Tegucigalpa, Honduras — Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en Honduras para evaluar el avance de los programas económicos del país, mientras que el debate sobre la controversial Ley de Justicia Tributaria continúa generando fricción entre el gobierno, la empresa privada y expertos económicos. La visita del FMI, liderada por Emilio Fernández Corugedo, busca fortalecer la estabilidad macroeconómica y las finanzas sostenibles, con un enfoque en la protección de los sectores más vulnerables.
La postura del FMI: un respaldo al espacio fiscal
El FMI ha elogiado la prudencia fiscal de Honduras y la acumulación de reservas internacionales, destacando que el programa actual ha sido exitoso en mantener la estabilidad. No obstante, el organismo ha reiterado la necesidad de crear mayor espacio fiscal para la inversión pública y el gasto social, y ha señalado que las exoneraciones fiscales en Honduras son significativamente más altas que en otros países de la región. En este contexto, la reforma tributaria se posiciona como un eje central de la agenda económica del gobierno. El apoyo del FMI, según Corugedo, se centra en las políticas que promuevan un crecimiento equitativo y sostenible, y también se confirmó que el organismo trabaja con diversos sectores del país de cara a la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en 2026.
La crítica desde el sector privado y la academia
Pese al respaldo del FMI a una reforma, la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria ha encontrado fuerte oposición. Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), cuestionó la insistencia del gobierno en aprobar la ley, argumentando que ya no es parte de las metas estructurales del programa con el FMI. Herrera también señaló que la iniciativa está siendo empaquetada con otras reformas, dificultando el consenso. Para el Cohep, la prioridad del FMI se limita a la estabilidad macroeconómica, sin considerar el crecimiento de sectores clave como el agropecuario e industrial.
Por su parte, el economista Roberto Lagos calificó la Ley de Justicia Tributaria como «incompleta». Lagos criticó que la propuesta no incluye la reducción de impuestos ni aborda de manera integral la problemática de las exoneraciones. El economista mencionó que el gobierno no ha sabido eliminar ciertas exenciones tributarias, como el subsidio de seis mil millones de lempiras en combustibles, lo cual es un gasto significativo. Finalmente, Lagos aclaró que aunque el FMI apoya el programa general del gobierno que incluye la reforma, esto no significa que respalde la iniciativa específica de la Ley de Justicia Tributaria desde una perspectiva política.
El debate evidencia una clara división de posturas: el gobierno, respaldado por la visión macroeconómica del FMI, busca una reforma que incremente la recaudación, mientras que el sector privado y expertos académicos exigen una propuesta más integral que también contemple la reducción de impuestos y un diálogo más constructivo.
