Ranking ILTL eleva dudas sobre gasto legislativo, participación ciudadana y credibilidad institucional en momentos clave para inversión y financiamiento externo.
El tablero de la transparencia legislativa en América Latina volvió a moverse… y dejó a Honduras y a Tomás Zambrano y los legisladores actuales mirando desde el fondo. El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL 2023) no es solo un ranking técnico: funciona como termómetro político, económico y reputacional que mide cuánto se abre el poder al escrutinio ciudadano. Los resultados, lejos de ser fríos números, dibujan una región donde la opacidad sigue siendo la norma y la transparencia, todavía, una excepción incómoda.
Un ranking que incomoda a toda la región
El índice evalúa cuatro dimensiones clave —Normatividad, Labor del Congreso, Presupuesto y Gestión, y Participación Ciudadana— con un puntaje máximo de 100%. En teoría, se trata de una competencia por fortalecer la institucionalidad democrática. En la práctica, parece más una carrera cuesta arriba, donde muchos legislativos avanzan con el freno puesto y con escasa presión social real por mejorar sus estándares de apertura.
Aquí tienes los resultados más recientes del ranking oficial (2023) para que puedas consultarlos: El índice evalúa cuatro dimensiones: Normatividad, Labor del Congreso, Presupuesto y Gestión, y Participación Ciudadana. El puntaje máximo es 100%.
Posición País Puntaje General
1°Chile 70.6%
2°Costa Rica 59.3%
3°México 57.7%
4°Argentina 56.5%
5°Colombia 52.8%
6°Perú 49.3%
7°Paraguay 46.1%
8°Ecuador 45.9%
9°Brasil 44.8%
10°Panamá 41.5%
11°Guatemala 35.8%
12°Uruguay 34.6%
13°Bolivia 30.6%
14°Honduras 25.8%
Una región reprobada en transparencia
La fotografía regional deja varias lecturas que van mucho más allá del orgullo o la vergüenza estadística. En primer lugar, el promedio latinoamericano de 44.9% revela que la transparencia legislativa sigue siendo una deuda estructural. Dicho en términos simples: la mayoría de los congresos están reprobados en apertura y rendición de cuentas.
No se trata únicamente de uno o dos países rezagados. Es un patrón institucional donde la cultura del secreto presupuestario y la burocracia cerrada aún pesa más que la presión por modernizar los procesos legislativos. Para el sector privado y los inversionistas, estos indicadores funcionan como alertas tempranas sobre gobernabilidad y previsibilidad jurídica.
Chile marca el ritmo y Centroamérica muestra contrastes
En este escenario, el liderazgo de Chile no es casual. Superar la barrera del 70% implica contar con procesos legislativos digitalizados, publicación sistemática de datos y mecanismos de participación más estructurados. No significa perfección, pero sí una señal clara de que la transparencia puede convertirse en política pública sostenida y no solo en promesa electoral.
El contraste con Centroamérica resulta más duro. Costa Rica aparece como la excepción virtuosa con 59.3%, mientras Panamá se queda en la mitad del camino con 41.5%. Guatemala, con 35.8%, confirma que el rezago institucional no es exclusivo de Honduras. Sin embargo, el dato que pesa es el último lugar: 25.8%, una cifra que no solo refleja desempeño administrativo, sino también una narrativa país que impacta confianza, inversión y reputación internacional.
Los hallazgos que explican la brecha
Los resultados del índice ayudan a entender por qué la región avanza lentamente en transparencia legislativa:
- Promedio regional bajo: El promedio de América Latina es de apenas 44.9%, lo que indica que la mayoría de los congresos están «reprobados» en apertura y transparencia.
Liderazgo de Chile: Chile se mantiene como el país más avanzado, siendo el único que supera la barrera del 70%.
Debilidades comunes: El área de Presupuesto y Gestión Administrativa sigue siendo la más opaca en casi toda la región; los ciudadanos tienen muchas dificultades para saber cómo y en qué gastan dinero sus legisladores.
Participación Ciudadana: Aunque existen leyes, la aplicación real de mecanismos para que el ciudadano influya en las leyes es todavía muy deficiente.
Este último punto es especialmente explosivo. La participación ciudadana aparece en casi todos los marcos legales, pero en la práctica se convierte en una puerta entreabierta que pocos logran cruzar. Las consultas públicas suelen ser simbólicas, los debates técnicos quedan encapsulados en comisiones y la publicación de información llega tarde o incompleta.
Opacidad legislativa y costo económico silencioso
En el terreno económico, la falta de transparencia tiene efectos silenciosos pero profundos. Analistas financieros consideran estos indicadores como señales tempranas del riesgo país, porque un Congreso que no transparenta su gasto o sus decisiones genera incertidumbre normativa, y la incertidumbre —como saben los inversionistas— funciona como un impuesto invisible que encarece cualquier proyecto.
En Honduras, este ranking llega en un momento particularmente sensible. La discusión sobre calidad institucional se mezcla con la necesidad de atraer capitales, negociar financiamiento externo y sostener el crecimiento en sectores estratégicos como infraestructura, energía y turismo. La transparencia legislativa deja entonces de ser un asunto ético para convertirse en una variable económica concreta.
Un espejo incómodo para la democracia
Al final, el ILTL no es una sentencia definitiva. Es un espejo incómodo. Un recordatorio de que la legitimidad democrática no se construye solo con votos, sino también con información pública, reglas claras y ciudadanos capaces de entender —y cuestionar— las decisiones del poder.
En esa partida regional, algunos congresos ya juegan con las cartas sobre la mesa. Otros todavía parecen preferir las sombras. Y los mercados, como siempre, toman nota.
