Honduras busca reformar su ley contra el lavado de activos en medio de riesgos financieros y una brecha de transparencia. La reforma pretende actualizar tres leyes, incorporar controles sobre criptomonedas, transferencias y profesiones no financieras y fortalecer la recuperación de bienes ilícitos. Honduras ocupa la posición 59 en el Basel AML Index 2025, mientras la corrupción ha generado pérdidas estimadas en L254,058 millones durante cinco años, según un estudio de FOSDEH y el CNA.
SOYDATOS EXPRESS | Cinco datos para dimensionar el problema
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Posición 59: Honduras aparece entre 177 jurisdicciones evaluadas en el Basel AML Index 2025, con una puntuación de 5.66 sobre 10.
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Sexta posición regional: Honduras ocupa el sexto lugar entre los países latinoamericanos y caribeños incluidos en la clasificación pública de riesgo.
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L254,058.57 millones: pérdidas estimadas por corrupción en Honduras durante 2014-2018, equivalentes a entre 10% y 12.5% del PIB anual, según FOSDEH y el CNA.
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Tres leyes: la reforma legislativa comprende la Ley Especial contra el Lavado de Activos, la regulación de actividades y profesiones no financieras y la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
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US$15,000: umbral de declaración aduanera mencionado en el contenido de la reforma, junto con nuevas obligaciones para operaciones y actividades económicas de riesgo.
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¿Por qué el Congreso busca modificar la legislación contra el lavado de activos?
El Congreso Nacional pretende avanzar durante noviembre de 2026 con el segundo debate de una reforma que espera aprobar antes de finalizar el año. La iniciativa comenzó su discusión legislativa en octubre y fue dictaminada favorablemente por una comisión especial presidida por el diputado Mario Pérez.
El secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, explicó que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Central de Honduras (BCH) participan en la revisión técnica del proyecto. La discusión contempla observaciones de las distintas bancadas antes de su aprobación por los 128 diputados.
El alcance de la reforma es más amplio que endurecer las sanciones penales. Busca actualizar los mecanismos mediante los cuales el Estado identifica operaciones sospechosas, sigue el movimiento del dinero, determina quién controla realmente una empresa, investiga patrimonios y recupera bienes adquiridos con recursos ilícitos.
Para el sistema financiero, el alcance es directo: los bancos y demás entidades supervisadas necesitan identificar a sus clientes, conocer el origen de sus recursos y evaluar los riesgos de sus operaciones. Para las empresas, la discusión implica mayores exigencias de transparencia sobre accionistas, estructuras de propiedad, transacciones y relaciones comerciales.
La dimensión económica es considerable. El lavado de activos permite introducir recursos de origen ilícito en actividades aparentemente legales, distorsiona la competencia, facilita la evasión tributaria y puede contaminar sectores como construcción, comercio, bienes raíces, transporte, servicios profesionales y contratación pública.
El problema no se limita a identificar dinero ilegal. También consiste en impedir que ese dinero adquiera poder económico, capacidad de competencia e influencia sobre las decisiones públicas.
¿Qué posición ocupa Honduras en el ranking internacional de riesgo de lavado?
El Basel AML Index 2025, elaborado por el Basel Institute on Governance, ubica a Honduras en la posición 59 de su clasificación mundial pública, con una puntuación de 5.66 sobre 10. El indicador asigna puntuaciones más altas a jurisdicciones con mayor vulnerabilidad al lavado de activos y delitos financieros relacionados.
En América Latina y el Caribe, Honduras aparece en la sexta posición entre los países incluidos en la clasificación regional. Solamente Haití, Venezuela, Nicaragua, Surinam y Panamá presentan puntuaciones superiores en ese grupo.
| País | Posición regional | Puntuación |
|---|---|---|
| Haití | 1 | 8.12 |
| Venezuela | 2 | 7.55 |
| Nicaragua | 3 | 6.61 |
| Surinam | 4 | 6.42 |
| Panamá | 5 | 5.83 |
| Honduras | 6 | 5.66 |
| El Salvador | 7 | 5.65 |
| Bolivia | 8 | 5.58 |
| México | 9 | 5.52 |
| Guatemala | 10 | 5.44 |
| Brasil | 11 | 5.40 |
| Colombia | 17 | 5.05 |
| Costa Rica | 18 | 4.97 |
La comparación es relevante porque Honduras registra un riesgo ligeramente superior al de El Salvador, Guatemala, México y Colombia en esta medición. Sin embargo, el indicador no demuestra que en Honduras se lave más dinero que en esos países ni cuantifica el volumen de operaciones ilícitas.
