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Llegó el día que la Corte debe frenar al Congreso o perder a Honduras

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Un decreto sin quórum, un recuento imposible y una Sala Constitucional que decide si la ley todavía manda.

Recuento total, decreto exprés, Congreso sin quórum, advertencias internacionales, recursos constitucionales acumulándose. “Aquí no se discute política, se discute la Constitución”, repite un jurista mientras la Sala de lo Constitucional enfrenta el mayor dilema institucional de los últimos años: actuar o permitir que la crisis se profundice.

El origen de una crisis postelectoral

Las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 movilizaron a cerca de 3.8 millones de hondureños, en un proceso que el Consejo Nacional Electoral declaró válido y concluido semanas después. El 24 de diciembre, el CNE proclamó oficialmente a Nasry ‘Tito’ Asfura como presidente electo, cerrando el ciclo electoral conforme a la ley.

Sin embargo, el escenario cambió abruptamente cuando, ya con resultados firmes, la presidenta Xiomara Castro solicitó un recuento voto por voto en Consejo de Ministros. “El proceso no está cerrado”, sostuvo públicamente, abriendo una grieta política que trasladó el conflicto del terreno electoral al constitucional.

Un decreto que encendió las alarmas

La solicitud presidencial se materializó en el decreto 58-2025, aprobado el 9 de enero de 2026 en una sesión extraordinaria del Congreso Nacional convocada por la Comisión Permanente. Juristas advirtieron desde el inicio que el procedimiento carecía de base legal.

La sesión inició con 70 diputados y terminó con 69, lejos de los 86 votos requeridos para decisiones electorales. Aun así, el decreto avanzó, atribuyendo al Congreso funciones que la Constitución reserva exclusivamente al CNE. “No es una interpretación forzada: es una usurpación directa de competencias”, explicó un exmagistrado constitucional.

Los recursos que activan a la Sala

Ante este escenario, el abogado Hermes Ramírez presentó dos acciones constitucionales solicitando la nulidad inmediata del decreto y la suspensión de cualquier intento de recuento posterior a la declaratoria oficial. Según explicó, el daño no sería político, sino estructural.

El planteamiento jurídico es claro, sostienen especialistas: una vez que el CNE emite su declaratoria, el Congreso pierde toda facultad sobre el proceso electoral. “Aquí no hay vacío legal, hay exceso de poder”, insistió Ramírez al detallar los argumentos ante la Sala.

Los recursos advierten tres violaciones centrales:

  • Ruptura de la supremacía constitucional

  • Desconocimiento de la autonomía del CNE

  • Afectación directa al principio de alternancia en el poder

El papel crítico de la Sala Constitucional

Según el procedimiento vigente, la Sala de lo Constitucional debe admitir las acciones si cumplen requisitos formales y, dada la urgencia del caso, puede dictar medidas cautelares provisionales para evitar daños irreparables. “No se trata de resolver el fondo mañana, sino de frenar el daño hoy”, explicó un constitucionalista consultado.

El análisis jurídico gira en torno al artículo 205 de la Constitución, que limita las atribuciones del Congreso en materia electoral únicamente a casos donde no exista declaratoria oficial. “Aquí la declaratoria existe, está firme y publicada”, subrayó un académico de la UNAH, insistiendo en que el decreto excede todo margen interpretativo.

Voces que exigen acción inmediata

La presión sobre la Sala no proviene solo del ámbito jurídico. Juan Carlos Barrientos, reconocido jurista, cuestionó públicamente el silencio del alto tribunal. “La inacción también es una forma de decisión”, advirtió, señalando que el tiempo juega contra la institucionalidad.

Desde la sociedad civil, la Iglesia Evangélica se sumó al llamado. Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, fue categórico: “Cuando hay declaratoria, no hay discusión posible”. Para líderes religiosos, permitir el recuento sentaría un precedente peligroso para futuros procesos electorales.

Redondo, el Congreso y el pulso con el CNE

El presidente del Congreso, Luis Redondo, defendió el decreto y advirtió que, si el CNE no ejecuta el recuento, el Legislativo lo hará directamente. “Se debe contar el 100 % de las actas”, afirmó tras participar en Consejo de Ministros.

Desde la oposición, la respuesta fue inmediata. “Contar votos después de proclamarlos no es transparencia, es desconocimiento”, replicó un diputado nacionalista. El CNE, integrado por consejeros de distintas fuerzas políticas, reiteró que los resultados ya fueron certificados, incluyendo 151 alcaldías y 49 diputaciones para el Partido Nacional.

El factor internacional entra en juego

La crisis escaló cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió sobre “consecuencias graves” ante cualquier intento ilegal de revertir los resultados. La declaración tuvo eco inmediato en círculos diplomáticos y empresariales.

La Organización de Estados Americanos también cuestionó el recuento post-declaratoria, señalando que contraviene estándares democráticos regionales. Estas advertencias refuerzan la presión sobre la Sala, que ahora decide bajo la mirada atenta de la comunidad internacional.

Escenarios que se abren

Si la Sala concede la medida cautelar solicitada, el decreto quedaría suspendido y la transición presidencial del 27 de enero avanzaría sin sobresaltos, fortaleciendo la autoridad del CNE. “Sería una señal clara de independencia judicial”, opinó un analista político.

Si, por el contrario, la Sala rechaza o dilata la resolución, el país podría entrar en un territorio inédito, con instituciones enfrentadas y una confianza ciudadana erosionada. “Aquí no se juega una elección, se juega el respeto a las reglas”, alertó un exmagistrado.

La decisión que marcará el precedente

La Sala de lo Constitucional —integrada por Luis Fernando Padilla, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo Hernández, Sonia Marlina Dubón y Wagner Vallecillo— enfrenta una prueba histórica. Su resolución no solo definirá el destino del decreto, sino el límite real del poder político en Honduras.

Mientras el reloj avanza y la tensión crece, la expectativa ciudadana se concentra en un solo punto: que la Constitución vuelva a ser el árbitro, no el botín de una disputa que amenaza con reescribir las reglas del juego democrático.

Por Carlos Echeverri

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