Tegucigalpa. Honduras enfrenta una convergencia catastrófica: aranceles del 10% impuestos por EE.UU. a sus exportaciones, un sistemático debilitamiento de sus instituciones y elecciones generales en noviembre bajo sombras de desconfianza. Esta triple crisis amenaza con revertir décadas de frágil crecimiento. Las exportaciones a EE.UU. —que representan el 52.6% ($5,809.6 millones en 2024) y sostienen sectores clave como la maquila (70.36% de las ventas externas), el agro y la industria automotriz— están en la mira. El gobierno de Xiomara Castro responde con retórica confrontativa, mientras analistas prevén un golpe de $200 millones solo por los aranceles, sumado a la fuga de inversiones por inseguridad jurídica .
El golpe arancelario: ¿»oportunidad» o excusa para la inacción?
La imposición de aranceles por EE.UU. ha dividido al país. Mientras el gobierno minimiza el impacto, líderes empresariales como Daniel Facussé (Asociación Hondureña de Maquiladores) insisten en ver una «ventana de oportunidad»: los competidores asiáticos sufrirán tasas del 35-60%, haciendo relativamente más baratos los productos hondureños. Sin embargo, esta frágil ventaja exige acciones urgentes: agilizar trámites aduaneros, invertir en infraestructura y garantizar seguridad jurídica. Hasta ahora, el Estado no presenta un plan concreto. Peor aún: la posible reciprocidad con aranceles a importaciones estadounidenses encarecería productos básicos para los hondureños, advierte Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa.
Instituciones bajo ataque: del arbitraje al CNE
La estrategia de LIBRE profundiza la incertidumbre: tras retirarse del CIADI (tribunal de disputas inversor-Estado del Banco Mundial), el gobierno impulsa eliminar el Artículo 31 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, último resquicio legal para proteger inversiones extranjeras. Liliana Sánchez Ortega, máxima autoridad de arbitraje comercial en América, lo define como «jaque mate a la competitividad«. Paralelamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) —con un presupuesto de $66.8 millones para los comicios— enfrenta acusaciones de opacidad. Pese a anunciar tecnología biométrica y observadores internacionales, canceló cinco partidos minoritarios, consolidando un sistema bipartidista. Estos movimientos alimentan la percepción de un control político de las instituciones.
Remesas y TPS: el sustento familiar en la cuerda floja
La crisis trasciende lo macroeconómico: 3 millones de hondureños dependen de las remesas ($10,000 millones estimados en 2025). El proyecto de Trump de gravar estas transferencias con un 3.5% (ya aprobado en la Cámara de Representantes) arrebataría $350-500 millones a las familias, según la economista Liliana Castillo. A esto se suma la agonía del Estatus de Protección Temporal (TPS): 55,000 hondureños podrían ser deportados si EE.UU. no renueva el permiso vigente desde 1999, cuyo plazo venció en silencio el 5 de julio. El gobierno hondureño, inmerso en campaña, no ha articulado una estrategia diplomática clara para proteger a su diáspora.
Elecciones 2025: polarización y riesgo de conflictividad
En este panorama, las elecciones del 30 de noviembre son un polvorín. La fórmula oficialista (Rixi Moncada, exministra de Castro) promete «profundizar la refundación», mientras la oposición liderada por Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Liberal) denuncian autoritarismo. El CNE —acusado y atacado por LIBRE— intenta legitimarse con auditorías externas y transmisión de resultados en tiempo real, pero su poder e institucionalidad está erosionado a diario por el mismísimo Gobierno de Castro. El temor mayor: que la polarización y la desconfianza en el proceso detonen violencia postelectoral, ahuyentando inversiones en un momento crítico. Honduras ya figura con calificación crediticia «B» (especulativa), y agencias como Moody’s podrían degradarla aún más si persiste la inestabilidad.
¿Hacia el abismo o el repliegue táctico? escenarios futuros
El destino económico de Honduras pende de tres hilos:
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Diplomacia urgente con EE.UU.: renegociar el CAFTA-DR (vigente desde 2006) y proteger el TPS.
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Reforma institucional: frenar el desmantelamiento del arbitraje y transparentar el CNE.
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Unidad público-privada: para capitalizar los aranceles como oportunidad de relocalización industrial .
Si el gobierno insiste en su rumbo, Honduras podría terminar como Venezuela o Bolivia: aislada de capitales, con inversiones de bajo perfil y fuga masiva de talentos. Pero hay señales esperanzadoras: empresas automotrices y maquiladoras ya exploran establecerse en el país para aprovechar su ubicación geográfica y los diferenciales arancelarios. La pregunta final es si la clase política priorizará el país sobre sus ambiciones. Como resume un empresario anónimo: «Sin reglas claras, ni Trump ni el cielo nos salvarán».
