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La nueva estrategia de Juan Orlando Hernández no comienza en los tribunales penales, sino con su patrimonio

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La defensa del expresidente plantea recuperar bienes asegurados, cuestionar la privación de dominio y abrir un nuevo frente judicial tras su retorno.

El regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras marca el inicio de una nueva etapa judicial. Su equipo legal anunció que solicitará la devolución de los bienes asegurados por el Estado, evaluará acciones por presuntos daños patrimoniales y buscará incorporar documentación procedente de Estados Unidos para reforzar su defensa en los procesos que continúan abiertos ante la justicia hondureña.


¿Por qué la defensa busca recuperar los bienes asegurados?

Con el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández al país, la estrategia de su defensa cambia de escenario. Después de varios años concentrada en el proceso penal desarrollado en Estados Unidos, ahora el objetivo principal será enfrentar los expedientes que continúan abiertos en Honduras, comenzando por el proceso de privación definitiva de dominio.

La apoderada legal del exmandatario, Anguie Colindres, confirmó que el equipo jurídico solicitará formalmente la devolución de los bienes asegurados por el Ministerio Público, argumentando que las circunstancias jurídicas que dieron origen a esa acción cambiaron tras la conclusión del proceso estadounidense y el posterior indulto presidencial.

Según la defensa, la acción de privación de dominio estuvo estrechamente vinculada al juicio desarrollado en Nueva York, por lo que consideran que corresponde revisar nuevamente los fundamentos legales que justifican mantener bajo control estatal los activos del exgobernante.


¿Qué bienes están en disputa?

Aunque el inventario oficial permanece bajo reserva dentro del expediente judicial, la defensa hizo referencia a diversos bienes administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Entre ellos figuran propiedades, activos productivos, semovientes y otros bienes que permanecieron bajo administración estatal durante varios años mientras avanzaban los procesos judiciales.

La controversia no se limita únicamente a la devolución del patrimonio. También alcanza el estado en que esos bienes podrían ser restituidos.

La defensa sostiene que algunos activos pudieron perder valor económico, deteriorarse o incluso haber sido vendidos durante el período en que estuvieron bajo administración pública, situación que, de comprobarse, podría derivar en nuevas reclamaciones patrimoniales.


¿Podría reclamar una indemnización al Estado?

Uno de los elementos más novedosos de la estrategia jurídica anunciada por la defensa es la posibilidad de promover una reclamación económica contra el Estado hondureño.

La abogada Anguie Colindres explicó que evaluarán solicitar una indemnización por los daños que, según su criterio, habrían sufrido algunos bienes durante el tiempo en que permanecieron asegurados.

El planteamiento abre un nuevo escenario jurídico, ya que obligaría a los tribunales a determinar no solo la legalidad de la privación de dominio, sino también las eventuales responsabilidades derivadas de la administración, conservación o disposición de esos activos.

En caso de que existan bienes vendidos o deteriorados, la discusión podría trasladarse al ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado.


¿Qué documentos llegarán desde Estados Unidos?

La defensa también confirmó que inició gestiones de asistencia jurídica internacional para incorporar nueva documentación al expediente hondureño.

Entre los documentos que esperan presentar destacan:

  • Resoluciones emitidas por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.
  • Actuaciones procesales relacionadas con el caso.
  • Documentación oficial del proceso penal.
  • La carta mediante la cual el presidente Donald Trump concedió el indulto presidencial.

Según Colindres, todos los documentos llegarán mediante los canales diplomáticos correspondientes, debidamente certificados y apostillados para que puedan ser valorados por los tribunales hondureños.

La defensa considera que este material fortalecerá su posición dentro de los procesos aún pendientes.


¿Qué procesos judiciales siguen abiertos en Honduras?

El regreso de Hernández no significa el cierre definitivo de su situación judicial.

Aunque ya no enfrenta causas activas en Estados Unidos, todavía existen expedientes abiertos en la jurisdicción hondureña.

Entre ellos figura el proceso de privación definitiva de dominio, impulsado por el Ministerio Público, además de otras investigaciones y causas que continúan bajo conocimiento de las autoridades nacionales.

El desarrollo de estos procesos dependerá de las resoluciones que adopten los tribunales hondureños y de la valoración que realicen sobre la documentación que ambas partes incorporen durante las próximas etapas judiciales.


Una nueva batalla legal apenas comienza

Durante los últimos cuatro años, la defensa de Juan Orlando Hernández concentró sus esfuerzos en enfrentar el proceso penal desarrollado en Estados Unidos. Con el regreso del expresidente a Honduras, el centro de gravedad cambia completamente.

Ahora la disputa se traslada al patrimonio, la privación de dominio y los procesos pendientes en la jurisdicción nacional. Más allá de la devolución de bienes, los tribunales deberán resolver si existen fundamentos suficientes para mantener las medidas cautelares, determinar el destino de los activos administrados por el Estado y definir si las nuevas pruebas provenientes del extranjero modifican el curso de los expedientes.

El retorno del exmandatario no representa el final de su historia judicial. Por el contrario, abre un nuevo capítulo donde el debate ya no girará únicamente en torno a responsabilidades penales, sino también sobre la propiedad de bienes, la actuación de las instituciones y el alcance de las decisiones que adopte la justicia hondureña.

Por Linda Gutiérrez

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