDEH tiene peso en la discusión fiscal?
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDEH, nació en 1995 como una iniciativa de sociedad civil vinculada a la preocupación por el impacto de la deuda externa sobre el desarrollo del país. Con el tiempo se convirtió en una referencia técnica en análisis de política económica, deuda, presupuesto, pobreza, transparencia y desarrollo.
Su importancia no proviene de administrar recursos públicos ni de tener autoridad para aprobar el Presupuesto. Su peso está en otro lugar: produce análisis, monitorea las cuentas públicas, participa en debates nacionales y genera evidencia que puede ser utilizada por Congreso, academia, organismos internacionales, medios y organizaciones sociales.
En 2026 su agenda ha incluido, entre otros temas:
- Presupuesto General de la República
- Deuda pública
- Acuerdo con el FMI
- Transparencia presupuestaria
- Participación ciudadana
- Inversión pública
- Política fiscal
- Sector eléctrico
- Migración y remesas
- Pobreza y desigualdad
- Cambio climático y resiliencia
- Corrupción y rendición de cuentas
En septiembre publicó su análisis específico sobre el Presupuesto 2027, elaborado por Amparo Canales y Mauricio Díaz Burdett. En noviembre publicó además un documento de 23 páginas sobre la sexta revisión del acuerdo con el FMI y un eventual nuevo convenio.
FOSDEH también participa como socio nacional de la Encuesta de Presupuesto Abierto, una medición internacional de International Budget Partnership que compara transparencia, participación y vigilancia fiscal entre países.
Por eso su posición sobre el Presupuesto no debe leerse como una declaración aislada de una ONG. Es parte de una línea de monitoreo fiscal sostenida durante años.
¿Qué está diciendo realmente FOSDEH sobre los L455,374.7 millones?
La posición de FOSDEH puede interpretarse como una advertencia sobre la calidad del gasto. El Gobierno sostiene que el aumento de 2.5% es prudente, mantiene un déficit fiscal de alrededor de 1% del PIB y concentra recursos en infraestructura, salud, agricultura, energía, educación, seguridad y protección social.
FOSDEH no está cuestionando solamente la existencia de esas prioridades. Su preocupación es si el aumento presupuestario está respaldado por capacidad de ejecución, planificación de mediano plazo, transparencia y resultados.
Ahí aparece una diferencia fundamental entre el enfoque financiero y el enfoque económico.
Financieramente, el Estado puede demostrar que tiene una bolsa presupuestaria mayor.
Económicamente, debe demostrar que esa bolsa adicional generará más infraestructura, productividad, empleo, servicios públicos, reducción de pobreza y capacidad de crecimiento.
Y fiscalmente, debe demostrar que puede hacerlo sin aumentar de manera insostenible la deuda ni comprometer recursos futuros.
¿Qué debería revisar el Congreso antes de aprobar el Presupuesto?
La discusión legislativa puede concentrarse en siete preguntas concretas:
1. ¿Qué parte del aumento de L11,039 millones está respaldada por capacidad real de ejecución?
2. ¿Qué instituciones ejecutaron menos recursos en 2026 y por qué recibirían más en 2027?
3. ¿Cuánto del Presupuesto está comprometido con deuda, salarios y gastos rígidos?
4. ¿Cuánto dinero adicional llegará efectivamente a inversión productiva?
5. ¿Qué resultados medibles se esperan de los más de L40,000 millones vinculados a inversión y prioridades estratégicas?
6. ¿Qué partidas requieren mayor transparencia y trazabilidad?
7. ¿Qué observaciones formuladas por sectores empresariales, sociales, académicos y ciudadanos serán incorporadas al dictamen?
Estas preguntas permitirían trasladar la discusión desde la política de cifras hacia la economía de resultados.
¿Qué riesgo existe si el debate se acelera demasiado?
El principal riesgo no es solamente aprobar tarde el Presupuesto. También existe el riesgo contrario: aprobarlo con rapidez suficiente para cumplir el calendario, pero sin el nivel de escrutinio que requiere un presupuesto de esta magnitud.
Canales insistió en que debe existir participación de los diferentes sectores y afirmó que “debe ampliarse la participación de los sectores, deben incluirse mayores recursos en el tema de impulsar el desarrollo productivo del país, generar empleo, pero que también oriente la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones”.
También señaló que “hay aspectos que necesitan ser aclarados”.
Y recordó que “el país tiene la evidencia de que no ha salido bien evaluado en el tema de corrupción”.
Su argumento final es, en esencia, que la calidad institucional debe comenzar desde la manera en que el Estado decide gastar.
“Todos estos elementos deben ser parte de esa cultura de transparencia y rendición de cuentas que debe impulsarse desde el Presupuesto”, sostuvo.
¿Cuál es el verdadero desafío económico del Presupuesto 2027?
El desafío no es únicamente conseguir que el Congreso apruebe L455,374.7 millones antes de terminar diciembre.
El reto es que ese dinero produzca un cambio visible en una economía que necesita más inversión, empleo formal, productividad y crecimiento, mientras el Estado enfrenta una fuerte carga de deuda y una capacidad de ejecución todavía desigual.
El Presupuesto 2027 será, por tanto, una prueba para tres instituciones al mismo tiempo: el Ejecutivo, que debe ejecutar; el Congreso, que debe fiscalizar y aprobar con criterio; y las organizaciones de sociedad civil, academia y sector privado, que deben vigilar los resultados.
La discusión que plantea FOSDEH es relevante porque cambia la pregunta. Ya no se trata solamente de cuánto dinero tendrá el Estado en 2027, sino de qué hará con él, cuánto podrá ejecutar, quién será responsable y qué evidencia permitirá comprobar que el gasto produjo resultados.
Y ese es precisamente el punto donde una cifra de L455,374.7 millones deja de ser un presupuesto y se convierte en una decisión económica sobre el futuro del país.