Es importante explicar qué mide realmente este ranking. El Basel AML Index combina 17 indicadores distribuidos en cinco dimensiones: deficiencias de los sistemas contra el lavado, corrupción y fraude, transparencia financiera, transparencia y rendición de cuentas del sector público, y debilidad de los derechos políticos y del Estado de derecho.
No es un ranking de dinero lavado, de casos criminales ni de pérdidas fiscales. Es un indicador de vulnerabilidad y capacidad institucional para enfrentar esos riesgos.
La diferencia importa para los inversionistas. Una jurisdicción con debilidades de transparencia y supervisión puede elevar los costos de cumplimiento, las verificaciones de debida diligencia y los riesgos reputacionales de las operaciones internacionales.
¿Cuánto le cuesta a Honduras el lavado de activos y la corrupción?
Aquí existe una dificultad estadística que el debate legislativo debería abordar: Honduras no dispone de una cifra pública consolidada que permita determinar cuánto dinero se lava anualmente en el país y cuánto representa ese fenómeno como pérdida directa para el erario.
No es correcto convertir el valor de las operaciones sospechosas, los decomisos, la corrupción y la evasión fiscal en una sola cifra de lavado de activos. Son fenómenos relacionados, pero contablemente diferentes.
Sin embargo, existe un antecedente que permite dimensionar el impacto económico de la corrupción.
Un estudio conjunto del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), publicado en 2020, estimó que las pérdidas económicas por corrupción alcanzaron L254,058.57 millones durante el período 2014-2018, equivalentes a entre 10% y 12.5% del PIB anual.
La investigación examinó 15 modalidades de corrupción y sus efectos sobre el presupuesto público, el gasto y la economía nacional.
Esa cantidad no corresponde exclusivamente a lavado de activos ni puede presentarse como dinero que habría podido recuperarse mediante una reforma antilavado. Pero sí muestra la magnitud de los recursos que pueden perderse cuando las estructuras de corrupción, contratación irregular y apropiación de fondos públicos operan sin controles efectivos.
La relación entre ambos delitos aparece cuando los recursos obtenidos mediante corrupción, narcotráfico, fraude, extorsión u otras actividades criminales ingresan a circuitos económicos para ocultar su procedencia y aparentar legalidad.
El daño fiscal puede producirse en varias etapas. El Estado pierde recursos cuando se desvían fondos públicos, cuando se evaden impuestos o cuando se utilizan empresas y operaciones simuladas para ocultar ingresos. Después, la falta de recuperación de activos impide que parte de ese patrimonio regrese al Estado, mientras las estructuras económicas que se beneficiaron de esos recursos pueden continuar operando.
Por eso, el costo del lavado no debería medirse únicamente por las cantidades detectadas. También hay que considerar los activos no recuperados, los impuestos que dejaron de pagarse, los contratos públicos distorsionados y los recursos que el Estado debe destinar a investigaciones, procesos judiciales y supervisión.
El reto para Honduras es construir estadísticas que permitan medir el dinero detectado, el dinero decomisado, el patrimonio recuperado y la pérdida fiscal efectivamente acreditada.
¿Qué leyes hondureñas se modificarán y cuáles deben funcionar en conjunto?
Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es que no reforma una sola norma. Según la información oficial del Congreso, el proyecto modifica tres instrumentos legislativos que conforman buena parte de la arquitectura jurídica hondureña contra el lavado de activos.
| Legislación | Decreto | Función económica y jurídica |
|---|---|---|
| Ley Especial contra el Lavado de Activos | 144-2014 | Prevención, detección e investigación del lavado. |
| Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas | 131-2014 | Controles sobre actividades económicas y profesionales expuestas al riesgo. |
| Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito | 27-2010 | Recuperación y privación de bienes vinculados con actividades ilícitas. |
Pero el marco jurídico no termina allí. La efectividad de estas tres leyes depende de su articulación con otras disposiciones que regulan la actividad económica, la propiedad empresarial, la tributación y la responsabilidad penal.
Entre las principales normas relacionadas se encuentran:
1. Código Penal, Decreto 130-2017. Establece los delitos y las responsabilidades penales aplicables a conductas como lavado de activos, corrupción, fraude y otras actividades criminales que pueden generar recursos susceptibles de legitimación.
2. Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, Decreto 241-2010. Regula la prevención, detección y persecución de operaciones destinadas a financiar actividades terroristas.
3. Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, Decreto 127-2026. Establece la obligación de identificar a las personas naturales que realmente poseen o controlan sociedades y estructuras jurídicas.
4. Código Tributario, Decreto 170-2016. Proporciona instrumentos para fiscalizar obligaciones tributarias, identificar inconsistencias y combatir estructuras utilizadas para ocultar ingresos o patrimonio.
5. Ley de Instituciones del Sistema Financiero, Decreto 129-2004. Forma parte del marco regulatorio de las entidades financieras y de las obligaciones de supervisión y control.
6. Ley de Contratación del Estado, Decreto 74-2001. Es relevante para prevenir que recursos provenientes de corrupción, contratos irregulares o empresas relacionadas con estructuras ilícitas ingresen a circuitos económicos mediante operaciones con el sector público.
7. Ley de Inteligencia Nacional, Decreto 211-2012. Integra el marco institucional de generación y utilización de información estratégica para la seguridad del Estado.
La reforma también debe ser coherente con los compromisos internacionales asumidos por Honduras, particularmente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las evaluaciones del GAFILAT y las convenciones de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y la corrupción.
La importancia de esta articulación es que el lavado de activos no funciona de manera aislada. Una estructura puede utilizar una sociedad mercantil para ocultar propietarios, presentar ingresos aparentemente legítimos, realizar operaciones comerciales y posteriormente introducir recursos en el sistema financiero.
Por eso, la legislación antilavado necesita conectarse con los registros mercantiles, la administración tributaria, la supervisión financiera, las investigaciones patrimoniales y los mecanismos de contratación pública.
¿Qué cambia con las criptomonedas, las transferencias y las nuevas actividades obligadas?
Uno de los componentes más relevantes de la reforma es la incorporación de proveedores de servicios de activos virtuales o criptomonedas dentro del marco de prevención y supervisión.
El cambio responde a una transformación del mercado financiero. Las transferencias internacionales, los activos digitales y las plataformas de intercambio permiten movilizar recursos entre jurisdicciones con una velocidad y una estructura operativa distintas de las de la banca tradicional.
El Congreso también ha informado que la propuesta incorpora controles sobre transferencias electrónicas y amplía las obligaciones para casinos, inmobiliarias, comerciantes de metales preciosos, abogados, notarios y contadores.
Asimismo, contempla elevar a US$15,000 el monto obligatorio de declaración en aduanas.
Estas disposiciones amplían el perímetro de vigilancia económica. La prevención ya no puede descansar exclusivamente en los bancos porque las operaciones que permiten ocultar patrimonio también pueden desarrollarse mediante compraventa de inmuebles, constitución de sociedades, adquisición de activos de alto valor y servicios profesionales.
Para las empresas inmobiliarias, por ejemplo, el riesgo aparece cuando se utilizan operaciones de compraventa para introducir capitales cuya procedencia no puede justificarse. En el comercio de metales preciosos, la facilidad de transportar y comercializar activos de alto valor plantea desafíos de identificación y trazabilidad.
En el caso de abogados, notarios y contadores, el objetivo regulatorio es fortalecer los controles cuando intervienen en determinadas operaciones comprendidas dentro de las actividades y profesiones no financieras designadas. Esto no significa que todo servicio profesional quede automáticamente sometido a las mismas obligaciones bancarias, ni que la confidencialidad profesional desaparezca.
