Granos básicos: Prograno pide eliminar el 15% al secado y transporte antes de la cosecha

La solicitud de Prograno al Congreso llega justo cuando Honduras entra en la etapa decisiva de la cosecha de postrera y después de un año marcado por sequía, menores rendimientos y mayores costos de producción. El punto central no es solamente tributario: es cuánto termina costando llevar el grano del campo al mercado.

SOYDATOS EXPRESS

• 15%: es el impuesto que Prograno pide eliminar sobre los servicios de secado y transporte de granos.
• 1 millón de quintales: volumen que, según la organización, estaría alcanzado por el impacto de estos costos.
• Última semana de septiembre: fecha prevista por Prograno para el inicio de la cosecha nacional.
• 75 municipios: están bajo alerta roja por los efectos de la sequía, según la SAG.
• L1,500 millones: programa gubernamental de incentivos para fortalecer la producción agropecuaria y enfrentar las condiciones climáticas.

El problema no es solamente el 15%

Dulio Medina, presidente de Prograno, pidió al Congreso Nacional exonerar el impuesto que, según la organización, se aplica al secado y transporte de granos. Los productores sostienen que estos servicios se han encarecido y que el impuesto agrega presión sobre una actividad que ya enfrenta bajos rendimientos y mayores costos de insumos.

Aquí conviene hacer una precisión importante: no significa que el 15% se aplique directamente sobre el valor del maíz o del frijol. La solicitud de Prograno se refiere al impuesto aplicado a los servicios de secado y transporte.

Eso cambia la lectura económica. Si un productor paga por secar y transportar su cosecha, el impuesto incrementa el costo de esa etapa de comercialización. Y ese costo puede terminar reduciendo el margen del productor, aumentar el precio al comprador o repartirse entre los distintos participantes de la cadena.

El SAR explica que el Impuesto Sobre Ventas se aplica tanto a determinadas ventas de bienes como a servicios prestados en Honduras.

¿Por qué el momento es particularmente delicado?

Porque la petición llega cuando el sector agrícola está tratando de recuperar producción después de meses complicados por el clima.

El Gobierno mantiene medidas de emergencia en 75 municipios bajo alerta roja por sequía y ha destinado recursos para semillas, fertilizantes, agua, pozos, bombas solares y sistemas de riego.

La SAG también reportó recientemente la entrega de 1,333 incentivos agrícolas en Copán, de los cuales 636 correspondieron a productores de maíz y 697 a productores de frijol.

Es decir, existe una contradicción económica que merece atención: el Estado está colocando recursos para sostener la producción mientras los productores están pidiendo reducir un costo tributario que incide precisamente en la etapa posterior a la cosecha.

No necesariamente son políticas incompatibles, pero sí forman parte de la misma ecuación.

El secado puede convertirse en un cuello de botella

El secado no es un detalle menor. Cuando el productor cosecha, el grano debe alcanzar condiciones adecuadas de humedad para almacenamiento y comercialización. Eso requiere infraestructura, energía, equipos, transporte y servicios especializados.

Por eso, cuando Prograno habla de cerca de un millón de quintales, está poniendo sobre la mesa un volumen considerable de producto que debe pasar por esa cadena.

Un ejemplo sencillo ayuda a entender el impacto: si un productor paga L100 por un servicio sujeto al 15%, el impuesto representa L15 adicionales. Si el servicio cuesta L1,000, serían L150.

El efecto real sobre el productor dependerá del precio del servicio y de quién termina absorbiendo ese impuesto.

Ese es precisamente uno de los datos que haría falta conocer para medir el impacto económico total de la propuesta: cuánto pagan actualmente los productores por quintal por secado y transporte y qué proporción representa ese costo dentro del precio final del grano.

¿Puede trasladarse al consumidor?

Sí puede ocurrir, pero no es automático. La cadena tiene varios participantes: productor, acopiador, secador, transportista, comerciante, industria y consumidor. Un aumento en cualquiera de esas etapas puede reducir márgenes o trasladarse parcialmente hacia adelante.

En productos básicos, el efecto merece atención porque maíz, frijol y otros granos forman parte de la alimentación cotidiana de los hogares.

Pero sería incorrecto afirmar que eliminar el 15% necesariamente reducirá en la misma proporción el precio al consumidor.

El resultado dependerá de cuánto representa ese impuesto dentro del costo total de comercialización y de cómo se distribuye el ahorro a lo largo de la cadena.

Ahí está uno de los puntos que el Congreso debería cuantificar antes de decidir.

La sequía hace más importante cada quintal producido

El contexto climático vuelve todavía más sensible la discusión.

La SAG ha reconocido los efectos de la sequía y mantiene programas para proteger la producción. En agosto informó que 234 de los 298 municipios del país estaban bajo algún nivel de alerta por los efectos de El Niño. También planteó una inversión de US$40 millones anuales durante diez años para incorporar unas 60,000 hectáreas adicionales bajo riego.

Además, en septiembre el Gobierno anunció US$14.23 millones para fortalecer la productividad agrícola en el occidente mediante tecnologías climáticamente inteligentes, con más de 4,265 productores previstos en esta etapa.

La lógica económica es clara: cuando producir un quintal cuesta más y los rendimientos son menores, cada costo posterior a la cosecha adquiere mayor peso.

Por eso la discusión sobre secado y transporte no debería separarse de la discusión sobre productividad.

La otra petición: los fondos de Banadesa

En la reunión con diputados también apareció otro asunto: Prograno cuestiona que un decreto publicado en La Gaceta, según su planteamiento, cubra solamente dos tipos de fondos de Banadesa y deje fuera los fondos 64 y 65 mencionados por los productores. La organización espera que la Comisión de Agricultura lleve el tema al pleno.

Este punto necesita una revisión documental del decreto y de la normativa específica de esos fondos antes de establecer exactamente qué productores y operaciones están cubiertos o excluidos.

Pero la preocupación de fondo sí es relevante: el crédito y el costo de producción están conectados.

Si el productor enfrenta menor rendimiento, mayores costos y dificultades climáticas, la disponibilidad de financiamiento en condiciones adecuadas se vuelve parte de la capacidad de recuperar la inversión.

¿Qué debería medir el Congreso?

Más allá de aprobar o rechazar la solicitud, hay cuatro números que permitirían evaluar mejor la propuesta:

Con esos datos sería posible estimar cuánto cuesta realmente el impuesto al productor y cuánto podría significar una eventual exoneración para toda la cadena.

La mirada de la Directora

Esta discusión llega en un momento en que Honduras necesita que cada quintal producido llegue al mercado con la menor pérdida posible de valor.

El problema del agro hondureño no comienza ni termina con los impuestos. Está en la productividad, el clima, los insumos, el financiamiento, el agua, la infraestructura de almacenamiento y la comercialización.

Pero precisamente por eso cada costo importa. La petición de Prograno merece ser analizada con números, no solamente desde la posición del productor o desde la recaudación fiscal. El dato que falta es cuánto representa realmente ese 15% en lempiras por quintal y cuánto de una eventual exoneración terminaría beneficiando al productor, al comprador o al consumidor.

Ese es el cálculo que puede convertir una demanda sectorial en una decisión de política agrícola con impacto medible.