Anabel Gallardo advierte que la exoneración es temporal y urge consolidarla para sostener exportaciones, inversión y competitividad.
“Es positivo, pero no suficiente”. Con esa frase, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Anabel Gallardo, resumió el momento que vive la industria exportadora. Estados Unidos suspendió temporalmente ciertos aranceles, pero la medida —advierte el sector privado— es apenas un respiro en un entorno comercial volátil y político.
La exoneración beneficia de forma directa a la maquila textil y al sector agroindustrial, dos motores que, según cifras del Banco Central de Honduras, concentran una parte sustancial de las exportaciones hacia el mercado estadounidense. Sin embargo, Gallardo insiste en que el país debe “negociar su permanencia” con la administración de Donald Trump, ya que la decisión no es estructural ni definitiva.
El fallo que cambió el tablero
El nuevo escenario surge tras un fallo de la justicia estadounidense que determinó que el entonces presidente Trump no tenía autoridad para imponer ciertos aranceles recíprocos. En respuesta, Washington estableció un arancel general del 10% para productos de múltiples países, aunque incluyó excepciones estratégicas para México, Canadá y los miembros del CAFTA-DR, entre ellos Honduras.
Ese detalle no es menor. Honduras exporta a Estados Unidos más del 40% de su oferta externa, de acuerdo con estadísticas oficiales del comercio exterior. En ese contexto, mantener una ventaja arancelaria frente a competidores asiáticos o sudamericanos puede significar millones en contratos, nuevas plantas de ensamblaje y estabilidad laboral en zonas francas del norte del país.
Competitividad en juego
Gallardo explicó que la prioridad inmediata es socializar la información entre empresarios y reforzar la gestión diplomática. “No podemos asumir que esto es permanente; debemos trabajar para consolidarlo”, señaló, aludiendo a la necesidad de una estrategia coordinada entre sector privado y gobierno para blindar la ventaja comparativa.
El impacto potencial es tangible. Según estimaciones empresariales, la combinación de exoneración arancelaria y estabilidad jurídica puede traducirse en:
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Mayor inversión extranjera directa en maquila y agroindustria.
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Protección de miles de empleos vinculados a exportaciones.
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Mejor posicionamiento frente a Asia en textiles y manufacturas ligeras.
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Incremento en divisas, clave para estabilidad macroeconómica.
La competitividad no se define solo por salarios o productividad, sino también por acceso preferencial a mercados estratégicos.
Presupuesto bajo la lupa empresarial
La discusión comercial coincidió con el debate del presupuesto nacional aún pendiente de aprobación. Gallardo exhortó al Ejecutivo a mejorar la eficiencia del gasto público y evitar que los recursos se orienten principalmente a burocracia, una crítica recurrente del sector privado en los últimos años.
La dirigente también lamentó que una parte significativa del presupuesto se destine a cubrir demandas y obligaciones derivadas de procesos legales, recursos que, a su criterio, deberían invertirse en salud, educación e infraestructura. “La carga tributaria debe traducirse en productividad y desarrollo”, sostuvo, al remarcar que el gasto improductivo erosiona la competitividad estructural del país.
El contexto regional y la presión global
En el plano macro, la coyuntura ocurre en un momento de reconfiguración comercial global. Estados Unidos revisa su política arancelaria en un entorno de tensiones geopolíticas y relocalización de cadenas de suministro. Centroamérica, bajo el paraguas del CAFTA-DR, busca capitalizar el fenómeno de nearshoring que ha beneficiado particularmente a México.
Para Honduras, la exoneración temporal es una ventaja comparativa que puede atraer inversiones que hoy evalúan instalarse en Asia o América del Sur. Pero el margen es estrecho. Sin un acuerdo permanente y sin disciplina fiscal interna, la oportunidad podría diluirse. El alivio arancelario ofrece una ventana estratégica; transformarla en crecimiento sostenido dependerá de negociación diplomática, estabilidad normativa y eficiencia en el uso de recursos públicos.
