La devolución de recursos limita inversiones agrícolas, reduce apoyo a productores y evidencia desafíos en la ejecución pública del sector hondureño. Recursos destinados a riego, tecnología y asistencia técnica no fueron ejecutados dentro de los plazos, limitando proyectos para miles de productores.
Honduras dejó de aprovechar US$120 millones de un financiamiento originalmente superior a US$140 millones destinado al sector agropecuario debido a la baja ejecución de proyectos dentro de los plazos establecidos. Según el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, la devolución de los recursos fue necesaria para evitar afectar la cartera crediticia del país, aunque significó la pérdida de inversiones que habrían fortalecido la productividad agrícola y beneficiado a miles de familias rurales.
El funcionario señaló que los fondos estaban dirigidos a programas de riego, mecanización agrícola, tecnologías climáticamente inteligentes, asistencia técnica y acceso a financiamiento para pequeños productores, iniciativas consideradas estratégicas para elevar la producción nacional y reducir la vulnerabilidad del campo frente al cambio climático.
¿Por qué Honduras tuvo que devolver los recursos?
De acuerdo con Molina, al asumir la administración encontraron proyectos con aproximadamente 70 % del tiempo de ejecución consumido y apenas 3 % de avance físico, lo que hizo imposible completar las inversiones antes del vencimiento de los convenios de financiamiento.
El ministro sostuvo que mantener recursos sin ejecutar habría deteriorado la imagen crediticia del país frente a los organismos financieros internacionales, por lo que la devolución fue considerada la alternativa más responsable desde el punto de vista financiero.
Según explicó, la falta de ejecución corresponde a la administración anterior de la SAG, cuando la institución era dirigida por Laura Suazo, durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.
¿Qué proyectos dejó de recibir el agro hondureño?
Los recursos estaban destinados principalmente a fortalecer la capacidad productiva de pequeños agricultores mediante inversiones de largo plazo.
Entre los proyectos contemplados figuraban:
- Sistemas de riego y reservorios de agua.
- Bombas solares para producción agrícola.
- Maquinaria y mecanización del campo.
- Tecnologías agrícolas adaptadas al cambio climático.
- Asistencia técnica y acceso a financiamiento.
Según la SAG, con estos recursos al menos 5,000 familias campesinas habrían recibido apoyo directo para incrementar su productividad y mejorar sus ingresos.
¿Qué impacto tiene perder US$120 millones para el campo?
La devolución de recursos representa mucho más que una reducción presupuestaria.
La inversión agrícola tiene un efecto multiplicador sobre la economía rural al incrementar la producción, generar empleo, fortalecer cadenas de valor y reducir la dependencia de alimentos importados.
En un contexto de creciente presión sobre la seguridad alimentaria, dejar de ejecutar este tipo de financiamiento retrasa la modernización del sector y limita la capacidad de respuesta frente a fenómenos climáticos extremos.
Además, la baja ejecución puede afectar la confianza de organismos internacionales en la capacidad institucional del país para administrar nuevos programas de inversión.
¿Cómo afecta el cambio climático a la producción agrícola?
El escenario se vuelve aún más complejo debido a las condiciones climáticas.
El ministro advirtió que hasta 135 municipios podrían enfrentar afectaciones por la sequía durante este año, situación que amenaza los cultivos de granos básicos y otras actividades agropecuarias.
La combinación entre menor disponibilidad de agua y baja inversión en infraestructura de riego incrementa el riesgo de pérdidas productivas, especialmente para pequeños agricultores que dependen de las lluvias para desarrollar sus cultivos.
Organismos internacionales como la FAO y el Banco Mundial han señalado que la adaptación al cambio climático constituye una de las principales prioridades para la agricultura centroamericana debido al aumento de fenómenos meteorológicos extremos.
¿Qué significa esto para la seguridad alimentaria de Honduras?
El titular de la SAG reconoció que el país tendrá que incrementar las importaciones de alimentos para cubrir parte de la demanda nacional mientras persistan las limitaciones productivas.
Esta situación genera mayor exposición a la volatilidad de los precios internacionales y aumenta la dependencia del mercado externo para abastecer productos básicos, un desafío compartido por varios países de Centroamérica, aunque con distintos niveles de vulnerabilidad.
Fortalecer la producción nacional mediante inversión pública y financiamiento productivo sigue siendo una de las principales estrategias para reducir esa dependencia y mejorar la resiliencia del sistema alimentario hondureño.
¿Qué desafíos deja esta experiencia para la inversión pública?
La devolución de US$120 millones evidencia que la disponibilidad de financiamiento internacional no garantiza por sí sola el éxito de los proyectos públicos.
La capacidad institucional para planificar, ejecutar y supervisar inversiones dentro de los plazos establecidos se convierte en un factor determinante para aprovechar los recursos multilaterales y generar resultados económicos concretos.
En un país donde el sector agropecuario continúa siendo una fuente esencial de empleo, producción y seguridad alimentaria, mejorar la ejecución de proyectos representa un reto estratégico para fortalecer la competitividad del campo y reducir la pobreza rural en los próximos años.
