La regulación de Airbnb busca equilibrar competencia, ampliar la recaudación tributaria y fortalecer la gobernanza del turismo en Honduras.
El sector hotelero plantea reglas fiscales iguales para todos los prestadores de hospedaje, mientras el Gobierno prepara una actualización integral del marco regulatorio del turismo.
La discusión sobre la regulación de Airbnb y otras plataformas de hospedaje de corta estancia llegó al centro del debate turístico en Honduras. La Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras (HOPEH) solicitó que todos los establecimientos que ofrecen alojamiento mediante plataformas digitales estén obligados a facturar, registrarse y pagar impuestos, argumentando que la competencia debe desarrollarse bajo las mismas reglas para todos los actores del mercado.
La propuesta coincide con el proceso de reforma integral a la Ley de Turismo impulsado por el Gobierno, que busca actualizar la legislación para responder al crecimiento del turismo, incorporar nuevas modalidades de hospedaje y fortalecer la gobernanza del sector.
¿Por qué los hoteles piden regular Airbnb?
La presidenta de HOPEH, Dina Lisseth Núñez, explicó que la organización no pretende impedir el funcionamiento de Airbnb ni de otras plataformas similares, sino establecer condiciones equivalentes para todos los prestadores de servicios turísticos.
Según la dirigente, la asociación ha identificado una amplia oferta de casas, apartamentos y edificios que operan mediante plataformas digitales sin estar sujetos al mismo régimen tributario y regulatorio que cumplen los hoteles tradicionales.
«Queremos trabajar todos en igualdad de condiciones. Todos facturando y todos pagando impuestos», manifestó Núñez al referirse a la necesidad de fortalecer la formalidad del sector turístico.
¿Qué impacto económico tiene Airbnb en el turismo?
El crecimiento de plataformas como Airbnb ha transformado la industria del hospedaje en prácticamente toda América Latina.
Su modelo permite que propietarios particulares alquilen viviendas completas o habitaciones por períodos cortos, ampliando significativamente la oferta de alojamiento, especialmente en destinos turísticos donde la infraestructura hotelera resulta limitada.
Sin embargo, ese crecimiento también ha abierto debates regulatorios relacionados con la competencia, la recaudación tributaria, la protección del consumidor, la seguridad de los visitantes y la planificación urbana.
En varios mercados internacionales, los gobiernos han optado por establecer registros obligatorios, límites de operación y obligaciones fiscales similares a las exigidas al sector hotelero formal.
¿Cómo regulan Airbnb otros países de Centroamérica?
La petición de HOPEH toma como referencia experiencias regionales.
De acuerdo con la organización, Costa Rica y Guatemala ya cuentan con marcos regulatorios que obligan a este tipo de plataformas y establecimientos a cumplir determinadas obligaciones fiscales y administrativas.
En Costa Rica, por ejemplo, los alojamientos comercializados mediante plataformas digitales deben inscribirse ante la administración tributaria y cumplir con el pago de impuestos cuando corresponda.
Este tipo de regulación busca reducir la competencia informal sin limitar el desarrollo de la economía digital ni restringir nuevas modalidades de alojamiento.
Para Honduras, la experiencia regional representa un referente importante en momentos en que el turismo registra uno de sus mayores ritmos de crecimiento de los últimos años.
¿Qué plantea la reforma a la Ley de Turismo?
El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, confirmó que el Gobierno trabaja en una reforma integral a la legislación turística con apoyo técnico de ONU Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas.
El objetivo consiste en revisar experiencias internacionales y adaptar la normativa hondureña a las nuevas dinámicas del mercado turístico.
Entre los principales ejes de la reforma destacan:
- Regulación de alojamientos actualmente no registrados.
- Ordenamiento de las operaciones turísticas.
- Fortalecimiento de la gobernanza del sector.
- Actualización de los mecanismos de supervisión y registro.
Según Ehrler, el crecimiento del turismo debe estar acompañado por reglas claras que permitan ordenar la actividad económica y garantizar condiciones equitativas para todos los participantes.
¿Qué gana Honduras con una mayor formalización del turismo?
La formalización del sector turístico tiene efectos que van más allá del cumplimiento tributario.
Cuando un mayor número de establecimientos factura oficialmente, el Estado incrementa la recaudación fiscal, mejora la trazabilidad de la actividad económica y dispone de información más precisa para diseñar políticas públicas.
Asimismo, el registro oficial de alojamientos fortalece la seguridad turística, facilita la promoción internacional del destino y permite elevar los estándares de calidad exigidos por el mercado.
Para un país que busca consolidar el turismo como uno de sus principales motores económicos, contar con estadísticas completas sobre la oferta de hospedaje también mejora la planificación de inversiones públicas y privadas.
¿Cómo evoluciona el turismo hondureño frente a este debate?
El debate ocurre en un contexto de expansión del turismo nacional.
Durante el primer semestre de 2026, Honduras recibió más de 1.8 millones de visitantes internacionales, reflejando uno de los mayores crecimientos turísticos de la región, según datos oficiales del Instituto Hondureño de Turismo (IHT).
Este dinamismo incrementa la demanda de alojamiento y explica la rápida expansión de nuevas modalidades de hospedaje administradas mediante plataformas digitales.
A medida que aumenta el flujo de visitantes, también crece la necesidad de establecer reglas que permitan integrar hoteles tradicionales, emprendimientos familiares y plataformas tecnológicas dentro de un mismo marco regulatorio.
¿Puede la nueva Ley de Turismo redefinir la competencia del sector?
La futura reforma representa una oportunidad para actualizar una legislación diseñada antes de la expansión de plataformas digitales como Airbnb.
El desafío para las autoridades será encontrar un equilibrio entre fomentar la innovación, mantener la competitividad del turismo hondureño y garantizar que todos los prestadores de servicios operen bajo principios de transparencia, seguridad y cumplimiento tributario.
Si la reforma logra armonizar esos objetivos, Honduras podría fortalecer la confianza de inversionistas, mejorar la recaudación pública y consolidar un modelo turístico más competitivo y sostenible, alineado con las tendencias regulatorias que ya avanzan en otros países de Centroamérica.
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