Honduras busca convertir al agro en destino de inversión, pero el financiamiento, la productividad y el clima condicionan los resultados.
Honduras presentó en agosto la Estrategia de Incentivos para el Desarrollo del Sector Agroalimentario 2026-2030, respaldada por la FAO, con el objetivo de atraer inversión, elevar la productividad y modernizar las cadenas agroalimentarias. El sector representa alrededor del 12%-13% del PIB, genera cerca del 23% del empleo nacional y, según la FAO, supera el 35% de las exportaciones.
El problema que la estrategia intenta resolver es concreto: el agro tiene peso económico, pero enfrenta baja productividad, rezago tecnológico, vulnerabilidad climática, dificultades de acceso al crédito y problemas de articulación entre productores y mercados. El propio diagnóstico de la estrategia identifica que las tasas de interés agrícolas aumentaron de 10.5% en 2023 a 15% en 2025, una variación que afecta especialmente a los pequeños productores.
En ese punto aparece FUNDER. La Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural no es un banco ni un programa estatal: funciona como una organización hondureña privada sin fines de lucro que trabaja con cajas rurales, productores, microempresas y agronegocios, proporcionando asistencia técnica, capacitación y mecanismos de financiamiento.
¿Por qué FUNDER es relevante para la nueva estrategia agroalimentaria?
Los resultados reportados por FUNDER permiten dimensionar el tamaño de su red rural. En 2025 atendió directamente a más de 48,000 personas, agrupadas en unas 24,000 familias, y reportó alrededor de 120,000 beneficiarios indirectos.
Su cobertura llegó a 16 departamentos, 138 municipios y 1,130 comunidades, con 11 oficinas regionales. Además, fortaleció 857 cajas rurales, acompañó 557 agronegocios y registró 711 negocios con acceso a financiamiento.
La importancia de estas cifras está en la infraestructura que ya existe para canalizar recursos hacia productores que normalmente tienen dificultades para llegar al sistema financiero tradicional.
FUNDER señala que su Centro de Servicios Financieros opera tanto mediante las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito como mediante financiamiento directo a productores con potencial de crecimiento. Su objetivo es atender precisamente a parte de la población rural que queda fuera de la banca por falta de historial crediticio, garantías u otras condiciones.
¿Cuánto dinero está llegando realmente a los pequeños productores?
Uno de los movimientos más importantes de 2026 fue la reactivación de L50 millones mediante el programa AGROEMPRENDE.
En mayo, SENPRENDE y FUNDER firmaron una sexta adenda al convenio de administración de fondos para colocar esos recursos entre pequeños productores durante la siembra de primera. El mecanismo nació originalmente para apoyar a productores de granos básicos afectados por el fenómeno de El Niño de 2019.
Este monto debe ponerse en perspectiva: L50 millones no transforman por sí solos el financiamiento agrícola hondureño, pero sí muestran el tipo de mecanismo que la estrategia agroalimentaria necesita ampliar: recursos financieros combinados con asistencia técnica y acceso a mercados.
El diagnóstico de la estrategia de incentivos precisamente identifica el financiamiento como una de las principales restricciones para que pequeños productores puedan adoptar tecnología, aumentar escala y competir en mercados formales.
¿Qué demuestra el caso de las hortalizas en Azacualpa?
Un proyecto reciente en la Montaña de Azacualpa muestra cómo puede funcionar un modelo más completo.
La inversión alcanza L8.21 millones y combina:
- L4.24 millones aportados por el Gobierno mediante ComRural.
- L2.15 millones en financiamiento de Banco Ficohsa.
- L1.82 millones de contraparte privada de PROVIASA.
- Asistencia técnica empresarial de FUNDER.
El proyecto beneficia directamente a 76 productores, de los cuales 23 son mujeres y 53 jóvenes. Incluye semillas, insumos, financiamiento, asistencia técnica, buenas prácticas agrícolas y manufactureras, además de equipo para lavar zanahoria y agregar valor antes de su comercialización.
El objetivo económico también está cuantificado: se espera elevar al menos 20% los ingresos de los productores y de la empresa.
Aquí está una de las claves de la estrategia nacional: la inversión no se limita a producir más toneladas. Busca conectar producción, financiamiento, transformación, estándares de calidad y comprador final.
En este caso, la cadena busca fortalecer la relación con Supermercados La Colonia, reduciendo la distancia entre el productor rural y el mercado formal.
¿Qué tamaño puede alcanzar este modelo de inversión?
El programa De Mi Tierra, desarrollado por Supermercados La Colonia, Banco Ficohsa y FUNDER, ofrece otro indicador.
A agosto de 2026, el programa acumulaba L259.6 millones en financiamiento, distribuidos mediante 3,056 créditos, con 2,185 agricultores beneficiados y 10,925 beneficiarios directos.
Durante sus 18 años de operación, las compras de La Colonia alcanzaron 123.1 millones de libras de productos agrícolas, equivalentes a L1,379 millones comprados a productores.
Este dato es particularmente importante para la política agroalimentaria porque demuestra que el crédito tiene mayor impacto cuando existe un mercado identificado.
En febrero, La Colonia, Ficohsa y FUNDER incorporaron además el proyecto OCIDA-MEDA, con el objetivo de ampliar oportunidades para más de 1,000 pequeños productores, especialmente mujeres y jóvenes, en La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.
¿Dónde está el principal riesgo para atraer inversión al agro?
