Voto por voto o golpe institucional: la batalla jurídica que exhibe si la Corte suma….o resta

Recursos ante la Corte buscan frenar un decreto que expertos califican como inconstitucional y peligroso para la soberanía popular.

Una sesión cuestionada, un decreto polémico y un pedido urgente a la Corte Suprema. “Este decreto nació abortivo”, advierte un abogado mientras juristas activan recursos para frenar una norma que intenta recontar votos ya declarados. El fondo del debate es simple y brutal: si el Congreso puede o no desconocer la voluntad expresada en las urnas.

Un decreto que reabre una elección ya cerrada

El Decreto 58-2025, aprobado el 8 de enero de 2026, ordena al Consejo Nacional Electoral realizar un escrutinio general “voto por voto” de las 19,167 juntas receptoras de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, pese a que el proceso ya cuenta con una declaratoria oficial.

Según los juristas invitados al programa Frente a Frente, la norma no solo contradice el marco electoral vigente, sino que desconoce un acto firme de un órgano autónomo, sentando un precedente que habilita al Poder Legislativo a intervenir en resultados electorales ya definidos.

“Un adefesio jurídico”: la ofensiva legal contra el decreto

El abogado Fernando González fue contundente al describir la estrategia jurídica desplegada contra el decreto. Explicó que se interpusieron denuncias penales y recursos de inconstitucionalidad para frenar lo que considera un atropello directo a la Constitución.

“Esto es una asociación para delinquir desde el poder”, sostuvo González, al detallar acciones presentadas contra diputados, autoridades del Ejecutivo y funcionarios que dieron viabilidad a la norma. También señaló que el decreto viola la Ley Orgánica del Poder Legislativo al haberse aprobado sin quórum válido.

Irregularidades que ponen en duda la sesión legislativa

El abogado Jaime Rodríguez, representante de diputados electos de los partidos Liberal y Nacional, afirmó que la sesión del 8 de enero estuvo marcada por vicios insubsanables que comprometen su legalidad.

Entre las irregularidades denunciadas se destacan:

• Suplantación de curules, con suplentes votando pese a la presencia de propietarios

• Ocupación de bancadas opositoras para simular quórum

• Violación del reglamento interno del Congreso

• Aprobación acelerada sin debate ni dictamen técnico

Rodríguez advirtió que estas prácticas no son errores administrativos, sino mecanismos deliberados para fabricar legalidad, lo que agrava el impacto institucional del decreto.

El amparo estructural: una figura inédita para proteger la democracia

La abogada Ruth Lafosse introdujo un elemento clave en la discusión: el amparo electoral de carácter estructural, una acción inédita en Honduras que busca proteger no a un individuo, sino al sistema democrático en su conjunto.

“Los ciudadanos son los titulares del poder soberano”, explicó Lafosse, al sostener que el voto no es solo un acto político, sino un derecho que debe alcanzar eficacia jurídica real para garantizar la alternabilidad.

Detalló que este tipo de amparo permite a la Corte Suprema suspender de inmediato el decreto, aplicando medidas cautelares para evitar un quiebre institucional antes de que el daño sea irreversible.

El Congreso y los límites del poder

La abogada Nilia Ramos reforzó la tesis de la inconstitucionalidad al recordar que el Congreso no tiene facultades para ordenar conteos de votos una vez que el CNE ha emitido su declaratoria oficial.

Explicó que el artículo 202, numeral 5, de la Constitución fue aplicado de forma incorrecta, ya que el Consejo cumplió con su competencia dentro de los plazos y procedimientos legales. “No existe vacío que el Congreso pueda llenar”, afirmó.

Ramos subrayó que permitir esta intromisión abriría la puerta a que cualquier mayoría legislativa futura intente reescribir elecciones, erosionando la confianza pública en el sistema electoral.

Alternancia, Fuerzas Armadas y el rol de la Corte

En medio del clima de tensión, Jaime Rodríguez destacó que existe un liderazgo profesional en las Fuerzas Armadas que comprende su rol constitucional y no se prestará a maniobras políticas.

Por su parte, el dirigente Leonel Núñez recordó que el artículo 375 de la Constitución obliga a todo ciudadano a colaborar en el restablecimiento de su vigencia efectiva. “Defender la Constitución no es una opción, es un deber”, sostuvo.

Todas las miradas están ahora puestas en la Sala de lo Constitucional, que deberá pronunciarse en un plazo breve. El fallo, coinciden los juristas, marcará si Honduras resuelve esta crisis con derecho o con poder, justo antes de la instalación del nuevo Congreso el 25 de enero.