Tegucigalpa. Lo que debió ser una decisión trascendental para la infancia hondureña terminó ocurriendo a puertas cerradas, sin luz y sin debate público. En una sesión nocturna y opaca, el Congreso Nacional de Honduras intentó aprobar la ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento que permite a menores presentar denuncias internacionales por violaciones a sus derechos.
Pero la maniobra legislativa no pasó desapercibida. La organización Movimiento Por Nuestros Hijos emitió un fuerte pronunciamiento denunciando el hecho como un intento de ceder soberanía nacional y de introducir agendas internacionales ajenas a los valores del país, todo bajo la sombra de la noche y sin consulta a la ciudadanía.
Un protocolo con más preguntas que respuestas
El Tercer Protocolo fue adoptado por la ONU en 2011 con la intención de ofrecer a niños, niñas y adolescentes un mecanismo internacional para denunciar violaciones a sus derechos cuando sus Estados fallan. A la fecha, solo 52 países lo han ratificado, mientras que 131 no han tomado ninguna acción, entre ellos Honduras.
Estado global de ratificación
| Estado frente al Protocolo (OPIC) | Número de países | Ejemplos |
|---|---|---|
| Ratificado / Adhesión | 52 | Alemania, Uruguay, Costa Rica |
| Firmado, no ratificado | 15 | Francia, Brasil, Italia |
| Sin acción (ni firma ni ratificación) | 131 | Honduras, EE.UU., México |
Para organizaciones internacionales, este protocolo representa un avance ético y jurídico. Pero para sectores críticos dentro de Honduras, abre peligrosamente la puerta a la injerencia internacional en asuntos que deberían ser resueltos dentro del país.
Una votación en la sombra
Según el Movimiento Por Nuestros Hijos, el intento de aprobación ocurrió “en la clandestinidad, a altas horas de la noche, cuando la mayoría de los hondureños descansan”. No hubo debate público, no se consultó a padres de familia ni a expertos nacionales en infancia o derecho. El movimiento considera que esa forma de legislar representa una “falta de transparencia y mala fe”.
Además, denuncian que este protocolo transferiría competencias nacionales a un comité de 18 expertos internacionales “altamente politizado”, sin arraigo democrático y sin vínculo con la realidad hondureña.
“No se trata solo de derechos humanos. Se trata de quién tiene la última palabra sobre nuestros hijos”, advierte el comunicado.
¿Un avance jurídico o una cesión de soberanía?
Entre los argumentos más fuertes de los críticos, está el temor a que el protocolo se use como una herramienta para imponer agendas globalistas que podrían chocar con las convicciones culturales y religiosas del país.
El movimiento recordó que la mayoría de los países del mundo no han ratificado este protocolo, lo que a su juicio evidencia que existen razones legítimas para dudar de su conveniencia.
A esto se suma una preocupación legítima: el protocolo no es jurídicamente vinculante en el sentido tradicional. El Comité puede emitir recomendaciones, pero no tiene poder coercitivo. Y sin voluntad política, esas decisiones se vuelven meramente simbólicas.
Acceso desigual, procesos lentos y escasa eficacia
Además de las críticas políticas, existen también objeciones prácticas al protocolo. Los procesos ante el Comité pueden demorar años, requieren asistencia legal compleja y no contemplan denuncias colectivas, lo que limita su capacidad para abordar violaciones sistémicas.
| Crítica principal | Explicación breve |
|---|---|
| Recomendaciones no vinculantes | El Comité no puede obligar al Estado a cumplir. |
| Procedimientos lentos | La resolución de casos puede tardar varios años. |
| Acceso desigual | Solo los niños con apoyo legal logran presentar casos. |
| Sin denuncias colectivas | No se abordan violaciones estructurales. |
El fondo del debate: la patria potestad
Uno de los puntos más delicados para los opositores al Protocolo es que, según su interpretación, debilita el principio de patria potestad, al permitir que un niño actúe sin la intermediación exclusiva de sus padres en instancias internacionales.
Por eso, el Movimiento Por Nuestros Hijos exige que cualquier discusión sobre este tema se haga de forma abierta y con la participación de las familias, quienes —afirman— tienen el derecho de ser escuchadas antes de que el Estado transfiera competencias que les afectan directamente.
Entre la protección y la imposición
La discusión sobre el Tercer Protocolo toca fibras sensibles en Honduras: el rol del Estado, la soberanía jurídica, la autoridad de los padres y el derecho del niño a ser escuchado. Pero lo que es indiscutible es que la manera en que el Congreso Nacional intentó aprobarlo genera más sombras que certezas.
En un país donde la niñez necesita atención urgente, el debate no puede ser nocturno ni secreto. Si se va a entregar parte de la soberanía jurídica del país a organismos internacionales, la decisión debe ser tomada a plena luz del día, con la ciudadanía informada, participando y escuchada.




