Cuatro diputados del Congreso Nacional presentaron una denuncia de juicio político contra Johel Zelaya, acusándolo de actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia e incompetencia, respaldada con pruebas nacionales e internacionales.
El Congreso Nacional de Honduras recibió una denuncia formal de juicio político contra el Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez. Los diputados Jak Melem Uriarte Velásquez, Santos Isabel Pérez Rodríguez, Frank Anthony Alley Flores y Edgardo Rashid Mejía Giannini alegan que Zelaya incurrió en graves irregularidades durante su gestión, afectando la independencia de los órganos electorales y la institucionalidad del Ministerio Público. La denuncia busca la suspensión del funcionario mientras se realiza la investigación, la formación de una Comisión Especial y, en última instancia, su destitución irrevocable si se confirma su responsabilidad.
Fundamentación legal: constitucionalidad y Ley Especial de Juicio Político
La denuncia se sustenta en el artículo 234 de la Constitución de Honduras, que establece que los funcionarios públicos electos por el Congreso pueden ser sometidos a juicio político por:
- Denuncia grave en el desempeño de sus funciones.
- Actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional.
- Negligencia, incapacidad o incompetencia manifiesta.
Complementariamente, la Ley Especial de Juicio Político (Decreto 51-2013) regula el procedimiento, la designación de una Comisión Especial de investigación y la garantía de derechos del denunciado. Además, se citan normas del Código Penal y la Ley Electoral que respaldan la gravedad de los hechos denunciados.
Los diputados aclaran que no es un acto acusatorio personal: su rol es canalizar ante el Pleno denuncias formales graves documentadas por organismos nacionales e internacionales, para que se active el mecanismo constitucional de juicio político.
Hechos que sustentan la denuncia
La denuncia contra Zelaya se fundamenta en dos causales principales:
- Actuaciones contrarias a la Constitución
- Negligencia e incompetencia manifiesta para el desempeño del cargo
Afectaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE)
Durante el proceso electoral de 2025, el Ministerio Público bajo la dirección de Zelaya realizó acciones que vulneraron la autonomía del CNE:
- Citación reiterada de las consejeras Cossette Alejandra López-Osorio Aguilar y Ana Paola Hall García en momentos críticos del calendario electoral.
- Orden de intervención de las instalaciones del CNE por la ATIC, con aseguramiento de documentación y citaciones simultáneas a consejeras propietarias.
- Anuncios públicos de investigaciones penales basadas en audios de dudosa autenticidad, atribuyendo delitos de asociación ilícita y conspiración.
- Persecución selectiva de funcionarios y amenazas que afectaron la seguridad personal de los consejeros.
- Instrumentalización de la acción penal y uso de cadenas nacionales y conferencias para influir en el electorado antes de las elecciones generales.
- Traslados y coacciones de fiscales de carrera que debilitaron la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.
Estas acciones, según la denuncia, violan los artículos 51 y 232 de la Constitución, así como la Ley Electoral y la Ley del Ministerio Público.
Afectaciones al Tribunal de Justicia Electoral (TJE)
Zelaya promovió antejuicios y requerimientos fiscales contra los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona por supuestos delitos de prevaricato judicial, derivados de decisiones adoptadas en el marco electoral. Esto generó:
- Intimidación y persecución hacia los magistrados.
- Riesgo de paralización del TJE y retraso en la resolución de casos.
- Vulneración de la independencia e imparcialidad judicial.
Influencias externas y pérdida de independencia
El Fiscal General, en lugar de mantener autonomía funcional, respondió a presiones de:
- Autoridades del gobierno anterior y dirigentes políticos.
- Decreto Legislativo No. 58-2025, que condicionaba al Ministerio Público a investigar al CNE durante el escrutinio general de actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos.
Estas actuaciones reflejan sumisión a intereses externos, poniendo en riesgo la institucionalidad del Ministerio Público y la democracia.
Omisiones en la acción penal y selectividad
El Ministerio Público dejó de actuar contra:
- Consejeros propietarios y suplentes del CNE que incumplieron deberes, afectando el cronograma electoral.
- Atentados contra diputadas, como la explosión de una bomba casera en el Congreso.
En cambio, persiguió selectivamente a funcionarios y magistrados del CNE y TJE, evidenciando parcialidad y negligencia.
Negligencia e incompetencia en el desempeño del cargo
Según estándares internacionales de la ONU sobre la función de los fiscales, estos deben actuar con imparcialidad, proteger derechos humanos y asegurar el debido proceso. Zelaya habría incumplido estas normas:
- Retraso malicioso en elecciones primarias y distribución de material electoral.
- Afectación al rol de las Fuerzas Armadas y a la independencia del CNE.
- Uso equívoco de la acción penal, incluyendo antejuicios declarados inadmisibles por la Corte Suprema.
- Divulgación pública de audios sin cadena de custodia ni peritaje técnico, declarando culpabilidad anticipada.
Estas acciones, junto al abuso de poder y subrogación de funciones del Congreso, configuran las causales de juicio político: violaciones a la Constitución y manifiesta negligencia e incompetencia.
Consecuencias institucionales
La denuncia sostiene que la actuación de Zelaya generó:
- Deslegitimación del Ministerio Público y pérdida de confianza pública.
- Riesgo para la autonomía e independencia de órganos electorales.
- Vulneración del proceso electoral y del principio de alternancia presidencial.
- Posible responsabilidad penal por abuso de autoridad y revelación indebida de información.
Próximos pasos del juicio político
Los diputados solicitan:
- Suspensión temporal de Johel Zelaya durante la investigación.
- Nombramiento de una Comisión Especial de nueve miembros para indagar los hechos.
- Garantía de todos los derechos del denunciado durante el proceso.
- Deliberación y votación del Pleno del Congreso para una eventual destitución irrevocable.
La denuncia de juicio político contra el Fiscal General Johel Zelaya concentra graves acusaciones de actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia, incompetencia y vulneración de la independencia de órganos electorales. Con respaldo de documentación nacional e internacional, los diputados instan al Congreso a activar el procedimiento constitucional, garantizando transparencia y debido proceso, mientras se busca proteger la institucionalidad y los derechos políticos de la ciudadanía.