La aplicación deberá distinguir las operaciones sujetas a reporte, los deberes de debida diligencia, las excepciones legales y las garantías de protección de información.
Para el sector empresarial, el efecto práctico será una mayor exigencia documental sobre el origen de los fondos, la estructura de propiedad y la naturaleza económica de las transacciones.
¿Por qué el registro de beneficiarios finales es una pieza decisiva?
Honduras aprobó en junio de 2026 la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, mediante el Decreto 127-2026. Su reglamento fue publicado el 19 de octubre de 2026 en La Gaceta número 37,273.
La nueva legislación establece un registro centralizado bajo la administración de la CNBS, destinado a identificar a las personas naturales que realmente poseen o ejercen control sobre las sociedades y estructuras jurídicas que operan en el país.
La diferencia entre propietario formal y beneficiario final es fundamental. Una sociedad puede aparecer inscrita a nombre de una persona jurídica, pero su control efectivo puede estar en manos de otra persona natural que permanece detrás de una cadena de sociedades.
La normativa obliga a identificar y documentar esa cadena de propiedad, los porcentajes de participación y los mecanismos de control. También establece obligaciones de actualización de información y un régimen de sanciones que puede alcanzar entre 20 y 500 salarios mínimos, según la gravedad y las circunstancias del incumplimiento.
Este registro puede convertirse en una herramienta importante para las investigaciones patrimoniales, las verificaciones bancarias y la identificación de conflictos de interés.
Sin embargo, su eficacia dependerá de tres condiciones: que la información sea exacta, que exista capacidad para verificarla y que las autoridades competentes puedan acceder a ella conforme a la ley.
La confidencialidad del registro no significa que sus datos sean irrelevantes para las investigaciones. Significa que su consulta debe sujetarse a las condiciones legales establecidas.
La transparencia de una sociedad no consiste únicamente en conocer quién aparece en su escritura de constitución, sino en identificar quién recibe los beneficios y quién ejerce realmente el control.
¿Está Honduras en la lista gris del GAFI?
No. Esta distinción es importante para entender la posición internacional del país. En la actualización del 30 de octubre de 2026, Honduras no figura entre las jurisdicciones sujetas a monitoreo intensificado, conocidas como lista gris, ni entre las jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción, conocidas como lista negra.
La lista gris incluye países que han asumido compromisos formales para corregir deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI y que están sujetos a seguimiento internacional. La ausencia de Honduras en esa lista es un dato favorable en términos de su estatus formal, pero no significa que haya eliminado sus vulnerabilidades ni que su sistema antilavado sea plenamente eficaz.
Aquí aparece una diferencia que los inversionistas deben comprender:
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Lista gris del GAFI: identifica jurisdicciones sometidas a monitoreo intensificado.
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Basel AML Index: compara vulnerabilidades y capacidades institucionales frente al lavado y otros delitos financieros.
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Evaluaciones GAFILAT: examinan el cumplimiento técnico de las recomendaciones y la efectividad del sistema nacional.
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Evaluaciones de transparencia financiera: analizan aspectos como secreto financiero, información corporativa y transparencia fiscal.
Honduras puede no estar en la lista gris y, al mismo tiempo, registrar una puntuación de riesgo de 5.66 en el Basel AML Index. No existe contradicción porque ambos instrumentos tienen metodologías y propósitos distintos.
El desafío consiste en mejorar las capacidades institucionales y mantener el acceso confiable del país a los mercados financieros internacionales.
¿Cómo afecta el lavado de activos a los bancos y a la inversión extranjera?
El riesgo de lavado tiene consecuencias que van más allá de las investigaciones penales. También afecta los costos de operación del sistema financiero y las condiciones bajo las cuales las empresas hondureñas realizan transacciones internacionales.
Los bancos que mantienen relaciones de corresponsalía con instituciones extranjeras deben demostrar que cuentan con mecanismos adecuados para identificar clientes, verificar el origen de fondos, monitorear operaciones y reportar actividades sospechosas.
