La cúpula militar declina promociones y envía un mensaje de neutralidad frente al Ejecutivo, Legislativo y partido de gobierno.
“No es el momento”, fue el mensaje implícito. Ascensos detenidos, hojas de vida en revisión, un nuevo jefe militar y una Comisión Permanente bajo cuestionamiento: en una reunión clave en el Congreso, las Fuerzas Armadas decidieron frenar promociones y marcar distancia del poder político.
La decisión que cambió el tono del encuentro
Las Fuerzas Armadas de Honduras declinaron este martes la aprobación de ascensos de oficiales durante una reunión sostenida con la Comisión Permanente del Congreso Nacional, celebrada en Tegucigalpa. La determinación fue comunicada formalmente por el recién nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio Ardón, ante los diputados presentes.
El encuentro fue convocado por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, y contó con la participación del secretario de Defensa, Roosevelt Hernández, quien oficializó la entrega del mando militar. Según lo explicado en la reunión, la institución castrense optó por no avanzar en promociones hasta que se complete un proceso de revisión más amplio y concertado.
Revisión, consenso y nuevo escenario político
Desde la cúpula militar se explicó que las hojas de vida de los oficiales incluidos en la nómina de ascensos deberán ser revisadas y consensuadas entre la Secretaría de Defensa Nacional, la nueva administración gubernamental y el Congreso Nacional, como paso previo a cualquier decisión definitiva.
El general Valerio Ardón dejó claro que la medida busca ordenar el proceso y evitar decisiones apresuradas en un contexto de transición política. Según se expuso, avanzar sin ese consenso podría generar cuestionamientos internos y externos, además de abrir la puerta a lecturas políticas sobre un tema que, recalcaron, debe regirse por normas estrictamente profesionales.
Independencia militar y señales hacia el poder civil
La reacción no se hizo esperar. El general en condición de retiro Isaías Barahona interpretó la decisión como una señal clara de independencia institucional. Según explicó en entrevista televisiva, al declinar los ascensos las Fuerzas Armadas evitan proyectar cercanía con la Presidencia, el Congreso o el partido de gobierno.
Barahona subrayó que el mensaje es contundente y preventivo. Entre los puntos que destacó se encuentran:
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Respeto al escalafón y méritos profesionales
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Rechazo a presiones o lecturas partidarias
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Protección de carreras militares construidas por décadas
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Esperar a un Congreso con plena legitimidad constitucional
Para el general retirado, convertir ascensos en decisiones políticas “destruye carreras de más de 30 años” y daña la credibilidad de la institución.
Cuestionamientos a la convocatoria del Congreso
El propio Barahona también puso el foco en la convocatoria realizada por Luis Redondo, al considerar que buscaba proyectar una cercanía política inexistente entre las Fuerzas Armadas y el partido Libertad y Refundación (Libre). Según afirmó, la postura de la cúpula militar contribuye a preservar la imagen institucional y evita interpretaciones indebidas.
En esa misma línea, sostuvo que el gesto envía una señal de estabilidad no solo a la ciudadanía, sino también a la comunidad internacional, en un país donde la relación entre poder militar y poder político ha sido históricamente sensible y observada con atención.
El debate constitucional que se abre
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos fue más allá y cuestionó la propia actuación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Según explicó, la postura de las Fuerzas Armadas refuerza su carácter de institución no deliberante y apolítica, tal como lo establece la Constitución de la República.
Barrientos sostuvo que la Comisión Permanente carece de sustento constitucional, por lo que —a su criterio— la cúpula militar no debió acudir a la reunión. Además, afirmó que Luis Redondo no representa al pleno del Congreso, y que lo jurídicamente válido es la extensión de sesiones aprobada por la mayoría de diputados de la oposición en una sesión autoconvocada.
El constitucionalista advirtió que las acciones impulsadas desde la presidencia del Legislativo podrían tener consecuencias políticas y legales, en un escenario donde cada movimiento institucional es leído como una señal de poder, equilibrio —o ruptura— entre los actores del Estado.
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