La salida forzada de Nicolás Maduro del poder marca uno de los giros políticos más abruptos de América Latina en décadas. Tras horas de ataques selectivos contra instalaciones militares, sistemas de defensa aérea y centros de comunicación, fuerzas estadounidenses extrajeron del país al dirigente que gobernó Venezuela durante más de una década, cerrando un ciclo que parecía inamovible.
Maduro no cayó por sorpresa. Su permanencia en el poder había sido advertida, cuestionada y erosionada durante años. Las elecciones presidenciales de julio de 2024, denunciadas como fraudulentas por amplios sectores de la comunidad internacional, terminaron de quebrar su legitimidad. Aun así, el líder chavista optó por atrincherarse, convencido de que la retórica de resistencia y el control militar serían suficientes.
Hasta sus últimas horas en Caracas, Maduro mantuvo el tono desafiante. Habló de unas Fuerzas Armadas “más preparadas que nunca” y se presentó como una víctima frente a una potencia extranjera. Pero el desenlace fue otro: la presión diplomática, económica y militar se volvió irreversible.
La operación que culminó con su salida fue el punto final de una escalada iniciada meses atrás. Desde agosto de 2025, Washington endureció su postura, reforzó su presencia naval en el Caribe y multiplicó las advertencias. Según trascendió, Maduro buscó negociar garantías personales, amnistías y condiciones políticas que no fueron aceptadas. El ultimátum expiró. La intervención llegó.
La reacción internacional fue inmediata y dividida. Algunos gobiernos celebraron el fin de un régimen acusado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de vínculos con el narcotráfico. Otros denunciaron la acción como una violación del derecho internacional. Ambas posiciones conviven, pero no alteran un hecho central: Maduro ya no gobierna Venezuela.
Ahora comienza la etapa más compleja. La caída del autócrata no equivale automáticamente a la recuperación democrática. El país arrastra instituciones vaciadas, un aparato estatal cooptado, una economía devastada y una sociedad fragmentada por años de represión, exilio y pobreza. Ocho millones de venezolanos abandonaron el país durante el chavismo, un dato que explica la magnitud del colapso.
El desafío inmediato es político y operativo. ¿Qué hacer con el núcleo civil y militar que sostuvo al régimen? ¿Cómo depurar responsabilidades sin desatar una cacería de brujas? ¿De qué manera garantizar justicia sin venganza? La transición exige equilibrio: ni impunidad ni caos.
La oposición democrática enfrenta también su propia prueba. Durante años denunció el autoritarismo desde una posición de debilidad, persecución y fragmentación. Hoy debe demostrar capacidad de conducción, diálogo y administración del poder. La legitimidad del nuevo proceso dependerá menos del pasado y más de la forma en que se construya el futuro inmediato.
Estados Unidos, actor decisivo en el desenlace, carga ahora con una responsabilidad mayor. Haber forzado la salida de Maduro implica también acompañar un proceso ordenado de estabilización, evitar vacíos de poder y respaldar una transición que no derive en violencia prolongada ni en nuevas formas de autoritarismo.
Venezuela amanece sin el hombre que concentró el poder durante años. Pero el verdadero cambio no se mide por la ausencia de Maduro, sino por la capacidad del país de reconstruir reglas, instituciones y confianza. 2026 empezó con un quiebre histórico. Lo que siga definirá si fue solo un golpe de efecto o el inicio real de una nueva etapa.
