Más de 25 mil millones pendientes comprometen inversión privada y competitividad empresarial.
L 25,318 millones pendientes. Servicios recibidos. Facturas aprobadas. Pagos no ejecutados. El Gobierno Central cerró 2025 con la deuda flotante más alta de su historia reciente. Un aumento del 9% respecto a 2024 que no es solo contable: afecta empresas, empleo y liquidez en plena desaceleración regional.
El pasivo que no aparece en el discurso
La deuda flotante corresponde a obligaciones ya devengadas —bienes y servicios entregados— que aún no han sido pagadas. Según cifras oficiales de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), el monto alcanzó L 25,318.31 millones al cierre fiscal 2025, muy por encima del promedio histórico cercano a L 20 mil millones.
El fenómeno suele explicarse por desfases entre ejecución presupuestaria y disponibilidad de caja en la Tesorería General. Técnicamente es parte del ciclo fiscal. Pero cuando el saldo crece de forma sostenida, se convierte en un termómetro de tensiones financieras. El boletín económico de febrero 2026 del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) advierte que la magnitud actual “apunta a mayores presiones de liquidez al cierre fiscal”.
Una curva que no deja margen
Los registros comparativos muestran que en 2022 la deuda flotante era de L 8,122.62 millones. En tres años, el saldo prácticamente se triplicó. El salto de 2025 consolida una tendencia que preocupa a proveedores estatales, especialmente en sectores como infraestructura, salud, servicios tecnológicos y suministros médicos.
Según el análisis del COHEP, el nivel actual es “consistente con los niveles de ejecución del gasto público”, pero el ritmo de crecimiento indica que la planificación financiera no logró acompañar la velocidad de los compromisos asumidos. En términos simples: el Estado gastó más rápido de lo que pudo pagar.
El efecto dominó en la economía privada
Para las empresas que contratan con el Estado, la deuda flotante no es una estadística abstracta. Es flujo de caja detenido. Cuando un proveedor no recibe pago oportuno, debe cubrir planillas, impuestos y financiamiento bancario con recursos propios o crédito adicional.
El impacto se manifiesta en varias dimensiones:
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Reducción del capital de trabajo para operar nuevos contratos.
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Mayor endeudamiento bancario para cubrir desfases temporales.
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Riesgo en cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.
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Postergación de inversión y expansión empresarial.
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Aumento del costo financiero, que termina encareciendo futuras contrataciones públicas.
Este efecto dominó puede desacelerar sectores completos que dependen de compras gubernamentales, afectando empleo y competitividad.
Liquidez, confianza y reputación
Expertos fiscales señalan que la deuda flotante no equivale a deuda pública tradicional, pero sí incide en la percepción de riesgo. Un proveedor que experimenta retrasos sistemáticos ajustará precios futuros para cubrir incertidumbre. Ese sobrecosto termina impactando el presupuesto general.
Desde el sector empresarial se insiste en que la regularización de pagos es clave para sostener confianza. “La gestión eficiente de la caja única será determinante”, subraya el boletín del COHEP, señalando que el desafío de 2026 será evitar que el saldo continúe creciendo y comprometa la competitividad del país.
Presión sobre la planificación 2026
El incremento del 9% interanual en 2025 ocurre en un contexto de presión fiscal creciente: mayor gasto social, compromisos salariales y necesidades de inversión pública. Aunque el Gobierno ha defendido la ejecución presupuestaria como dinamizadora de la economía, el ritmo de pagos evidencia tensiones en liquidez.
Analistas consultados en medios económicos locales advierten que la disciplina en programación de caja será crucial en el nuevo ejercicio fiscal. Si los pagos pendientes no se regularizan, podrían trasladarse como carga estructural al presupuesto 2026, limitando margen para nuevos proyectos.
Más que una cifra contable
En términos macroeconómicos, la deuda flotante funciona como indicador adelantado de estrés financiero estatal. No implica insolvencia inmediata, pero sí refleja presión sobre la administración de recursos líquidos. En economías emergentes, estos desbalances pueden amplificarse cuando coinciden con menor crecimiento o restricciones de financiamiento externo.
Honduras enfrenta un escenario regional donde el acceso a capital internacional es más selectivo y las tasas globales siguen elevadas. En ese entorno, mantener disciplina en pagos internos es fundamental para preservar estabilidad y confianza empresarial.
El cierre fiscal 2025 deja un mensaje claro: L 25 mil millones en compromisos pendientes no son solo un dato técnico. Son contratos firmados, bienes entregados y servicios prestados que esperan convertirse en liquidez real. La manera en que el Estado gestione este pasivo en 2026 será determinante para la salud financiera de cientos de empresas y para el ritmo de la economía hondureña en un año clave.