El riesgo no está solamente en conseguir dinero. Está en que el capital encuentre productores capaces de utilizarlo productivamente y devolverlo.
La propia estrategia 2026-2030 identifica varios obstáculos:
- Tenencia informal de la tierra.
- Falta de garantías para obtener crédito.
- Tasas agrícolas más altas.
- Rezago tecnológico.
- Baja productividad.
- Vulnerabilidad climática.
- Insuficiente asistencia técnica.
- Problemas de comercialización.
La subida de las tasas agrícolas de 10.5% a 15% entre 2023 y 2025 es particularmente relevante para los pequeños productores porque aumenta el costo de adoptar tecnología, instalar riego, comprar maquinaria o ampliar áreas productivas.
Por eso, una política que solamente incremente el crédito podría aumentar el endeudamiento sin resolver la productividad.
¿Cómo está cambiando el financiamiento rural?
FUNDER también está avanzando en financiamiento climático. Su proyecto de financiamiento verde reportó más de 3,000 pequeños productores atendidos, más de 9,000 manzanas bajo tecnologías y prácticas climáticamente inteligentes y más de US$1.2 millones colocados para actividades productivas sostenibles.
El proyecto también desarrolló cinco productos crediticios especializados y reportó un incremento de aproximadamente 10% en la productividad de las fincas beneficiarias frente a su situación previa al financiamiento.
Ese modelo resulta especialmente relevante en 2026 porque Honduras enfrenta una presión climática creciente sobre el agro.
La sequía ya está afectando al Corredor Seco. Una evaluación citada por Reuters reportó que aproximadamente 91,000 hogares rurales fueron afectados por la situación climática en municipios evaluados de Guatemala, Honduras y El Salvador, mientras más de 70,000 hogares productores de maíz reportaron pérdidas catastróficas de cosecha.
El riesgo para los inversionistas es evidente: un proyecto agrícola puede tener financiamiento, tecnología y mercado, pero una pérdida climática severa puede deteriorar simultáneamente producción, ingresos y capacidad de pago.
¿Qué está haciendo el Gobierno para complementar la inversión privada?
La inversión agroalimentaria también está recibiendo recursos públicos y multilaterales.
El proyecto ProOccidente, ejecutado por la SAG, incorporó US$14.23 millones para su segunda etapa de fortalecimiento productivo dentro de una cartera de US$17.79 millones financiada por el BID y el Fondo Español para el Desarrollo Sostenible.
Más de 4,265 productores incorporarán tecnologías climáticamente inteligentes, con énfasis en zonas vulnerables del corredor seco.
La FAO, por su parte, mantiene asistencia técnica específica para promover y desarrollar inversiones en el sector agroalimentario hondureño mediante un proyecto de US$203,000, vigente entre 2024 y 2026. También mantiene programas vinculados con agricultura familiar, seguridad alimentaria, resiliencia climática y transformación de sistemas alimentarios.
Esto muestra que la estrategia 2026-2030 no parte de cero: se está construyendo sobre una combinación de cooperación internacional, recursos públicos, banca, empresas compradoras y organizaciones de desarrollo rural.
¿Qué debe ocurrir para que la estrategia genere inversión y no solamente proyectos?
El documento presentado por Gobierno, FAO y aliados establece cinco áreas estratégicas: transformación productiva y tecnológica, inclusión financiera, gobernanza, asociatividad y acceso a mercados, y adaptación al cambio climático.
El desafío consiste ahora en convertir esos cinco ejes en indicadores medibles de inversión.
Para Honduras, los resultados deberían poder medirse en variables concretas:
- Nuevos créditos agrícolas colocados.
- Hectáreas incorporadas a tecnologías productivas.
- Incrementos de rendimiento por hectárea.
- Productores integrados a mercados formales.
- Nuevas plantas de transformación y almacenamiento.
- Exportaciones agroalimentarias adicionales.
- Empleos rurales generados.
- Inversión privada movilizada por cada lempira público.
- Reducción de pérdidas por sequía y otros eventos climáticos.
FUNDER puede ocupar una posición relevante en esa arquitectura porque ya cuenta con una red de 857 cajas rurales, 557 agronegocios acompañados y presencia en 138 municipios, mientras la estrategia nacional intenta precisamente ampliar financiamiento, tecnología y acceso a mercados.
¿Cuál es la conclusión económica?
Honduras no enfrenta una falta absoluta de iniciativas para financiar el campo. El problema es la escala, la productividad y la capacidad de convertir pequeños proyectos en cadenas productivas competitivas.
Los datos recientes muestran que existen modelos que ya combinan capital, asistencia técnica y mercado: L259.6 millones financiados en De Mi Tierra, L50 millones reactivados mediante AGROEMPRENDE, L8.21 millones en horticultura en Azacualpa y US$14.23 millones para fortalecer la producción en Occidente.
El siguiente paso de la estrategia 2026-2030 será determinar si estos modelos pueden crecer desde cientos o miles de productores hasta convertirse en una plataforma nacional de inversión agroalimentaria.
El riesgo principal es que el crédito crezca más rápido que la productividad. La oportunidad está en hacer lo contrario: que cada nuevo lempira invertido produzca más, llegue a mercados formales y reduzca la vulnerabilidad climática del productor.
Fuentes : FAO, CNI, SAG, FUNDER, SENPRENDE, CNBS, Supermercados La Colonia, Banco Ficohsa y Reuters.
