Tegucigalpa. Honduras pierde petición de desestimación en demanda de $10,700 millones por ZEDEs, abriendo paso a la continuación del arbitraje en el CIADI.
El gobierno de Honduras sufrió una derrota inicial en su intento de desestimar la demanda de $10,700 millones interpuesta por Honduras Prospera Inc. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), según informaron portales especializados el 28 de febrero de 2025.
Demanda por derogación de ZEDEs
Honduras Prospera Inc. demandó al Estado hondureño tras la derogación de las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDEs) por el gobierno de Xiomara Castro, alegando pérdidas millonarias en inversiones realizadas en Roatán. El CIADI rechazó el argumento de Honduras sobre la necesidad de agotar instancias locales antes del arbitraje internacional, señalando que la derogación de la legislación relevante hacía «inútil» cualquier intento de recurso local.
Argumentos del tribunal
El tribunal del CIADI, compuesto por Juan Fernández-Armesto, Raúl E. Vinuesa y David W. Rivkin, consideró que la Corte Suprema de Justicia ya había confirmado la constitucionalidad del decreto que derogó las ZEDEs, haciendo inviable cualquier recurso de inconstitucionalidad.
Contexto y otras demandas
Honduras enfrenta 12 demandas similares por empresas e inversionistas afectados por la derogación de las ZEDEs. El gobierno denunció el tratado del CIADI en 2024, con efecto a partir de agosto del mismo año. Las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDEs) en Honduras fueron concebidas como áreas del territorio nacional con un régimen de autonomía particular. Esta autonomía implicaba que poseían su propio sistema legal, económico y administrativo, todo ello con el fin primordial de atraer inversión extranjera y generar fuentes de empleo. La concepción detrás de las ZEDEs era la creación de «ciudades modelo», ambientes propicios para el desarrollo de negocios, donde las empresas tendrían la capacidad de operar con mayor libertad y una burocracia reducida.
Dentro de sus características principales destacaba la autonomía, ya que las ZEDEs contarían con sistemas judiciales, policiales y administrativos independientes del gobierno central. El objetivo era atraer inversión extranjera, creando un entorno favorable para los negocios. Además, se esperaba que estas zonas generaran miles de puestos de trabajo, impulsando así el desarrollo económico del país.
Sin embargo, las ZEDEs no estuvieron exentas de controversia. Uno de los principales argumentos en su contra era la percepción de pérdida de soberanía nacional, al cederse parte de esta a entidades privadas. Organizaciones de derechos humanos expresaron su inquietud ante la posible vulneración de derechos laborales y ambientales dentro de estas zonas. Asimismo, se cuestionó la falta de transparencia en su creación y gestión.
En la actualidad, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha promovido la derogación de la legislación que sustentaba las ZEDEs, tanto en el Congreso Nacional como en la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión ha desencadenado demandas por parte de empresas e inversionistas que se consideran perjudicados por la derogación. La corte suprema de justicia a declarado inconstitucional las ZEDES. En resumen, las ZEDEs representaron un proyecto ambicioso destinado a fomentar el desarrollo económico de Honduras, pero que también generó una intensa polémica debido a sus implicaciones legales y sociales.




