Tegucigalpa. Honduras encara un delicado momento fiscal: mientras la deuda externa crónica gana protagonismo, el endeudamiento interno emerge como aliado obligado para financiar al Estado. El crecimiento del gasto en salarios, los déficits estructurales y una recaudación que no crece al mismo ritmo obligan al país a navegar entre la dependencia financiera y la necesidad de reordenar prioridades si quiere evitar colapsos en servicios públicos esenciales.
Deuda pública: externa crece, interna gana peso
Según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), a junio de 2024 la deuda externa del sector público ascendía a USD 9,159 millones. Sin embargo, a mitad de 2025 ese monto superó los USD 10,013 millones, lo que representa un incremento del 9,3 % frente al mismo periodo del año anterior. En enero de 2025, la deuda externa pública llegó a USD 10,219.2 millones, equivalente al 25,3 % del PIB.
La deuda interna también ha cobrado relevancia. Por ejemplo, al 30 de junio de un reporte reciente, la deuda total de la administración central alcanzaba USD 16,486.3 millones, de los cuales USD 8,324.8 millones (50.5 %) correspondían a deuda externa y USD 8,161.5 millones a deuda interna, reflejando una distribución casi equitativa. De hecho, hay reportes que indican que la deuda interna tiende a aproximarse al 50 % de la externa.
Esta dualidad —una deuda externa pesada que exige pagos de intereses en moneda extranjera, y una deuda interna creciente que presiona el mercado doméstico de crédito— convierte el manejo del pasivo público en un ejercicio de equilibrio.
Gastos del gobierno: sueldos absorben recursos vitales
Una de las mayores presiones sobre las finanzas públicas hondureñas es el gasto en servicios personales —es decir, sueldos, salarios, prestaciones y cargos conexos—. Según los documentos del presupuesto aprobado para 2025, este rubro ocupa 23.9 % del presupuesto con un monto estimado de L 103,246 millones. En varios medios se reporta además que se realizó una ampliación para sueldos y salarios por L 5,413.3 millones, porque dicho pago es ya un componente central del presupuesto.
Un estudio del IIES‑UNAH indica que aproximadamente un 29 % del presupuesto de la administración central se destina a servicios profesionales (sueldos, contribuciones, previsiones). Adicionalmente, hay reportes de que el 50 % de las recaudaciones fiscales del Estado van destinadas a masa salarial pública.
Este altísimo peso del gasto en personal limita la flexibilidad para asignar recursos a inversión, salud, educación o infraestructura.
Recaudación y déficit: la brecha estructural
La capacidad del Estado para generar ingresos fiscales es limitada. En 2023, la recaudación tributaria representó 21.0 % del PIB, ligeramente por debajo del promedio regional y con tendencia a reducción frente a años anteriores (21.6 % en 2022).
En su informe de cierre fiscal 2024, SEFIN reconoce que el crecimiento del gasto público superó al crecimiento de la recaudación, lo cual amplió el déficit. La estimación para el déficit del gobierno en 2024 alcanzó −1.78 % del PIB, según Trading Economics.
Este desequilibrio obliga a recurrir a financiamiento (deuda interna o externa) para cubrir la brecha, lo que incrementa la carga del servicio de la deuda y restringe la inversión pública.
Empleo público y desempeño laboral
El Gobierno hondureño es un empleador significativo, y el alto peso de los salarios refleja su rol en la estructura estatal. El presupuesto destinado a sueldos y salarios para 2025 alcanza L 104,215.1 millones, para la administración centralizada y descentralizada. En el contexto del país, muchos empleados públicos reciben salarios que representan varios salarios mínimos, lo que genera presión sobre la nómina estatal.
En cuanto al empleo privado y mercado laboral en general, los informes de estructura salarial muestran concentración: gran parte de los asalariados privados perciben salarios cercanos al mínimo, con poca movilidad salarial real. Esto limita la capacidad de demanda interna robusta y subraya que el Estado debe actuar con prudencia para no generar desempleo por recortes abruptos.
Comparativa regional: centroamérica mira de reojo
Para dimensionar la situación de Honduras, conviene compararla con otros países del istmo:
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En términos de deuda pública total como porcentaje del PIB, Honduras está alrededor del 42.6 % en 2024.
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En el panorama centroamericano, El Salvador y Costa Rica destacan por tener niveles más elevados: El Salvador con deuda pública que ronda el 84 % del PIB.
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Honduras lidera la región en gasto como porcentaje del PIB: para 2023 proyectó un gasto de 25.2 % del PIB, por encima de El Salvador (23.3 %) y Costa Rica (18.8 %).
Estas cifras muestran que, aunque Honduras no es el más endeudado del istmo, sí es uno de los más “gastadores” en proporción a su economía, lo cual intensifica la presión sobre su presupuesto.
Riesgos y oportunidades para las finanzas hondureñas
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Riesgo de carga de intereses: Conforme la deuda externa crece, el país debe garantizar capacidad para pagar intereses sin sacrificar servicios sociales.
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Vulnerabilidad cambiaria: Al estar gran parte del pasivo en dólares, una depreciación del lempira eleva el costo de la deuda en moneda local.
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Rigidez en el gasto: El alto peso del gasto en salarios limita la capacidad de redirigir recursos hacia inversión y crecimiento.
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Recaudación estancada: Si los ingresos fiscales no crecen, la brecha estructural persistirá.
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Espacio para reformas: Mejora de la eficiencia del gasto público, reordenamiento de nómina, fortalecimiento de recaudación y evaluación de prioridades pueden marcar la diferencia.
Finanzas en la antesala del cambio
Las finanzas públicas de Honduras están en un punto de inflexión. No es que las cuentas estén rotas, pero operan con márgenes estrechos y cada decisión —emitir nueva deuda, ajustar salarios, recortar inversión— cobra un peso político y económico mayor. Al cierre del actrual gobierno, quien asuma tendrá el reto de mantener la solvencia sin estrangular los servicios esenciales. Reordenar la estructura del gasto, fortalecer la recaudación y ajustar la composición del pasivo serán tareas urgentes para convertir una tensión fiscal latente en sostenibilidad real.
