Para Honduras, las extensiones se basaron en factores como vulnerabilidad a desastres naturales, inseguridad, corrupción y pobreza extrema. En 2025, el DHS, bajo la administración Trump y la secretaria Kristi Noem, justificó la cancelación del TPS argumentando que Honduras ha superado las condiciones derivadas de Mitch, citando mejoras en infraestructura y programas de reintegración bajo el gobierno de Castro. Sin embargo, informes del Departamento de Estado y organizaciones como WOLA contradicen esta evaluación, destacando la persistencia de violencia, impunidad y pobreza, lo que sugiere que la decisión tiene un trasfondo político ligado a las tensiones bilaterales.
Además, la economía enfrenta otros retos: un crecimiento del 4.4% en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), limitado por fenómenos climáticos como la tormenta tropical Sara y la contracción de la maquila (-1.8%). La reciente imposición de un impuesto a las remesas por parte de EE. UU. encarece aún más los flujos financieros, afectando a familias que dependen de estos ingresos. La deportación masiva de beneficiarios del TPS podría saturar el mercado laboral hondureño, donde la capacidad de absorción es limitada, y aumentar la migración irregular, perpetuando un ciclo de inestabilidad.
El impacto social es igualmente grave. La pérdida del TPS amenaza con separar familias, ya que muchos beneficiarios tienen hijos ciudadanos estadounidenses. Organizaciones como la Fundación 15 de Septiembre planean demandas legales, pero las opciones migratorias alternativas, como el asilo o el ajuste de estatus, son limitadas y costosas, dejando a miles en un limbo migratorio.
Claves de la errática relación Honduras-EE. UU. y sus consecuencias
Desde que Xiomara Castro asumió la presidencia en 2022, su gobierno del Partido Libre ha adoptado una postura ideológica izquierdista que ha generado fricciones con EE. UU. Los desencuentros entre el excanciller Enrique Reina y la exembajadora Laura Dogu marcaron un deterioro progresivo de las relaciones. Reina respondió agresivamente a críticas de Dogu sobre temas como las ZEDEs (2022), la política energética y la corrupción (2024), acusándola de injerencia y amenazando la relación bilateral. Estas confrontaciones públicas, poco diplomáticas, proyectaron una imagen de hostilidad que contrastaba con el discurso oficial de “cordialidad y respeto”.
2. Denuncia del tratado de extradición.
En agosto de 2024, Honduras denunció el tratado de extradición con EE. UU., vigente desde 2012, tras una reunión de autoridades militares hondureñas con el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino, acusado de narcotráfico por Washington. La embajadora Dogu expresó preocupación por esta interacción, lo que provocó una respuesta airada de Reina y la decisión de Castro de suspender el tratado. Esta medida se interpretó como un intento de proteger a figuras cercanas al gobierno, especialmente tras la divulgación de un video que implicaba a Carlos Zelaya, cuñado de Castro, en negociaciones con narcotraficantes en 2013.
La denuncia del tratado, que facilitó la extradición de capos y figuras políticas, fue vista como un desafío directo a la cooperación antidrogas con EE. UU., un pilar de las relaciones bilaterales. La falta de avances judiciales en Honduras para investigar el “narcovideo” reforzó la percepción de impunidad, alienando aún más a Washington y alimentando la narrativa de que Honduras no era un aliado confiable. La suspensión del tratado de extradición y las acusaciones de vínculos con el narcotráfico erosionaron la confianza de EE. UU. en el gobierno de Castro. La cancelación del TPS, anunciada poco después, fue interpretada por analistas como Beatriz Valle como una represalia directa por estas decisiones, castigando a miles de migrantes hondureños por las posturas del gobierno.
3. Amenazas sobre la base militar de Palmerola.
El 1 de enero de 2025, Castro amenazó con cerrar la base militar estadounidense en Palmerola si la administración Trump implementaba deportaciones masivas de migrantes hondureños. Esta advertencia, que cuestionaba una cooperación militar de décadas sin costo para EE. UU., fue un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. La base de Palmerola es estratégica para operaciones antidrogas y de seguridad regional, y su amenaza de cierre fue percibida como una provocación en un momento de alta sensibilidad migratoria.
La retórica de Castro, que vinculaba la soberanía hondureña con la presencia militar extranjera, resonó con su base ideológica, pero alienó a Washington. En lugar de negociar discretamente la extensión del TPS, el gobierno optó por una postura confrontacional que priorizó el discurso antiimperialista sobre los intereses de los migrantes, debilitando su posición en las discusiones migratorias.
4. Ausencia en la Cumbre de las Américas y alineación con la CELAC
En 2022, Castro boicoteó la novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, protestando por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esta decisión marcó un distanciamiento de EE. UU. y una alineación con gobiernos antiestadounidenses, reforzada en 2025 durante la presidencia pro tempore de la CELAC. En la IX Cumbre de la CELAC, Castro criticó el “nuevo orden económico mundial” impuesto por EE. UU., condenó el bloqueo a Cuba y cuestionó el modelo neoliberal, consolidando su postura ideológica.
Estas acciones, aunque simbólicas, enviaron un mensaje claro de desalineación con Washington, en un momento en que Honduras dependía de la cooperación estadounidense para remesas, inversión y programas migratorios como el TPS. La contratación de lobistas como Hugo Llorens y Thomas Shannon para mejorar la imagen de Honduras en EE. UU. resultó insuficiente frente a la retórica pública antiestadounidense del gobierno. La alineación con la CELAC y el rechazo a la Cumbre de las Américas reforzaron la percepción de Honduras como un aliado ideológico de regímenes opuestos a EE. UU., debilitando su capacidad de negociación. La cancelación del TPS reflejó la falta de voluntad política de Washington para mantener beneficios migratorios a un país percibido como hostil.
La cancelación del TPS tendrá un impacto devastador en Honduras, tanto económico como social. La pérdida de estatus legal para 72,000 hondureños podría reducir las remesas en cientos de millones de dólares anuales, afectando el consumo interno y aumentando la pobreza, que ya afecta al 70% de la población. La deportación masiva saturaría un mercado laboral con alta informalidad y escasa capacidad de absorción, exacerbando la inseguridad y la migración irregular.
Socialmente, la separación de familias y la incertidumbre migratoria generarán tensiones internas, en un contexto de polarización política y violencia persistente (Honduras sigue siendo el segundo país más violento de América Latina para mujeres). El gobierno de Castro, que ha promovido programas de reintegración, carece de recursos para absorber a los retornados, lo que podría desestabilizar aún más el país. La oferta de “autodeportación” de EE. UU., con $1,000 y un boleto de avión, es insuficiente para mitigar el impacto de desarraigar vidas construidas durante décadas. La cancelación del TPS no solo es una consecuencia de las tensiones bilaterales, sino un golpe económico que pone en jaque la estabilidad de Honduras. La incapacidad del gobierno de Castro para anticipar y mitigar esta decisión, priorizando la confrontación sobre la diplomacia, ha dejado al país vulnerable a una crisis migratoria y económica sin precedentes.
6. El gobierno de Honduras priorizó la ideología al bienestar de sus ciudadanos
