En Honduras, la falta de semáforos operativos aumenta los accidentes de tránsito y agrava el impacto económico en hogares ya vulnerables.
Tegucigalpa. Las esquinas oscuras de Tegucigalpa no solo provocan colisiones. También generan deudas, discapacidad y pérdida de ingresos en hogares sin cobertura médica ni previsión. El costo de un semáforo dañado no se mide solo en tráfico, sino en vidas fracturadas.
“No murió en el acto, pero la deuda sí fue inmediata”
Era mediodía en el bulevar Fuerzas Armadas. En la intersección con la calle que conduce al anillo periférico, el semáforo no funcionaba. Al intentar cruzar, Norma Rivera, de 56 años, fue embestida por una motocicleta que venía a alta velocidad. No falleció en el lugar, pero las consecuencias llegaron más rápido que la ambulancia. Una semana después, su familia debía más de L.45,000 en gastos hospitalarios y traslados, y aún no contaban con el parte definitivo del daño neurológico.
Casos como el de Norma son cada vez más frecuentes. “Muchos accidentes ocurren en zonas donde los semáforos llevan meses fuera de servicio. Las familias no solo enfrentan el trauma, sino que deben endeudarse de inmediato para cubrir hospitalización, medicinas o entierros”, explica la enfermera Patricia Morales, del Hospital Escuela, quien atiende de primera mano estos eventos.
Accidentes más frecuentes, costos más altos
De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), los accidentes de tránsito aumentaron un 11.4% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período de 2024. En ese mismo lapso, al menos el 17% de los choques urbanos ocurrieron en intersecciones sin semáforo funcional o sin señalización visible.
El Hospital Escuela reportó que el 34% de los ingresos por trauma en adultos están relacionados con accidentes de tránsito, siendo las colisiones en motos y atropellos los más comunes. De acuerdo con la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el 65% de las víctimas no cuenta con seguro médico ni cobertura pública integral, por lo que los gastos terminan recayendo directamente sobre los familiares.
Un sepelio básico, con traslado y ataúd, tiene un costo promedio de entre L.20,000 y L.40,000, según datos de funerarias en Tegucigalpa y Comayagüela. En los casos de hospitalización por fracturas o trauma craneal, los costos pueden superar los L.100,000, incluyendo medicamentos que deben comprarse por fuera del sistema público.
El semáforo apagado y el sistema desconectado
No hay un registro centralizado de cuántos semáforos funcionan en las ciudades principales. La Alcaldía Municipal del Distrito Central admitió en un informe de marzo de 2025 que el 38% de los semáforos de Tegucigalpa y Comayagüela presentan fallas eléctricas, de sincronización o vandalismo. En algunos sectores, las reparaciones no se realizan desde 2023.
“Una ciudad sin semáforos es una ciudad sin ley en los cruces. Pero más allá del tráfico, esto tiene un impacto directo en la economía doméstica”, explica el urbanista Sergio Núñez, especialista en movilidad. “Cada colisión es un gasto no previsto, y muchas veces el afectado es el principal proveedor del hogar.”
En sectores como La Sosa, Kennedy o El Carrizal, vecinos han improvisado banderas rojas para advertir de cruces peligrosos. Pero no es suficiente. La falta de inversión en seguridad vial genera un círculo de riesgo: más accidentes, más gastos, más pobreza.
Un problema técnico con consecuencias humanas
La salud pública no escapa a este deterioro vial. Según la Secretaría de Salud, el sistema hospitalario destina entre el 8% y el 12% de su capacidad de camas de emergencia a víctimas de accidentes de tránsito, lo que repercute en tiempos de espera para otros pacientes. La OMS estima que el costo económico indirecto de los siniestros viales en países de renta media alcanza hasta el 3% del PIB anual, una cifra que en Honduras aún no se ha calculado oficialmente, pero que impacta a diario en la economía familiar.
“Cuando se pierde a un trabajador activo en un hogar, el ingreso puede caer hasta en un 60%”, explica la economista Marcela Dávila, de la Universidad Tecnológica Centroamericana. “Y ese impacto se prolonga si la persona queda con una discapacidad o requiere rehabilitación sin acceso a seguro.”
Pocas veces se conecta la inseguridad vial con la pobreza. Pero basta seguir el trayecto posterior a un accidente para entenderlo: desde la sala de emergencia hasta el préstamo informal, desde la prótesis hasta la pérdida de empleo.
Cuando el semáforo deja de funcionar, no solo se interrumpe el tránsito: también se interrumpe una vida. Lo que parece un problema técnico se transforma en una factura emocional y económica para familias sin margen de maniobra. Y mientras la luz roja nunca enciende, la cuenta sigue sumando.
