Tegucigalpa. El análisis de la gestión vehicular durante el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) evidenció una marcada contradicción entre el discurso oficial de austeridad y la ejecución presupuestaria en transporte, particularmente en la compra y alquiler de vehículos de lujo y blindados.
Las cifras consolidadas muestran que el gasto en este renglón no solo se mantuvo elevado, sino que superó ampliamente los niveles registrados en la administración anterior de Juan Orlando Hernández, convirtiéndose en uno de los componentes más cuestionados del presupuesto público.
Crecimiento exponencial del gasto
Durante el período 2022-2025, el Estado destinó montos millonarios a la renta y adquisición de unidades de alta gama.
Entre los datos más relevantes destacan:
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L1,400 millones mensuales destinados al alquiler de vehículos de lujo, según estimaciones reveladas en febrero de 2026 por la designada presidencial María Antonieta Mejía.
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L1,200 millones solo en 2025 invertidos en renta de vehículos.
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L2,874 millones acumulados en al menos 14 contratos de alquiler registrados en la plataforma estatal de compras públicas.
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L1,399 millones en compras directas de camionetas de lujo y pick-ups durante los primeros tres años de gestión.
Este último monto representó un incremento del 111 % en comparación con los cuatro años del gobierno anterior, lo que evidenció una expansión significativa del gasto en flota vehicular.
Instituciones con mayor ejecución presupuestaria
El uso intensivo de recursos para alquiler y compra de vehículos se concentró principalmente en instituciones vinculadas a seguridad y administración política.
Secretaría de Seguridad
Fue la dependencia con mayor volumen de contratación.
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Licitó el alquiler de 127 camionetas blindadas.
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El contrato cubría un período de apenas cuatro meses en 2023.
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Las ofertas oscilaron entre L18 millones y L133 millones por lote.
La magnitud del proceso llamó la atención por el alto número de unidades en un plazo reducido.
Instituto Nacional Penitenciario (INP)
Bajo la operación denominada “Fe y Esperanza”, el INP realizó:
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El alquiler de 122 vehículos, incluyendo unidades blindadas.
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Mediante contratación directa.
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Con un costo reportado de L8.9 millones.
Las funciones descritas para estas unidades suelen ser cubiertas por las Fuerzas Armadas con equipo propio, lo que generó cuestionamientos sobre la necesidad del gasto adicional.
Congreso Nacional
En el Congreso Nacional de Honduras, presidido por Luis Redondo, el debate se centró en la diferencia entre lo reportado oficialmente y las estimaciones de gasto real.
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El Portal de Transparencia consignó L11.5 millones.
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Sin embargo, cálculos alternos situaron el gasto en alquileres hasta en L240 millones.
La discrepancia abrió interrogantes sobre la trazabilidad y consistencia de la información pública.
Perfil de las unidades: lujo y blindaje
Las compras y rentas incluyeron modelos de alta gama, asociados tanto a seguridad reforzada como a confort ejecutivo.
Entre los vehículos identificados figuraron:
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Chevrolet Tahoe, utilizada por la Presidencia y la titular de la Corte Suprema de Justicia.
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Toyota Land Cruiser Prado.
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Jeep Wrangler, vinculada al entorno del expresidente Manuel Zelaya.
El uso recurrente de unidades blindadas fue defendido bajo argumentos de seguridad institucional, aunque el volumen y frecuencia de adquisición generaron debate público.
Uso extendido y señalamientos
Las críticas no se limitaron al tipo de vehículo, sino también a su asignación.
Se denunció que las unidades alquiladas con fondos públicos no solo eran utilizadas por ministros y altos funcionarios, sino también por:
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Esposos o parejas de funcionarios.
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Hijos.
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Empleados de confianza.
Este uso ampliado más allá de funciones estrictamente operativas fue señalado como una distorsión del propósito institucional del gasto.
Cuestionamientos del sector privado
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés criticaron públicamente las caravanas oficiales de hasta nueve vehículos de lujo, cuestionando la coherencia entre el discurso de austeridad y la práctica administrativa.
El señalamiento central giró en torno a la prioridad del gasto en un contexto de limitaciones fiscales y necesidades sociales urgentes.
El costo de oportunidad
Uno de los argumentos más repetidos fue el del costo de oportunidad.
Los L1,200 millones destinados solo en 2025 al alquiler de vehículos pudieron haber sido dirigidos a:
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Reducir la mora quirúrgica en hospitales públicos.
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Atender el desabastecimiento de medicamentos.
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Fortalecer infraestructura sanitaria.
El contraste entre el gasto en transporte de lujo y las carencias en salud pública se convirtió en uno de los ejes principales del debate nacional.
Datos clave del período 2022-2026
Los principales indicadores consolidados fueron:
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Gasto mensual estimado: L1,400 millones.
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Gasto en 2025 solo en renta: L1,200 millones.
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Incremento frente al gobierno anterior: 111 % más en compras de lujo.
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Licitación emblemática: 127 camionetas blindadas en una sola convocatoria.
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Contratos identificados: 14 procesos por L2,874 millones.
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Alquiler en INP: 122 vehículos por L8.9 millones.
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Estimación de gasto en el Congreso: hasta L240 millones.
Un símbolo de poder y un debate abierto
Al cierre del mandato, el gasto en vehículos blindados y de lujo se consolidó como uno de los capítulos más controvertidos de la administración de Xiomara Castro.
Más allá de la discusión política, las cifras evidenciaron una expansión presupuestaria significativa en transporte oficial, abriendo un debate sobre prioridades fiscales, control del gasto y coherencia entre narrativa pública y ejecución financiera en Honduras.
