Empresas constructoras enfrentan retrasos de pago mientras el Presupuesto 2026 sigue sin aprobarse, afectando liquidez, empleo y continuidad de obras públicas.
Más de L. 2,500 millones en pagos pendientes mantienen en tensión al sector construcción en Honduras. La deuda de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) no solo compromete la liquidez de las empresas, sino que condiciona la continuidad de proyectos públicos clave, mientras el Presupuesto General 2026 sigue sin aprobación en el Congreso Nacional.
Silvio Larios y la alerta del sector construcción
El gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, puso cifras concretas a una problemática que se arrastra desde años anteriores: la falta de pago estatal.
“Las estimaciones pendientes ascienden a cerca de dos mil 500 millones de lempiras”, señaló el representante del gremio, al advertir que el retraso impacta directamente en la operatividad de las empresas constructoras.
Aunque reconoció que la SIT realizó recientemente un desembolso importante que alivió parcialmente la situación, el problema estructural persiste. La mora estatal sigue siendo un factor crítico en la cadena de pagos del sector.
En una industria intensiva en capital y empleo, la falta de flujo no solo afecta balances financieros, sino también la continuidad de obras en ejecución.
Aníbal Ehrler y la dependencia del Presupuesto 2026
El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, ha trasladado la responsabilidad al ámbito legislativo. Según Larios, el funcionario explicó que los pagos pendientes dependen de la aprobación del Presupuesto General 2026 por parte del Congreso Nacional de Honduras.
Este punto revela una dinámica recurrente en las finanzas públicas hondureñas: la ejecución de compromisos adquiridos queda sujeta a ciclos políticos y decisiones legislativas.
El llamado del sector construcción es directo: los diputados deben actuar con responsabilidad para garantizar la disponibilidad de recursos. No se trata únicamente de infraestructura, sino de asegurar el funcionamiento básico del Estado.
Efecto dominó en economía y empleo
El impacto de la deuda de la SIT trasciende a las empresas constructoras. Se trata de un sector que, históricamente, ha sido uno de los principales motores de la economía hondureña.
Datos del Banco Central de Honduras indican que la construcción representa entre el 5% y 7% del PIB, con fuerte incidencia en empleo directo e indirecto.
El retraso en pagos genera efectos en cadena:
- Paralización parcial o total de obras públicas
- Reducción en contratación de mano de obra
- Atrasos en pagos a proveedores y subcontratistas
- Menor inversión privada en nuevos proyectos
- Incremento del riesgo financiero en empresas del sector
Este escenario se agrava en un contexto donde el país necesita acelerar inversión en infraestructura para mejorar competitividad regional.
Nuevos proyectos en pausa y presión al Congreso
A pesar del contexto adverso, la Chico anunció que enviará otros 100 proyectos de construcción al Congreso Nacional para su aprobación.
La iniciativa busca mantener la dinámica del sector, pero enfrenta un obstáculo clave: la falta de certeza financiera.
Sin un presupuesto aprobado y sin liquidez estatal, la ejecución de nuevos proyectos se vuelve incierta. En términos prácticos, esto implica que el pipeline de inversión pública podría quedar estancado.
Además, en años preelectorales —como lo será 2026— la asignación y ejecución del gasto público suele volverse más compleja, con mayores tensiones políticas y fiscales.
Comparación regional y presión fiscal
La situación hondureña no es aislada, pero sí más crítica en términos de liquidez estatal. Países de la región como Guatemala y Costa Rica han logrado mantener niveles de ejecución de infraestructura más estables, incluso con restricciones fiscales.
En Honduras, la presión sobre las finanzas públicas ha aumentado por factores como:
- Incremento del gasto corriente
- Limitaciones en recaudación tributaria
- Dependencia de financiamiento externo
- Rigidez presupuestaria en sectores como salud y educación
El resultado es una menor capacidad de respuesta para sectores productivos como la construcción.
Infraestructura, inversión y crecimiento económico
La inversión en infraestructura es uno de los principales catalizadores del crecimiento económico. Organismos como el Banco Centroamericano de Integración Económica han señalado que cada dólar invertido en infraestructura puede generar efectos multiplicadores significativos en empleo y productividad.
Sin embargo, la incertidumbre en pagos y ejecución limita estos beneficios.
En términos prácticos, una deuda de L. 2,500 millones no solo representa cuentas pendientes: implica carreteras inconclusas, proyectos detenidos y oportunidades económicas postergadas.
El sector construcción, clave para dinamizar la economía, se encuentra así en una posición vulnerable, dependiendo de decisiones políticas que definirán su desempeño en los próximos meses.
La deuda acumulada de la SIT no es solo una cifra en libros contables. Es un indicador de la fragilidad en la ejecución del gasto público y de la dependencia del ciclo político. Mientras el Presupuesto 2026 siga en debate, los L. 2,500 millones pendientes continúan marcando el ritmo de una infraestructura que avanza con freno.
