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Cuando el Congreso dejó de funcionar: así construyó LIBRE el nefasto período Redondo

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No fue relato político: los datos muestran menos sesiones, más bloqueos y un Legislativo ausente.

Durante tres años, el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo arrastró una etiqueta incómoda que no nació en los editoriales, sino en la calle: “la peor legislatura”. No fue un eslogan opositor ni una exageración pasajera. Fue la suma de curules vacías, sesiones frustradas, meses sin decisiones y una sensación persistente de bloqueo institucional en un país que pedía respuestas urgentes.

La imagen fue inédita en el período democrático reciente. No solo por el conflicto político, sino porque el Congreso dejó de funcionar como órgano deliberativo regular. El desgaste no se expresó únicamente en discursos encendidos o enfrentamientos públicos, sino en algo más grave: la ausencia del Legislativo en momentos clave.

Para medir si esa percepción tiene sustento, los datos del Monitoreo Legislativo 2022–2025 de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ofrecen una radiografía cruda del período, basada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y registros oficiales del propio Congreso.

Del control férreo al bloqueo abierto

Entre 2014 y 2022, el Congreso estuvo presidido por Mauricio Oliva durante dos legislaturas consecutivas. Fue una etapa caracterizada por control político centralizado, sesiones constantes y una producción normativa elevada. El costo fue alto: dispensas de debate, aprobación acelerada de leyes y una agenda dominada por mayorías disciplinadas.

Con la llegada de Luis Redondo en 2022, el esquema cambió de forma abrupta. El problema no fue solo el relevo de liderazgo, sino el colapso del método. El control dejó de existir, pero no fue reemplazado por consensos sólidos. El conflicto, que antes se resolvía internamente, pasó a expresarse como parálisis del pleno.

La diferencia fue decisiva: con Oliva se legislaba mal o rápido; con Redondo, muchas veces no se legisló.

Sesionar dejó de ser la norma

Los números son elocuentes. Entre 2022 y 2025, el Congreso solo cumplió el 35 % de las sesiones obligatorias por ley. De 419 días posibles, apenas 147 jornadas registraron actividad legislativa efectiva.

En términos prácticos, eso significa que dos de cada tres días en los que el Congreso debía sesionar, no lo hizo. No por recesos oficiales, sino por falta de acuerdos políticos, disputas internas y boicots cruzados.

Durante la presidencia de Oliva, incluso en contextos de crisis política y protestas sociales, el Congreso mantuvo regularidad en sus sesiones. El debate podía ser cuestionable, pero el Legislativo funcionaba.

Con Redondo, el problema ya no fue la calidad del debate, sino la ausencia del debate mismo.

La parálisis como método

El informe de ASJ identifica alrededor de 395 días de parálisis legislativa durante la actual gestión. No se trató de un solo episodio, sino de una sucesión de bloqueos vinculados a temas estructurales:

  • Elección de la Corte Suprema de Justicia

  • Nombramiento del Fiscal General

  • Decisiones relacionadas con el CAF

  • Presupuestos electorales

  • Procesos preelectorales y reformas clave

Cada uno de estos puntos se convirtió en un campo de batalla política que detuvo al Congreso durante semanas o meses. En el pasado, estos conflictos se resolvían mediante acuerdos opacos; en esta legislatura, simplemente no se resolvieron.

La acumulación de bloqueos explica por qué la percepción ciudadana fue más dura que en otros períodos: el Congreso no solo era cuestionado, era irrelevante.

Productividad mínima, efectividad desigual

Entre 2022 y 2024, el Congreso aprobó apenas el 18 % de las iniciativas presentadas. La efectividad legislativa fue de 12 %, frente a un 90 % del Poder Ejecutivo, que logró avanzar su agenda con mayor fluidez.

El contraste con la etapa anterior es evidente. Bajo Oliva, la productividad era alta en volumen, aunque concentrada en:

  • dispensas de debate

  • tramitación exprés

  • agenda cerrada por mayorías

Redondo, en cambio, produjo menos leyes no por deliberación profunda, sino por incapacidad de construir mayorías estables.

El resultado fue un Congreso que ni controló al Ejecutivo ni legisló con regularidad.

El costo de no decidir

Cada jornada sin sesiones tuvo consecuencias reales. Presupuestos retrasados, incertidumbre electoral, vacíos normativos y la sensación de que el Congreso estaba atrapado en sus propias disputas mientras el país acumulaba urgencias.

Para la ciudadanía, el mensaje fue claro: el Legislativo estaba más ocupado sobreviviendo políticamente que gobernando.

Gasto alto, promesa incumplida

Entre 2022 y 2025, el Congreso ejecutó más de L 5,900 millones, con una estructura de gasto dominada por salarios, viáticos, subvenciones y fondo social.

Estas prácticas no fueron nuevas. Existían en la etapa de Oliva. La diferencia es que no se corrigieron, pese a que la nueva directiva llegó con un discurso de ruptura, transparencia y cambio institucional.

El gasto continuó, pero sin funcionamiento pleno. Un Congreso caro, que sesiona poco, amplifica el malestar social.

Las deudas que quedaron

El informe identifica pendientes que esta legislatura no logró resolver:

  • Incumplimiento sostenido del calendario legislativo

  • Retrasos en presupuestos electorales

  • Ausencia de reformas electorales estructurales

  • Falta de una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo

  • Mantenimiento del fondo social sin regulación estricta

Bajo Oliva, estos nudos se destrababan con acuerdos políticos. Bajo Redondo, quedaron empantanados, acumulando desgaste institucional.

Una legislatura que expuso el límite del sistema

Comparada con el pasado reciente, la presidencia de Luis Redondo no fue la más costosa ni la más opaca. Pero sí fue la más paralizada, la menos productiva y la que más incumplió la ley que regula su propio funcionamiento.

La mala fama no surgió del vacío. Surgió cuando el control político dejó de garantizar operación y no apareció ningún mecanismo alternativo para sostener el Congreso en marcha.

Más que “la peor”, esta legislatura dejó algo más inquietante: demostró que, sin acuerdos, el sistema legislativo hondureño simplemente se detiene.

Por Linda Gutiérrez

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