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Los L16 mil millones que Honduras pierde y Asfura busca recuperar

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La reforma busca reducir pérdidas millonarias de la ENEE y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico hondureño.

El presidente Nasry Asfura remitió al Congreso Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Reforma del Subsector Eléctrico con el objetivo de reducir pérdidas e ineficiencias que, según datos oficiales, generan un impacto superior a L16 mil millones anuales. La iniciativa contempla una reorganización operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y busca fortalecer la sostenibilidad financiera de una de las instituciones más relevantes para la economía hondureña.

La propuesta llega en un contexto marcado por debates sobre la estabilidad del suministro eléctrico, la necesidad de atraer inversión y los desafíos financieros acumulados por el sector energético. De aprobarse, la reforma podría convertirse en una de las modificaciones estructurales más relevantes para la ENEE durante los próximos años.

¿Por qué el Gobierno considera urgente reformar el sistema eléctrico?

La pérdida anual de más de L16 mil millones representa uno de los principales desafíos para las finanzas del sector eléctrico hondureño. Según el Ejecutivo, esos recursos podrían destinarse a áreas estratégicas como salud, educación, infraestructura, seguridad y programas de asistencia social.

El planteamiento gubernamental parte de una premisa económica sencilla: cada lempira que se pierde por ineficiencias operativas, problemas de gestión o debilidades estructurales reduce la capacidad del Estado para financiar inversiones públicas prioritarias.

La situación también tiene implicaciones para la competitividad nacional. Diversos organismos multilaterales y sectores empresariales han señalado que la estabilidad financiera de las empresas eléctricas estatales constituye un elemento relevante para fortalecer la confianza de inversionistas y mejorar las condiciones para el crecimiento económico.

¿Qué cambios propone Nasry Asfura para la ENEE?

El proyecto plantea una reorganización interna basada en la especialización de tres áreas fundamentales:

  • Generación
  • Transmisión
  • Distribución

La propuesta establece que estas actividades funcionen bajo esquemas operativos diferenciados, pero manteniendo la propiedad estatal de la institución y la rectoría del Estado sobre el sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con el documento presentado por el Ejecutivo, el objetivo es mejorar los mecanismos de gestión, aumentar la eficiencia administrativa y facilitar la supervisión de los resultados de cada área.

La especialización de funciones es una práctica utilizada en distintos países de América Latina para mejorar el control operativo de los sistemas eléctricos y aumentar la transparencia en la asignación de responsabilidades.

¿La reforma implica una privatización de la ENEE?

Uno de los aspectos que el Gobierno ha enfatizado es que la iniciativa no contempla la privatización de la empresa estatal.

El presidente Nasry Asfura afirmó que la propuesta busca fortalecer la capacidad operativa de la ENEE y garantizar un servicio más confiable para los usuarios. Según la posición oficial, la reforma mantiene intacta la propiedad pública de la institución y preserva el control estatal sobre los activos estratégicos del sistema eléctrico.

La aclaración responde a un debate histórico presente en Honduras desde las primeras reformas energéticas impulsadas durante las últimas décadas. Los cambios relacionados con la ENEE suelen generar preocupación en distintos sectores debido al papel que la empresa desempeña en el suministro de electricidad y en la economía nacional.

Por ello, el Gobierno ha colocado especial énfasis en presentar la reforma como un proceso de modernización administrativa más que como una transformación del régimen de propiedad.

¿Qué impacto puede tener la reforma sobre la inversión y la economía?

La sostenibilidad financiera del sistema eléctrico es observada de cerca por inversionistas nacionales e internacionales.

Un sector energético con menores pérdidas y una estructura administrativa más eficiente puede contribuir a mejorar la percepción de estabilidad institucional, facilitar la planificación de inversiones y fortalecer la competitividad del país frente a otros mercados de la región.

En sectores como manufactura, agroindustria, logística y servicios, la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico constituyen factores determinantes para las decisiones empresariales. Por ello, las reformas orientadas a mejorar la gestión energética suelen tener efectos que trascienden el ámbito técnico.

Además, la reducción de pérdidas podría aliviar presiones fiscales futuras y disminuir la necesidad de destinar recursos públicos extraordinarios para cubrir desequilibrios financieros dentro del sector eléctrico.

¿Qué papel tendrá el Congreso Nacional en la discusión de la reforma?

La iniciativa será analizada por el Congreso Nacional, presidido por Tomás Zambrano, instancia que deberá evaluar el contenido técnico, jurídico y financiero de la propuesta antes de cualquier eventual aprobación.

El debate legislativo podría incorporar observaciones de sectores empresariales, sindicatos, organizaciones de sociedad civil y especialistas en energía. La discusión también tendrá relevancia institucional porque involucra una de las empresas públicas más importantes del país y una actividad estratégica para el desarrollo económico.

Históricamente, las reformas relacionadas con la ENEE han generado amplios debates sobre sostenibilidad financiera, gobernanza, transparencia y calidad del servicio. Por ello, la deliberación parlamentaria podría convertirse en un espacio clave para definir el alcance definitivo de los cambios planteados por el Ejecutivo.

¿Cómo se conecta esta reforma con la gobernabilidad y la confianza institucional?

El desempeño del sistema eléctrico tiene efectos directos sobre la percepción de capacidad estatal. Cuando las instituciones responsables de un servicio esencial enfrentan problemas financieros persistentes, aumentan las preocupaciones sobre eficiencia pública, sostenibilidad presupuestaria y calidad de la gestión.

Organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han señalado en distintos informes la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control dentro de las empresas públicas.

Desde esa perspectiva, la reforma propuesta por el Ejecutivo también abre un debate sobre gobernanza institucional. Más allá de la reorganización operativa, la discusión de fondo gira en torno a la capacidad del Estado para administrar eficientemente recursos estratégicos y garantizar servicios confiables para ciudadanos y sectores productivos.

Los L16 mil millones que podrían redefinir el futuro de la ENEE

La propuesta presentada por Nasry Asfura coloca nuevamente al sistema eléctrico en el centro de la agenda pública. El Gobierno sostiene que las pérdidas superiores a L16 mil millones anuales limitan la capacidad de inversión del Estado y reducen recursos que podrían destinarse a áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Ahora la discusión pasa al Congreso Nacional, donde los diputados deberán determinar si la reorganización planteada ofrece una ruta viable para fortalecer la ENEE, mejorar la eficiencia del sistema y recuperar recursos que hoy representan uno de los mayores desafíos financieros del sector energético hondureño. Lo que ocurra en ese debate tendrá implicaciones que van más allá de la electricidad: afectará la confianza institucional, la competitividad económica y la capacidad del país para sostener su crecimiento en los próximos años.

Por Linda Gutiérrez

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