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18 agosto , 2026

“Tengan decencia”: la construcción le exige al Gobierno pagar L.4,400 millones antes de Navidad

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La Cámara de la Construcción advierte colapso financiero de empresas si el Estado no salda deudas millonarias en días críticos.

Ya llegamos al límite”. La frase no es retórica ni exagerada. A una semana de Navidad, L.4,400 millones en pagos atrasados, contratos ejecutados, obras inauguradas y empresas sin liquidez componen un inventario crítico que, según la industria de la construcción, amenaza con quebrar al sector.

Una deuda que dejó de ser técnica y se volvió humana

La advertencia llegó desde el corazón del sector constructor. Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), denunció que el Gobierno mantiene una deuda acumulada de 4,400 millones de lempiras con empresas constructoras y proveedoras, una carga que ya no admite más espera.

Según explicó el dirigente, el problema no es nuevo, pero sí su momento crítico. “Sólo falta prácticamente una semana para la Navidad y los compromisos siguen acumulándose”, expresó, aludiendo a salarios, proveedores, servicios y obligaciones financieras que dependen directamente de esos pagos estatales. Para el sector, el atraso ya no es administrativo: es social y económico.

Obras visibles, pagos invisibles

El reclamo tiene un componente que genera especial irritación en la industria. A pesar de la inauguración constante de obras públicas en carreteras, infraestructura urbana y proyectos estatales, los pagos a contratistas continúan detenidos o fragmentados.

Larios cuestionó esta contradicción. “Se inauguran obras, se anuncian proyectos, pero los pagos no llegan”, señaló, subrayando que muchas empresas ya ejecutaron contratos completos y continúan financiando costos operativos con recursos propios o endeudamiento bancario. En un sector intensivo en mano de obra, cada atraso golpea directamente el empleo.

Las cifras detrás del conflicto

El monto total adeudado no es homogéneo ni casual. De acuerdo con el detalle expuesto por Chico, la deuda se concentra en instituciones clave del Estado vinculadas a infraestructura y contratación pública.

Distribución de la deuda estatal con constructoras:

  • L.2,300 millones corresponden a la Secretaría de Infraestructura y Transporte

  • L.800 millones están asociados a obras en proceso administrativo

  • El resto se reparte entre distintas dependencias públicas

  • La deuda afecta a empresas constructoras, proveedores y subcontratistas

  • El impacto alcanza a empleo directo e indirecto del sector

Según explicó Larios, el problema no es solo la falta de pago, sino la lentitud burocrática, que mantiene fondos comprometidos sin desembolso efectivo mientras las empresas siguen acumulando costos.

El riesgo de cruzar el 31 de diciembre

El calendario juega en contra. Para la industria, el 31 de diciembre no es solo un cierre contable, sino una frontera peligrosa. “Después del 31 esta situación se va a volver insostenible”, advirtió el gerente de Chico, alertando sobre un escenario donde muchas empresas no podrán seguir operando.

El riesgo no es teórico. En Honduras, la construcción es uno de los sectores que más empleo genera, especialmente para trabajadores de ingresos medios y bajos. Un colapso de liquidez implicaría atrasos salariales, despidos y paralización de proyectos en curso, con efecto directo sobre la economía urbana y regional.

Críticas a la gestión y un mensaje directo al Gobierno

El reclamo gremial también tuvo un tono político y administrativo. Larios fue particularmente crítico con la gestión pública actual. “Todos los gobiernos han sido desordenados, pero en este momento la medalla olímpica se la está llevando este gobierno”, afirmó, señalando la designación de funcionarios sin experiencia en áreas clave.

El mensaje final fue directo y sin eufemismos. “Que tengan un poquito de decencia y hagan lo que corresponde: que paguen de una vez por todas”, exigió el dirigente. Según explicó, los recursos existen, pero no se ejecutan, lo que abre la puerta a que terminen absorbidos por la caja única del Estado, postergando nuevamente una deuda que ya dejó de ser financiera y se convirtió en una prueba de credibilidad institucional.

Por Linda Gutiérrez

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