El Plan de Gobierno 2026–2030 define prioridades claras y expone cómo el candidato imagina un Estado funcional y previsible.
Democracia, seguridad, empleo, descentralización, servicios básicos. El inventario no es casual. “Sin orden institucional no hay inversión ni trabajo”, repite Nasry Asfura. Desde el 27 de enero de 2026, su gobierno quedará atado a un documento que promete algo simple y ambicioso: que el Estado vuelva a funcionar.
PLAN DE GOBIERNO 2026–2030
Nasry Asfura – Ejes, prioridades y acciones
1. Democracia y Estado de derecho
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Fortalecimiento de instituciones sólidas, independientes y confiables.
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Respeto estricto a la independencia de los poderes del Estado.
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Garantía de estabilidad política y respeto a la ley como base del desarrollo.
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Mejora y blindaje de los procesos democráticos y electorales.
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Promoción activa de la participación ciudadana.
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Implementación de mecanismos permanentes de rendición de cuentas.
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Combate a la corrupción mediante transparencia, control y prevención, no solo sanción.
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Acceso ciudadano a la información pública como norma institucional.
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Recuperación de la confianza ciudadana en el Estado como objetivo central.
2. Seguridad ciudadana, prevención y justicia
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Reconocimiento de la inseguridad como uno de los principales problemas nacionales.
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Estrategia integral basada en prevención social, control y justicia efectiva.
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Programas de prevención de la violencia en comunidades vulnerables.
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Fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal y forense.
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Estrategias específicas contra la extorsión, con foco en pequeños comercios y emprendedores.
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Combate estructural al crimen organizado.
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Coordinación operativa entre policía, fiscalía y sistema judicial.
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Formación de cuerpos de seguridad con enfoque en derechos humanos.
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Recuperación del control territorial y de la legitimidad institucional.
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Garantía de condiciones mínimas de seguridad para la convivencia y la actividad económica.
3. Empleo, inversión y crecimiento económico
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La generación de empleo como eje transversal del plan.
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Reconocimiento del vínculo entre desempleo, informalidad y migración.
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Garantía de seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera.
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Simplificación de trámites y reducción de la burocracia estatal.
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Incentivos a la inversión privada como motor del crecimiento.
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Impulso a sectores productivos estratégicos.
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Promoción del emprendimiento y la competitividad.
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Estabilidad macroeconómica como señal política y económica.
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Reactivación de la economía real y formalización del empleo.
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Rol del Estado como facilitador, no obstáculo, del desarrollo económico.
4. Descentralización y desarrollo territorial
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Descentralización como política estructural del Estado.
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Fortalecimiento de los gobiernos municipales como actores clave del desarrollo.
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Transferencia de recursos, capacidades y competencias a los municipios.
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Impulso de proyectos productivos locales.
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Ejecución descentralizada de infraestructura económica y social.
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Acercamiento de los servicios públicos a las comunidades.
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Reducción de brechas territoriales entre regiones.
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Disminución de la dependencia de decisiones centralizadas en Tegucigalpa.
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Municipios como motores económicos, no solo administrativos.
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Desarrollo equilibrado en todo el territorio nacional.
5. Salud, educación y atención social
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Fortalecimiento integral del sistema público de salud.
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Mejora de la atención primaria y hospitalaria.
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Reducción de rezagos acumulados en infraestructura y servicios.
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Garantía de acceso equitativo a la salud pública.
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Mejora de la infraestructura educativa.
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Elevación de la calidad del sistema educativo.
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Articulación entre educación y mercado laboral.
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Formación técnica como herramienta de empleabilidad.
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Programas de atención social dirigidos a sectores vulnerables.
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Reducción de desigualdades y ampliación del acceso a servicios esenciales.
6. Infraestructura y apoyo a la producción
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Mejoramiento y ampliación de la red vial y carreteras.
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Programas de vivienda social.
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Apoyo al sector agrícola mediante asistencia técnica y financiamiento.
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Modernización del sistema energético nacional.
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Promoción de energías renovables.
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Mejora de la conectividad urbana y rural.
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Aumento de la productividad nacional.
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Infraestructura como soporte del crecimiento económico sostenido.
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Integración territorial como política de desarrollo.
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Mejora de la calidad de vida en zonas urbanas y rurales.
El Plan de Gobierno 2026–2030 no es solo una declaración de intenciones: es el marco con el que se medirá cada decisión del Ejecutivo a partir del 27 de enero. En un país cansado de promesas, el desafío no será escribir el rumbo, sino cumplirlo bajo la mirada constante de una ciudadanía que ya no concede cheques en blanco.