Cuando una jurisdicción presenta debilidades institucionales, las entidades financieras internacionales pueden aumentar sus exigencias de documentación, elevar los costos de cumplimiento o revisar sus relaciones comerciales con instituciones de ese país.
No significa que una reforma legislativa garantice automáticamente mejores condiciones de corresponsalía. Estas relaciones dependen también del riesgo de cada entidad, sus controles internos y la evaluación de sus contrapartes.
Para Honduras, el asunto tiene una dimensión macroeconómica: el país depende de transferencias internacionales, operaciones de comercio exterior, financiamiento externo, inversión y relaciones bancarias con Estados Unidos y otros mercados.
Una empresa exportadora que debe documentar más operaciones, un banco que necesita fortalecer sus sistemas de monitoreo o un inversionista que encuentra dificultades para verificar la propiedad de una compañía enfrentan costos adicionales.
Por el contrario, una regulación clara y aplicada de manera proporcional puede mejorar la confianza de los participantes internacionales y reducir la incertidumbre sobre las operaciones legítimas.
La clave está en que los nuevos controles no se conviertan en cargas indiscriminadas para las empresas formales, sino en mecanismos basados en riesgos, con criterios claros y capacidad institucional de respuesta.
¿Qué debería medir Honduras para saber si la reforma funciona?
La aprobación legislativa será apenas el primer indicador. El resultado económico dependerá de la capacidad del Estado para convertir las nuevas obligaciones en investigaciones, sanciones y recuperación de activos.
Para evaluar su efectividad, Honduras debería publicar indicadores periódicos que permitan observar la evolución del sistema.
| Indicador | Qué debería medir |
|---|---|
| Reportes de operaciones sospechosas | Volumen, calidad y sectores de procedencia |
| Investigaciones financieras | Casos iniciados y activos identificados |
| Procesamientos y condenas | Resultados judiciales y tiempos de resolución |
| Bienes asegurados | Valor de patrimonio sujeto a medidas cautelares |
| Bienes decomisados | Patrimonio con decisión judicial definitiva |
| Activos recuperados | Recursos efectivamente incorporados al Estado |
| Cooperación internacional | Solicitudes atendidas y bienes localizados en el extranjero |
| Beneficiarios finales | Sociedades registradas, verificadas y actualizadas |
| Supervisión de sectores no financieros | Inspecciones, incumplimientos y sanciones |
La diferencia entre bienes asegurados, decomisados y recuperados es especialmente importante. Un inmueble puede ser asegurado durante una investigación, pero eso no significa que ya sea propiedad definitiva del Estado ni que pueda convertirse inmediatamente en recursos presupuestarios.
La recuperación efectiva exige procesos judiciales, administración de los bienes y mecanismos transparentes para su disposición.
También es necesario medir cuántos casos concluyen con condenas y cuánto patrimonio se recupera en relación con el valor inicialmente identificado.
El indicador más importante no será cuántas operaciones sospechosas reporta Honduras, sino cuánto dinero ilícito logra identificar, investigar y recuperar mediante procedimientos legales efectivos.
¿Qué riesgos enfrenta el sector privado con la nueva legislación?
La reforma también modifica el entorno de cumplimiento para las empresas.
Los bancos no serán los únicos obligados a fortalecer sus mecanismos de control. Inmobiliarias, casinos, comerciantes de metales preciosos, determinados profesionales y proveedores de activos virtuales tendrán nuevas responsabilidades dentro del alcance que establezca la legislación.
Para las empresas, esto implica revisar sus procedimientos de identificación de clientes, documentación de operaciones, estructuras societarias y controles internos.
Las compañías que operan con capital extranjero, fideicomisos, sociedades relacionadas o cadenas de propiedad internacionales deberán prestar particular atención a la identificación de beneficiarios finales.
También existe un efecto sobre las pequeñas y medianas empresas. Los costos de cumplimiento pueden ser proporcionalmente más elevados para organizaciones que no cuentan con departamentos jurídicos, sistemas de auditoría o unidades especializadas de prevención.
