Tegucigalpa, Honduras – Una sombra de profunda preocupación se cierne sobre Honduras tras la reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de sus ciudadanos en Estados Unidos, una decisión que, según diversos sectores, podría desencadenar una crisis económica y social sin precedentes en la nación centroamericana. La inminente repatriación de al menos 55 mil hondureños, sumada a un ya precario panorama laboral y financiero, ha puesto en alerta a empresarios y políticos, quienes advierten sobre las graves consecuencias de esta medida.
La amenaza de la crisis migratoria y económica
La eliminación del TPS, que ha amparado a más de 50 mil hondureños en Estados Unidos durante los últimos 26 años, representa un golpe devastador para miles de hogares que dependen directamente de las remesas. El diputado del Partido Nacional, Ramón Carranza Discua, ha lamentado que, de concretarse la expulsión de estos compatriotas, el país enfrentaría una severa crisis económica, especialmente al considerar que las remesas constituyen más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional5. Esta situación se agrava con la entrada en vigencia de un gravamen del 1 % sobre las remesas procedentes de Estados Unidos, previsto para diciembre de 2025, lo que podría desatar una «crisis económica y social sin precedentes» y afectar directamente la estabilidad de miles de familias.
Un mercado laboral ya saturado
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha expresado su profunda preocupación sobre la capacidad del país para absorber la mano de obra que regresaría. Santiago Herrera, gerente de Política Económica de Cohep, enfatizó que el reingreso de al menos 55 mil personas que han estado trabajando en Estados Unidos complica un desafío que Honduras ya enfrenta: un alto nivel de desempleo abierto y un altísimo nivel de subempleo. A esto se suma que casi un millón de jóvenes en el país no estudian ni trabajan, y cada año 125 mil jóvenes ingresan al mercado laboral sin que se generen suficientes oportunidades7. La llegada de compatriotas que han trabajado por largo tiempo en el extranjero solo añadiría presión a un sistema ya desbordado.
El grito de advertencia desde diversos sectores
La alarma ha resonado en múltiples esferas. Para el Cohep, este escenario es difícil para la capacidad de absorción del país. Santiago Herrera señaló que, además del dilema económico, debe considerarse el drama humano de más de 55 mil hondureños y sus familias. Por su parte, Efraín Rodríguez, asesor de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Amnpih), manifestó una gran preocupación por la cancelación del TPS y la posibilidad de deportaciones masivas antes de fin de año. Rodríguez advirtió sobre el riesgo de una devaluación más marcada del lempira, que incluso podría alcanzar los 30 lempiras por dólar en los próximos meses, dado que la economía hondureña depende en gran parte de las remesas. Tanto Cohep como Amnpih han instado al diálogo y a un acercamiento del gobierno con Estados Unidos para mitigar el impacto.
El contexto político y las acusaciones
El diputado Ramón Carranza Discua no solo alertó sobre las consecuencias, sino que también responsabilizó al gobierno de Libertad y Refundación (Libre) por lo que calificó como una «política errática e ideologizada». Según Carranza, esta política ha debilitado las relaciones diplomáticas y comerciales con los principales socios históricos de Honduras, en lugar de fortalecerlas. «Este gobierno se ha empeñado en confrontar en vez de construir puentes, y ahora vemos las consecuencias que esto traerá para nuestra economía y para nuestro pueblo», concluyó el legislador, subrayando la dimensión política de la crisis que se avecina.
