El Gabinete Económico avanza en una reestructuración institucional tras crecimiento de L20 mil millones en planilla estatal.
Menos secretarías, más auditorías, recorte de estructuras, revisión de planillas. “Hay que ordenar la casa”, dijo el Gobierno. En su primera sesión clave, el Consejo de Ministros anunció la supresión de tres secretarías estratégicas y abrió el debate sobre el tamaño real del Estado hondureño.
Un decreto para reestructurar el Estado
En sesión oficial del Consejo de Ministros, el titular de la Secretaría de Comunicaciones, José Augusto Argueta, informó que el Ejecutivo discute un Decreto Ejecutivo PCM de 25 artículos orientado a la modernización del aparato estatal. Según explicó, el objetivo es eliminar duplicidades, reducir presión administrativa y ordenar las finanzas públicas.
Argueta señaló que el borrador se fundamenta en el numeral 3 del artículo reformado de la Ley General de la Administración Pública, que faculta al presidente, en Consejo de Secretarios de Estado, a crear, modificar, fusionar o suprimir dependencias del Estado. “Estamos actuando dentro del marco legal para racionalizar estructuras”, afirmó.
SEDECOAS y la reorganización del agua
Una de las primeras medidas contempla la derogación del PCM 056-2019 y la supresión de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS). Según Argueta, sus funciones duplicaban competencias ya asignadas al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) absorberá formalmente las atribuciones vinculadas a agua potable y saneamiento. “Mantener ambas estructuras resultaba oneroso para el Estado”, explicó el funcionario, quien añadió que la infraestructura comunitaria pasará a concentrarse en la Secretaría de Infraestructura y Transporte.
Vivienda y estructuras más pequeñas
En cumplimiento de la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos de 2019, la Secretaría de Vivienda absorberá la Comisión Nacional de Vivienda, el Programa Nacional de Vivienda y el Fondo Social de la Vivienda. Según informó Argueta, la nueva estructura será más operativa y contará con aproximadamente 60 personas.
El funcionario subrayó que la meta es reducir burocracia sin frenar ejecución de proyectos. “No se trata de paralizar políticas públicas, sino de hacerlas más eficientes”, indicó, destacando que el rediseño institucional busca mayor claridad en responsabilidades.
Se elimina Planificación y Presidencia
El decreto también contempla la supresión de la Secretaría de Planificación Estratégica, dentro de la cual operaban dependencias como Canal 8. Según el ministro, la planilla del canal llegó a superar las 620 personas, sin claridad total sobre asignaciones específicas.
Asimismo, se confirmó la eliminación de la Secretaría de la Presidencia. “Estamos revisando estructuras que crecieron sin control en los últimos años”, expresó Argueta, en línea con el discurso de austeridad administrativa.
Entre los cambios institucionales anunciados destacan:
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Supresión de la Secretaría de Planificación Estratégica.
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Eliminación de la Secretaría de la Presidencia.
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Derogación del PCM 056-2019 y cierre de SEDECOAS.
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Reasignación de funciones a estructuras existentes.
El Gobierno insiste en que el objetivo es concentrar funciones y reducir costos operativos.
La auditoría en dos semanas
El presidente Nasry Asfura instruyó a cada secretario de Estado presentar, en un plazo máximo de dos semanas, un informe detallado sobre la situación financiera con la que recibieron sus instituciones. Según Argueta, el reporte deberá incluir estado presupuestario, recursos humanos, bienes, proyectos en ejecución y compromisos pendientes.
“Necesitamos saber cómo está cada dependencia para tomar decisiones responsables”, señaló el funcionario. La auditoría interna será clave para definir ajustes adicionales y posibles recortes.
El peso de la planilla pública
Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo es el crecimiento del gasto en personal. Según reiteró Argueta, el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, informó que la planilla estatal aumentó casi 20 mil millones de lempiras en los últimos cuatro años.
Ese incremento, según el Gobierno, generó una presión significativa sobre el presupuesto nacional. Honduras destina una parte importante de su gasto corriente al pago de salarios públicos, lo que limita el margen para inversión en infraestructura, salud o educación.
“Si no ordenamos la estructura, no podremos liberar recursos para desarrollo”, afirmó Argueta, en referencia al impacto fiscal del crecimiento burocrático.
Descentralización como nuevo eje
En sustitución de algunas estructuras eliminadas, el Gobierno anunció la creación del Programa Presidencial para el Fortalecimiento y Descentralización. Su objetivo será impulsar la Ley de Descentralización y fortalecer la gestión territorial.
El Ejecutivo busca trasladar competencias hacia gobiernos locales bajo esquemas más claros de responsabilidad y control presupuestario. Según explicó Argueta, la descentralización debe traducirse en mayor eficiencia y cercanía con la ciudadanía.
Contexto económico y político
La reestructuración institucional ocurre en un momento de presión fiscal y ajustes económicos. Honduras enfrenta desafíos en sostenibilidad de deuda, inversión pública y eficiencia administrativa. Diversos organismos internacionales han recomendado fortalecer la calidad del gasto y evitar duplicidades institucionales.
En los últimos años, el tamaño del aparato estatal creció en distintas áreas, generando debates sobre eficiencia y transparencia. El nuevo decreto PCM se presenta como una respuesta política a ese escenario.
El Consejo de Ministros continuará discutiendo el texto antes de su aprobación definitiva y publicación oficial. El primer encuentro formal del gabinete del presidente Asfura dejó un mensaje directo: reordenar estructuras, auditar finanzas y reducir peso burocrático. La dimensión real del ajuste dependerá de la ejecución y de los informes que cada secretaría entregue en las próximas semanas.
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