Por eso, la reglamentación deberá ofrecer criterios operativos claros, plazos razonables y obligaciones proporcionales al nivel de riesgo.
El propósito no debería ser dificultar las operaciones comerciales legítimas, sino evitar que estructuras empresariales sean utilizadas para ocultar recursos ilícitos y distorsionar la competencia.
¿Qué está en juego para las finanzas públicas?
El lavado de activos tiene un impacto fiscal que se manifiesta tanto en los ingresos como en los gastos del Estado.
Por el lado de los ingresos, las operaciones ilícitas pueden relacionarse con evasión tributaria, subdeclaración de ventas, empresas simuladas y ocultamiento de patrimonio. Por el lado del gasto, la corrupción puede desviar recursos de contratos, compras públicas y proyectos de inversión.
A ello se suma la posibilidad de que recursos provenientes de actividades ilegales ingresen a empresas que compiten con negocios formales sin soportar los mismos costos tributarios, laborales y financieros.
Esta distorsión tiene consecuencias económicas: desplaza inversión legítima, altera precios de activos, favorece empresas que no compiten bajo condiciones equivalentes y puede debilitar la confianza en las instituciones.
El estudio de CNA y FOSDEH sobre corrupción, con pérdidas estimadas en L254,058.57 millones entre 2014 y 2018, constituye un antecedente de la magnitud del problema, aunque no permite atribuir ese monto al lavado de activos.
Para la política fiscal, la reforma debería complementarse con una mayor coordinación entre la CNBS, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público, el Servicio de Administración de Rentas, Aduanas y las instituciones responsables de investigar y recuperar patrimonio.
El objetivo es que el dinero ilícito no solamente sea detectado, sino que las operaciones que lo generan puedan investigarse y que los recursos recuperables regresen al patrimonio público cuando exista resolución legal.
¿Qué debe demostrar el Congreso antes de aprobar la reforma?
La discusión legislativa debería concentrarse en la calidad de las disposiciones, no solamente en la rapidez de su aprobación.
La incorporación de criptomonedas, el fortalecimiento de los controles sobre transferencias, las nuevas obligaciones para profesiones no financieras y la recuperación patrimonial son cambios importantes. Pero requieren definiciones precisas sobre responsabilidades, supervisión, intercambio de información, garantías procesales y coordinación institucional.
También debe existir claridad sobre el financiamiento de las instituciones encargadas de aplicar la legislación. Un registro de beneficiarios finales sin capacidad de verificación, una unidad de inteligencia financiera sin recursos suficientes o un sistema judicial sin capacidad para procesar investigaciones complejas limitarían los resultados.
La reforma debe acompañarse de presupuesto, personal especializado, herramientas tecnológicas, protocolos de cooperación internacional y estadísticas públicas.
El desafío es construir un sistema que no dependa exclusivamente de nuevas obligaciones para el sector privado, sino que fortalezca la capacidad estatal para detectar, investigar, sancionar y recuperar activos.
LA MIRADA DE LA DIRECTORA DE SOYDATOS
El lavado de activos no es solamente un problema de seguridad. Es un problema económico que afecta la competencia, la recaudación, la inversión y la credibilidad del país. Cuando el dinero ilícito entra a los negocios, compite con empresas que pagan impuestos, cumplen regulaciones y financian sus operaciones legítimamente.
Honduras necesita una legislación moderna, pero también instituciones capaces de aplicarla. La posición 59 en el Basel AML Index y las pérdidas por corrupción estimadas por CNA y FOSDEH muestran dimensiones diferentes de una vulnerabilidad que tiene consecuencias sobre las finanzas públicas y el clima de negocios.
Me parece especialmente importante que la reforma se mida por sus resultados patrimoniales. No basta con reportar operaciones sospechosas o anunciar nuevas disposiciones. Hay que saber cuánto dinero se investiga, cuánto se decomisa y cuánto recupera efectivamente el Estado.
La transparencia financiera no es un trámite burocrático para los empresarios. Es una condición para competir en igualdad de condiciones, atraer inversión y proteger los recursos públicos.
