La exclusión de Honduras de la reducción arancelaria revela un aislamiento creciente y una grieta interna entre gobierno y empresa privada.
La mañana del 14 de noviembre estalló una tormenta política y económica que venía gestándose silenciosamente desde hacía meses. Washington anunció la reducción o eliminación del arancel del 10 % para Guatemala, El Salvador y otros países de Sudamérica. En la lista de beneficiados no apareció Honduras. La noticia no fue una sorpresa para algunos actores empresariales, pero sí encendió las alarmas por el impacto inmediato que tendrá sobre miles de empleos y el clima de inversión. Lo que siguió fue un choque frontal entre el gobierno y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que expuso la fractura más profunda del periodo.
Una exclusión que desató una grieta interna
El director del Cohep, Armando Urtecho, lanzó una acusación de alto voltaje: “El gobierno prefirió alinearse con los enemigos de Estados Unidos y por eso nos castigan con este arancel”. La frase, pronunciada en conferencia de prensa, encendió el debate nacional. Para el sector privado, la exclusión no es un error técnico ni un malentendido diplomático; es el resultado directo de decisiones políticas que han deteriorado la relación con Washington.
Urtecho recordó que desde mayo el Cohep ofreció al gobierno acompañamiento para negociar en conjunto la derogación del arancel. La propuesta incluía una misión conjunta a Washington. Pero, según él, el gobierno la rechazó. “Quisieron irse solos, y aquí está el resultado”, afirmó. Su interpretación es clara: la cancillería y la Secretaría de Desarrollo Económico apostaron a una estrategia independiente, desconectada del sector privado y cargada de señales políticas que Estados Unidos interpretó como un distanciamiento deliberado.
Señalamientos que elevan el tono político
El empresario fue más allá: aseguró que Honduras perdió el beneficio porque “ataca a empresas norteamericanas y prefiere al Cartel de los Soles en Venezuela”. El señalamiento, polémico y sin matices, dejó expuesto el deterioro de la interlocución diplomática y la creciente desconfianza del empresariado hacia la línea internacional del gobierno.
Mientras Guatemala y El Salvador celebraban la eliminación total y parcial del arancel, Honduras quedó en una competencia desigual. Urtecho advirtió que esta asimetría golpeará directamente la capacidad de las empresas hondureñas para competir en el mercado estadounidense. Y no habló en abstracto: mencionó sectores concretos—café, cacao, melón, camarón, pescado, azúcar, aceite de palma—que ahora deberán vender con un 10 % adicional mientras sus vecinos ingresan sin carga.
Un golpe anunciado a la economía real
Según el Cohep, el impacto será devastador: 145.000 empleos directos y más de 525.000 indirectos se verán expuestos a un deterioro inmediato. El cálculo cumple una función clara: subrayar que la exclusión arancelaria no es un asunto diplomático aislado, sino una amenaza directa para la economía cotidiana.
La preocupación se intensifica si se observa que, hasta septiembre, las exportaciones hondureñas a Estados Unidos sumaban unos 1.600 millones de dólares. Esa cifra, bajo el nuevo escenario, podría disminuir, y con ella las inversiones, el crecimiento y la capacidad de generación de divisas. Urtecho adelantó incluso la posibilidad de una migración empresarial:
“Las empresas que están en Honduras tendrán que trasladarse a Guatemala y El Salvador para ser más competitivas”.
Una advertencia con sabor a campaña
El mensaje fue político: pidió que se abandonen las ideologías y se actúe con pragmatismo económico para “salvar al país y los empleos”. También advirtió que, si Honduras insiste en confrontar con su principal socio comercial, Estados Unidos podría retirarse, mientras otros países solo usarían a Honduras sin generar beneficios reales.
La respuesta del gobierno llegó horas después. El ministro de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato, aseguró que Honduras no está excluida de nada. Según su versión, el país sigue en el proceso de negociación y está esperando la llamada de Estados Unidos para avanzar en los detalles. Cerrato insistió en que hay temas que requieren confidencialidad por cuatro años, razón por la cual no habían informado antes del estado de las gestiones.
La defensa oficial: “No estamos fuera de nada”
El ministro apuntó que lo que Estados Unidos ha anunciado con Guatemala y El Salvador no es una eliminación definitiva del arancel, sino una apertura a negociar beneficios para productos que no compitan directamente con la producción interna estadounidense. Su argumento parece buscar rebajar la sensación de derrota diplomática.
Cerrato señaló que Honduras ha mantenido una política de “puertas abiertas al oriente y al occidente”, que no ha roto relaciones con Estados Unidos y que el país sigue siendo su socio estratégico en Centroamérica debido a factores geográficos y acuerdos militares. Desde su perspectiva, esto debería traducirse en reciprocidad, especialmente considerando que todos los productos estadounidenses ingresan libre de arancel a Honduras desde el CAFTA.
Estrategias cruzadas y un vacío de resultados
Su defensa, sin embargo, chocó con un problema evidente: mientras los vecinos negocian acuerdos bilaterales exitosos, Honduras está “esperando una llamada”. Esa frase se volvió el símbolo involuntario de una política exterior reactiva, que se mueve más por expectativa que por iniciativa.
El ministro presentó un cronograma de acciones que, según él, prueban que Honduras sí ha trabajado para eliminar el arancel. Pero la narrativa no logró contrarrestar la percepción de que el gobierno quedó fuera del movimiento diplomático regional que terminó beneficiando a países comparables y dejando a Honduras aislada.
Reacciones y temores desde el mundo laboral
La polémica creció cuando Cerrato dijo que Estados Unidos exige confidencialidad sobre ciertos asuntos por cuatro años. Para los críticos, esto suena más a opacidad que a estrategia. Para los defensores, es parte normal de negociaciones internacionales complejas. Lo único claro es que la información pública revela más vacíos que certezas.
La reacción del sector laboral no tardó. Desde organizaciones sindicales se advirtió que la exclusión arancelaria pone en riesgo miles de empleos vinculados a manufactura, agroexportación y maquila, sectores donde Honduras había logrado avances sostenidos. Sin mejoras en las condiciones comerciales, esos logros se debilitarían en cuestión de meses.
La batalla política apenas comienza
A nivel político, la oposición ya exige explicaciones. Preguntan por qué Guatemala y El Salvador lograron lo que Honduras no. Y por qué un país cuya economía depende en gran medida de Estados Unidos está hoy en escenarios de competencia desigual.
El conflicto también se traslada al plano electoral. La narrativa de “errores diplomáticos” se alinea con una crítica más amplia sobre el manejo de la política exterior, el aislamiento internacional y la cercanía con gobiernos sancionados o cuestionados. Para un país que necesita inversión, cooperación y mercados abiertos, cada señal es interpretada como un mensaje peligroso.
Más que un impuesto, un síntoma
La disputa entre el Cohep y el gobierno no es solo retórica. Expone una fractura profunda en la capacidad del país para articular una estrategia económica coherente. Mientras el empresariado exige pragmatismo, el gobierno insiste en que la negociación sigue viva. Lo que no está claro es si Honduras podrá recuperar el espacio perdido o si la región ya avanzó en un camino donde la competencia será cada vez más dura.
El arancel del 10 % no es solo un impuesto: es un síntoma. Un indicador del lugar que Honduras ocupa hoy en la diplomacia regional. Y, sobre todo, un recordatorio de cómo las decisiones políticas pueden modificar el destino económico de un país entero.
