El presidente del Congreso y la primera designada delinean posturas firmes en un proceso que podría redefinir el equilibrio democrático nacional.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y la primera designada presidencial, María Antonieta Mejía, salieron a defender con vehemencia el proceso de juicio político contra el Fiscal General Johel Antonio Zelaya Álvarez, argumentando que no se trata de “revancha” sino de un “control constitucional” inscrito en la Carta Magna hondureña. Este episodio, cargado de tensión legislativa y frases duras en redes, pone en el centro de la escena la independencia institucional y la percepción de la justicia en el país.
Defensa institucional: Zambrano y la figura del juicio político
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, José Tomás Zambrano Molina —abogado y político con larga trayectoria legislativa— afirmó que el proceso de juicio político aprobado por el Legislativo no representa una revancha política, sino el ejercicio de control constitucional establecido en la Constitución de la República.
Zambrano calificó como histórico este momento porque, según él, “es la primera vez que se aprueba un juicio político desde que se instauró en 2013”, una figura que, explicó, no se debe ver como persecución, sino como garantía de que altos funcionarios rindan cuentas por actuaciones contrarias al mandato legal.
En su discurso, el jefe del Legislativo hizo hincapié en que los mecanismos de control deben activarse cuando un funcionario, en este caso el Fiscal General, pone en riesgo la legalidad y la confianza democrática. Además, lamentó el comportamiento de ciertas bancadas que, a su juicio, generaron caos y “zafarrancho” en el hemiciclo, sugiriendo incluso que podrían deducírseles hasta 15 días de salario a quienes interrumpan el orden de la sesión como una medida de disciplina y respeto al proceso legislativo.
María Antonieta Mejía: justicia, no venganza política
Desde su cargo como Primera Vicepresidenta de Honduras —Rol que asumió el 27 de enero de 2026 en el gobierno de Nasry Asfura— María Antonieta Mejía sostuvo públicamente que la aplicación del juicio político contra Zelaya es “justicia y no venganza política”.
Mejía, reconocida por su posición firme sobre la transparencia y el respeto al Estado de derecho, aseguró en un mensaje en redes que “no es persecución”, sino una respuesta ante actuaciones que, según ella, atentaron contra la legalidad y la democracia. Su postura llegó acompañada de un llamado a ver el proceso en términos institucionales más que partidarios.
Para Mejía, la historia y la observación pública tendrán memoria sobre este proceso, y advirtió que nadie debe situarse por encima de la ley ni de la democracia, subrayando que el juicio político está diseñado para garantizar que los altos funcionarios respondan por sus acciones cuando exceden sus competencias o vulneran principios constitucionales.
La figura del juicio político y su relevancia legal en Honduras
El juicio político, figura introducida en 2013, puede aplicarse contra servidores públicos electos por el Congreso Nacional, cuando exista denuncia grave por actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional, como negligencia, incapacidad o incompetencia manifiesta. Esta herramienta ha estado largamente debatida y requiere de una mayoría calificada de al menos 86 votos para proceder, un umbral diseñado para impedir decisiones arbitrarias o partidistas.
Aunque hasta ahora no existían antecedentes de juicios políticos plenamente ejecutados en la historia reciente de Honduras, el respaldo sustancial de diversas bancadas en el caso de Zelaya podría sentar un precedente sobre cómo se ejerce el control institucional sobre altos cargos públicos. La Constitución hondureña busca equilibrar independencia de poderes con mecanismos de rendición de cuentas, y este proceso, en palabras de algunos analistas, “busca clarificar las salvaguardas democráticas del país”.
Tensión legislativa y disciplina interna del Congreso
La sesión de este lunes no estuvo exenta de tensión. Según declaraciones legislativas, algunos diputados de bancadas minoritarias habrían intentado bloqueos y gritos que impidieran la fluidez de la sesión. Zambrano, desde la presidencia del Legislativo, no solo defendió la aprobación del juicio político, sino que además propuso mecanismos de disciplina interna, como la deducción de salario para quienes interrumpan deliberadamente el orden del hemiciclo.
Estas propuestas no solo apuntan a un proceso específico, sino a una agenda mayor de disciplina parlamentaria que podría permear otras discusiones legislativas sobre empleo parcial, reformas electorales o la regulación de fondos departamentales que el Legislativo baraja debatir en las próximas semanas.
Implicaciones políticas y percepción internacional
La decisión del Congreso tiene matices que exceden lo jurídico y se internan en la percepción de estabilidad institucional, un aspecto que agentes económicos y socios internacionales observan con atención. La figura del juicio político y su aplicación a un funcionario de alto perfil como el fiscal general ocurre en momentos donde la confianza en la independencia de poderes influye directamente en el clima de negocios y en la percepción de riesgo país, factores claves para flujos de inversión y decisiones corporativas.
Si bien algunos sectores celebran el ejercicio de control, otros advierten que una declaración de revanchismo político podría generar dudas sobre la independencia judicial o el uso del mecanismo para fines partidarios. La forma en que se interpretan estos eventos en mercados y entre inversionistas puede incidir en expectativas macroeconómicas y estabilidad institucional a mediano plazo.
¿Cambio de era institucional?
En la luminosa tarde política en Tegucigalpa, con discursos que apelan tanto a la defensa constitucional como a la justicia institucional, Honduras enfrenta un momento que podría marcar un antes y un después en la aplicación del juicio político. Si se consolida como mecanismo legítimo y equilibrado, podría reforzar la confianza en la rendición de cuentas; si se percibe como instrumento de rivalidades, podría alimentar incertidumbres legales y políticas. En ese cruce de narrativas que hoy debate el país, la historia observadora del Estado de derecho se balancea entre conservar su rigidez jurídica o ceder al peso del contexto político nacional.
