El Departamento de Estado de EE.UU. alerta que la corrupción en Honduras sigue descontrolada, facilitando el lavado de dinero y afectando las reservas del Banco Central, según su informe de 2024.
Tegucigalpa . Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. señala que Honduras enfrenta una corrupción “rampante”, equiparándola a Irán y Venezuela, y urge reformas clave.
Corrupción persistente en Honduras
El Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado recientemente, destaca que “la corrupción sigue siendo rampante en Honduras”, situándola al nivel de países como Irán y Venezuela. Este diagnóstico subraya los desafíos estructurales que enfrenta el país en materia de gobernanza y Estado de derecho, evidenciando una problemática que afecta múltiples sectores de la sociedad hondureña.
El documento, el primero emitido bajo la administración del presidente Donald Trump, pone en relieve cómo la corrupción facilita actividades ilícitas como el lavado de dinero, un delito que socava la estabilidad política, la democracia y el libre mercado. Además, señala que las organizaciones criminales transnacionales, cada vez más sofisticadas, aprovechan las debilidades institucionales de Honduras para perpetuar sus operaciones.
Lavado de dinero y crimen organizado
El informe identifica al lavado de dinero como uno de los principales filones de la corrupción en Honduras, profundamente vinculado al crimen organizado transnacional (COT). El país, por su posición geográfica, se encuentra en el centro de las rutas del COT, siendo el narcotráfico el delito predominante que impulsa estas actividades ilícitas.
Otros factores subyacentes incluyen la extorsión, la trata de personas y el tráfico de migrantes, todos ellos alimentados por un entorno de corrupción generalizada. El Departamento de Estado enfatiza que la falta de voluntad política, la ineficacia institucional y la deficiente infraestructura agravan el riesgo de lavado de dinero, lo que representa una amenaza directa a la prosperidad económica y al Estado de derecho en Honduras.
Debilidades en la supervisión financiera
El informe detalla varias carencias en el sistema financiero hondureño:
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La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), encargada de supervisar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, presenta una supervisión deficiente y carece de directrices específicas sobre financiamiento del terrorismo.
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El Consejo de Supervisión de Cooperativas no ha implementado directrices para fortalecer el reporte de actividades sospechosas, lo que limita la capacidad de identificar operaciones ilícitas.
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Aunque la legislación permite el decomiso sin condena, facilitando la cooperación internacional en la recuperación de activos, la falta de capacidad del sistema judicial para investigar delitos financieros complejos crea un entorno propicio para el lavado de activos.
Uso indebido de reservas del Banco Central
Un aspecto alarmante del informe es el uso de las reservas internacionales del Banco Central de Honduras (BCH) para financiar gastos gubernamentales. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024, el saldo de las reservas se redujo en 623.7 millones de dólares, lo que representa un riesgo significativo debido a la limitada supervisión de la CNBS sobre el BCH.
Esta práctica, según el Departamento de Estado, refleja una gestión fiscal irresponsable que podría agravar las presiones inflacionarias y debilitar la estabilidad económica del país. La falta de transparencia en el manejo de las reservas internacionales es vista como un síntoma más de las fallas estructurales en la gestión pública hondureña.
La Ley de Amnistía como obstáculo
El informe critica la Ley de Amnistía de 2022, conocida en Honduras como el “Pacto de Impunidad 2.0”, que indultó a funcionarios de la administración de Manuel Zelaya (2006-2009) condenados por corrupción pública. En octubre de 2024, la Corte Suprema de Justicia la declaró constitucional, una decisión que el Departamento de Estado considera un retroceso en la lucha contra la corrupción.
Derogar esta ley es señalada como una reforma esencial para avanzar en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), un mecanismo que el gobierno de Xiomara Castro negocia con la ONU desde 2022. El informe subraya que esta amnistía perpetúa la impunidad y dificulta los esfuerzos por establecer un sistema judicial más transparente y efectivo.
Amenazas emergentes en el ámbito digital
El informe también advierte sobre la falta de regulación en el uso de activos virtuales en Honduras. A pesar de la presencia de cajeros automáticos de moneda virtual, el país carece de marcos regulatorios para los proveedores de servicios de activos virtuales, lo que genera lagunas significativas en la capacidad de identificar, incautar y decomisar estos activos.
Esta ausencia de regulación representa un desafío para combatir las amenazas emergentes en el panorama financiero digital, permitiendo que actores ilícitos exploten estas vulnerabilidades para actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El informe recomienda actualizar la Estrategia ALD/CFT/CPF de 2019 para abordar estas nuevas tipologías y tendencias.
Llamado a reformas estructurales
El Departamento de Estado urge a Honduras a implementar reformas profundas para combatir la corrupción y el lavado de dinero. Entre las recomendaciones está la actualización de las políticas contra el lavado de dinero y el fortalecimiento de las capacidades del sistema judicial y las fuerzas del orden para enfrentar delitos financieros complejos.
Además, se destaca la necesidad de una mayor voluntad política para derogar leyes que perpetúan la impunidad, como la Ley de Amnistía, y para avanzar en la instalación de la CICIH, vista como un paso crucial para romper con el ciclo de corrupción que afecta al país.
El informe se publica en un momento crítico para Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, quien asumió el poder en 2022 con la promesa de combatir la corrupción sistémica. Sin embargo, a casi tres años de su mandato, los avances son limitados. La negociación con la ONU para establecer la CICIH enfrenta obstáculos legales y políticos, mientras que la corrupción sigue siendo un factor clave que facilita el crimen organizado y el lavado de dinero. El contexto internacional, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU., añade presión sobre Honduras para implementar reformas que fortalezcan el Estado de derecho y la estabilidad económica, especialmente en un país que depende de la cooperación estadounidense para enfrentar desafíos como la migración y el narcotráfico.
Las 10 claves del informe
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Corrupción rampante: Honduras es señalada como un país con corrupción generalizada, comparable a Irán y Venezuela.
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Lavado de dinero: La corrupción facilita el lavado de dinero, vinculado al narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y el tráfico de migrantes.
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Crimen organizado transnacional: Honduras es un centro clave para las rutas del COT, con el narcotráfico como principal delito.
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Supervisión deficiente: La CNBS tiene una supervisión débil y carece de directrices sobre financiamiento del terrorismo.
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Reservas del BCH: El gobierno usó reservas del Banco Central para financiar gastos, perdiendo 623.7 millones de dólares entre diciembre de 2023 y julio de 2024.
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Ley de Amnistía: Esta ley, declarada constitucional en 2024, indultó a funcionarios corruptos y es vista como un obstáculo para la CICIH.
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CICIH estancada: La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad sigue sin avances significativos desde 2022.
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Activos virtuales: La falta de regulación de activos virtuales genera vulnerabilidades para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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Sistema judicial débil: La falta de capacidad para investigar delitos financieros complejos perpetúa un clima propicio para el lavado de activos.
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Reformas urgentes: EE.UU. recomienda derogar la Ley de Amnistía y actualizar las estrategias contra el lavado de dinero para combatir la corrupción.
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