El Congreso Nacional sostiene que las reformas permitirán reducir pérdidas, fortalecer la red de transmisión y mejorar la sostenibilidad financiera de la ENEE sin modificar su carácter público.
A pocos días de que el Congreso Nacional conozca el tercer y último debate de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, defendió la iniciativa al asegurar que su objetivo es recuperar la viabilidad financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), reducir pérdidas que rondan los L16,000 millones anuales y mejorar la calidad del servicio eléctrico, descartando que las modificaciones impliquen un proceso de privatización.
¿Por qué el Congreso insiste en reformar la Ley de la Industria Eléctrica?
El debate sobre el futuro de la ENEE vuelve a ocupar el centro de la agenda nacional. Para el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, la situación financiera de la empresa estatal ya no admite más retrasos y exige cambios estructurales que permitan detener el deterioro económico acumulado durante los últimos años.
Durante una visita a San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca, Zambrano reiteró que las reformas actualmente en discusión buscan fortalecer la empresa pública y garantizar la continuidad del servicio eléctrico, rechazando las versiones que afirman que el proyecto abriría la puerta a una privatización.
Según el titular del Legislativo, la iniciativa responde a una realidad financiera que limita la capacidad de inversión del Estado y compromete la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.
Una empresa que continúa absorbiendo miles de millones de lempiras
La ENEE enfrenta desde hace más de una década un complejo escenario financiero derivado de pérdidas técnicas y no técnicas, elevados costos operativos, deudas con generadores privados y limitaciones para invertir en infraestructura.
De acuerdo con Zambrano, la empresa registra actualmente pérdidas cercanas a L16,000 millones anuales, recursos que, según afirmó, podrían destinarse a sectores prioritarios como salud, educación, infraestructura vial y programas sociales si la estatal lograra recuperar su equilibrio financiero.
Aunque el monto citado por el presidente del Congreso corresponde a una estimación política, diversos informes del Banco Central de Honduras (BCH) y de organismos multilaterales han señalado que el déficit operativo de la ENEE ha representado durante años uno de los principales riesgos fiscales para las finanzas públicas, obligando al Estado a destinar recursos para respaldar sus operaciones y atender compromisos financieros.
El saneamiento de la empresa ha sido una de las recomendaciones recurrentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro de los programas de estabilidad macroeconómica suscritos con Honduras, debido al impacto que la situación de la ENEE tiene sobre el déficit fiscal y la deuda pública.
La transmisión eléctrica, uno de los principales desafíos
Uno de los ejes centrales de las reformas, según explicó Zambrano, es fortalecer la red nacional de transmisión eléctrica.
La falta de inversión en líneas de transmisión y subestaciones ha provocado durante años interrupciones frecuentes, fluctuaciones de voltaje y limitaciones para incorporar nueva generación al sistema.
Como ejemplo, el presidente del Congreso mencionó los resultados observados en los departamentos de Choluteca y Valle, donde la conexión al sistema mediante la subestación de Agua Fría habría reducido significativamente los apagones y bajones de energía que históricamente afectaban a esa región del sur del país.
El fortalecimiento de la infraestructura de transmisión también busca disminuir las pérdidas técnicas del sistema y mejorar la confiabilidad del suministro para hogares, comercios e industrias.
¿Qué responden a las críticas sobre una posible privatización?
Uno de los aspectos más debatidos del proyecto ha sido la preocupación expresada por distintos sectores políticos y sociales sobre una eventual privatización de la empresa estatal.
Frente a esas críticas, Zambrano reiteró que las reformas no contemplan la venta de activos de la ENEE ni el traspaso de la empresa al sector privado, sino mecanismos orientados a mejorar su administración, fortalecer su capacidad operativa y hacer financieramente sostenible el sistema eléctrico.
El presidente del Congreso sostuvo que el objetivo es modernizar la gestión de la empresa sin alterar su carácter público, permitiendo que la estatal continúe siendo responsable de un servicio considerado estratégico para el desarrollo nacional.
El peso de la ENEE sobre la economía hondureña
La importancia de la ENEE trasciende el sector energético.
El suministro eléctrico constituye uno de los principales factores de competitividad para la industria, el comercio, la agricultura y la inversión extranjera.
Interrupciones frecuentes del servicio, altos costos de generación o problemas financieros en la empresa afectan directamente la productividad nacional, incrementan los costos operativos de las empresas y reducen la capacidad del país para atraer nuevas inversiones.
Por ello, la recuperación financiera de la estatal ha sido considerada durante años un componente clave para mejorar el clima de negocios y fortalecer la estabilidad macroeconómica de Honduras.
También se refirió a la venta del avión presidencial
Durante su intervención, Zambrano también abordó la reciente venta del avión presidencial.
Recordó que el decreto aprobado por el Congreso Nacional establece que los aproximadamente L137 millones obtenidos por la operación deberán destinarse exclusivamente a los sectores de salud y educación.
Añadió que corresponderá al Poder Ejecutivo informar posteriormente sobre la ejecución de esos recursos y garantizar que se utilicen conforme a lo aprobado por el Legislativo.
El desafío va más allá de aprobar una reforma
El tercer debate marcará un momento decisivo para una de las reformas económicas más relevantes del año. Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas demuestra que la recuperación de la ENEE dependerá no solo de cambios legales, sino también de su implementación, la reducción efectiva de pérdidas, la modernización de la infraestructura y una gestión financiera capaz de disminuir la presión que la empresa ejerce sobre las cuentas públicas.
Para Honduras, el desafío consiste en transformar una empresa que durante años ha representado uno de los principales pasivos fiscales del Estado en una institución sostenible que garantice energía confiable, fortalezca la competitividad del país y contribuya al crecimiento económico de largo plazo.
