Retrasos, mala planificación y sectores críticos en riesgo marcan un cierre fiscal que expone fracturas políticas y debilidades estructurales.
“No tener Presupuesto no es solo un trámite pendiente, es una cadena de retrasos”, advirtió la economista Amparo Canales. Contratos detenidos, programas sin fondos nuevos, planificación en pausa y una próxima administración obligada a gobernar con números del pasado: así arranca Honduras el año fiscal 2026.
Un país que inicia el año mirando hacia atrás
Honduras comenzará el año fiscal 2026 sin un Presupuesto General de la República aprobado, una situación que obliga al Estado a operar automáticamente con el presupuesto del año anterior. Amparo Canales, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), explicó que este mecanismo evita un colapso inmediato, pero no resuelve los problemas estructurales que enfrenta la gestión pública.
“El país continúa con el presupuesto de 2025, pero eso no significa normalidad”, señaló Canales. Según explicó, gobernar con cifras diseñadas para otro contexto económico y político genera atrasos, distorsiones y compromisos incumplidos, especialmente para la administración que asumirá funciones con un margen de maniobra reducido desde el primer día.
Un Presupuesto aprobado… pero ya desfasado
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2025, aprobado por el Congreso Nacional, asciende a 430,907.8 millones de lempiras. Ese será el marco financiero con el que el Estado deberá operar mientras no exista una nueva ley presupuestaria vigente.
Canales advirtió que este escenario no contempla nuevas prioridades, ajustes macroeconómicos ni compromisos adquiridos recientemente. “El problema no es solo usar el presupuesto anterior, sino que muchos gastos y programas nuevos quedan sin respaldo legal”, explicó, subrayando que la planificación financiera requiere previsión y consensos que no se lograron durante 2025.
Mala planificación y sectores en zona crítica
La economista fue más allá al señalar que la ausencia de un nuevo Presupuesto refleja una mala planificación financiera, cuyas consecuencias se sienten con mayor fuerza en áreas sensibles como Salud y Educación, donde la ejecución depende de cronogramas, contratos y asignaciones anuales específicas.
“Estos sectores no pueden improvisar”, afirmó Canales, al advertir que la falta de previsión impacta directamente en servicios básicos para la población.
Entre los principales riesgos identificados están:
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Retrasos en pagos a proveedores y personal contratado
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Suspensión o postergación de programas nuevos
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Limitaciones para ampliar cobertura en Salud y Educación
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Dificultades para ejecutar inversión pública desde el primer trimestre
Según explicó, estos efectos no siempre son visibles de inmediato, pero se acumulan y explotan meses después, cuando ya no hay margen de corrección rápida.
Polarización política y un Congreso sin agenda
La falta de aprobación del Presupuesto 2026 no ocurrió en el vacío. Durante 2025, el Congreso Nacional enfrentó una agenda fragmentada, marcada por alta polarización política y ausencia de consensos entre las fuerzas representadas.
Canales sostuvo que esta dinámica impidió avanzar en decisiones estructurales. “No hubo acuerdos mínimos para priorizar el Presupuesto, a pesar de ser la ley más importante del año”, señaló. Esta parálisis legislativa dejó al país sin una hoja de ruta fiscal clara, justo en un momento de transición política.
La economista remarcó que el Presupuesto no es solo un documento contable, sino una señal de gobernabilidad, tanto hacia adentro del país como frente a organismos internacionales, inversionistas y calificadoras de riesgo.
Un proyecto aprobado en el Ejecutivo, frenado en el Legislativo
El Consejo de Ministros sí aprobó el Proyecto de Presupuesto 2026, que asciende a 469,249 millones de lempiras, lo que representa un incremento significativo frente al ejercicio anterior. Sin embargo, ese proyecto nunca fue incorporado a la agenda legislativa para su discusión y votación.
“Ese vacío ahora se traslada a la siguiente administración”, explicó Canales. La falta de aprobación no solo posterga decisiones, sino que traslada costos políticos y administrativos al próximo gobierno, que deberá iniciar gestiones sin control pleno sobre el instrumento fiscal más importante del Estado.
Para la economista, este escenario resume un problema mayor: la incapacidad del sistema político de anticiparse a los ciclos de gobierno, dejando a Honduras atrapada en una lógica reactiva que se repite cada año electoral.
