El Gobierno de Nasry Asfura acelera obras, energía, seguridad e inversión mientras enfrenta reclamos internos y prepara el Presupuesto 2027.
La semana del 7 al 12 de septiembre de 2026 deja una fotografía concreta del Gobierno de Nasry Asfura: mientras la bancada nacionalista ratificó su respaldo al Ejecutivo, los diputados también reclamaron falta de atención de al menos ocho ministros. El presidente ofreció intervenir para mejorar la coordinación entre el Congreso y las secretarías de Estado.
Pero el movimiento político ocurre junto a una agenda de decisiones con impacto económico y territorial. El Gobierno anunció una licitación de 600 megavatios de generación eléctrica, avanzó en la preparación del Presupuesto 2027, reportó una reducción de los atrasos con los generadores y confirmó nuevas acciones de seguridad e investigación criminal.
A esto se suman obras viales, maquinaria para municipalidades, financiamiento para inversión agrícola y la gestión frente a Estados Unidos por el impacto del fin del TPS para unos 55,000 hondureños.
Estas son las 10 claves de la semana del 7 al 12 de septiembre.
¿Qué pasó entre Asfura y su bancada esta semana?
El 8 de septiembre, el presidente Nasry Asfura recibió a la bancada del Partido Nacional en Casa Presidencial. Los diputados expresaron respaldo al Ejecutivo, pero también trasladaron un reclamo concreto: al menos ocho ministros no estarían atendiendo las solicitudes de los legisladores.
El diputado Marcos Paz informó que los congresistas llevan a las secretarías de Estado necesidades de sus departamentos y municipios y que, en algunos casos, no reciben respuesta ni son recibidos por los funcionarios. Asfura se comprometió a girar instrucciones para mejorar esa comunicación.
El episodio tiene una consecuencia inmediata: la relación entre gabinete, Congreso y gobiernos locales entra en una etapa de mayor presión por resultados y atención territorial.
¿Qué inversión energética anunció Asfura?
El 9 de septiembre, Asfura anunció que el Gobierno prepara una licitación de aproximadamente 600 megavatios de generación eléctrica. La intención declarada es aumentar la oferta, ordenar el mercado y contribuir a reducir el costo de la electricidad.
El presidente explicó que existen empresas que actualmente generan electricidad sin contratos de largo plazo y participan en el llamado “mercado de oportunidades”, que, según su explicación, resulta más caro. La propuesta busca trasladar parte de esa generación hacia contratos que den mayor estabilidad al sistema.
La decisión llega en un momento de presión sobre la ENEE. Asfura aseguró que al asumir encontró obligaciones con generadores equivalentes a 12 o 13 meses de facturas pendientes, mientras que actualmente el atraso promedio estaría entre tres y siete meses, dependiendo del generador.
¿Cuánto dinero tendrá el Estado para ejecutar en 2027?
El Gobierno confirmó esta semana que el proyecto del Presupuesto General de la República 2027 será enviado al Congreso Nacional el 15 de septiembre.
El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que el proyecto ronda los L457,000 millones, unos L13,000 millones más que el presupuesto vigente de 2026, que ronda los L444,000 millones. El Ejecutivo asegura que el déficit fiscal previsto será de 0.1%.
El presupuesto tendrá que mostrar cuánto dinero se dirige realmente a inversión frente al gasto de funcionamiento. Finanzas había identificado L48,000 millones destinados a inversión dentro del presupuesto 2026 y había pedido a las instituciones acelerar su ejecución, particularmente en infraestructura, transporte y salud.
Para 2027, el Gobierno señala como prioridades educación, salud, seguridad y defensa, sectores que, según Finanzas, concentran aproximadamente el 80% del presupuesto.
¿Qué obra vial entra ahora en la agenda del Gobierno?
La infraestructura vial volvió al centro de la agenda esta semana con el anuncio de que la pavimentación de la carretera Nacaome-Coray comenzará en los próximos meses.
La obra forma parte de una agenda de infraestructura que el Gobierno y el Congreso han venido colocando como mecanismo para mejorar la conectividad territorial y facilitar el transporte de producción.
En paralelo, en Intibucá ya se había anunciado una licitación para más de 41 kilómetros de obras viales, distribuidos entre los tramos Camasca-Magdalena, el desvío hacia San Antonio y Colomoncagua, además de un bulevar de dos kilómetros entre Magdalena y Santa Lucía. La apertura de ofertas está prevista para el 21 de septiembre.
El dato relevante para la economía regional es que varias de estas obras se concentran en zonas agrícolas y cafetaleras, donde el estado de las carreteras afecta directamente el traslado de producción hacia los mercados.
¿Qué está haciendo el Gobierno con la maquinaria municipal?
El programa de maquinaria municipal continúa siendo una de las principales apuestas de infraestructura territorial de la administración.
La primera etapa contempla 126 máquinas para 81 alcaldías, con una inversión inicial aproximada de US$18 millones. El equipo incluye 58 retroexcavadoras, 51 motoniveladoras y 17 tractores de oruga.
El programa tiene un alcance mucho mayor: el Gobierno ha planteado llevar maquinaria a los 298 municipios. En Intibucá, por ejemplo, los equipos entregados están destinados a mantenimiento de caminos, atención de emergencias y apoyo a zonas productivas.
La dimensión económica de esta política está en la capacidad de los municipios para intervenir caminos rurales y accesos productivos sin depender exclusivamente de contrataciones externas. El resultado dependerá ahora del mantenimiento, combustible, operadores y control sobre el uso de los equipos.
¿Qué cambió esta semana en la estrategia de seguridad?
El Gobierno anunció una mayor tecnificación de la investigación criminal. Durante la celebración del XI aniversario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se firmó el contrato para el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS).
El sistema permite fortalecer el análisis científico de evidencias relacionadas con armas de fuego y mejorar la capacidad investigativa de la Policía. El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, señaló que con esta contratación se recuperan capacidades de investigación científica que se habían perdido por falta de inversión.
Además, la Policía informó que focalizará operaciones en los 30 municipios con mayor incidencia criminal. Asfura, por su parte, anunció que la próxima semana será convocado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para estructurar una agenda frente a los desafíos actuales.
¿Qué financiamiento externo apareció esta semana para el sector productivo?
El Gobierno informó el 11 de septiembre que Estados Unidos aprobó un financiamiento de US$10 millones mediante la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, DFC, destinado a inversión privada en el sector agrícola hondureño.
Los recursos serán canalizados mediante una alianza con Mi Crédito para facilitar capital estadounidense a proyectos productivos del agro. El Gobierno indicó además que mantiene conversaciones para identificar oportunidades adicionales en energía, tecnología y seguridad.
El dato es relevante porque conecta la agenda diplomática con financiamiento productivo. No se trata únicamente de una relación política con Washington: hay recursos concretos que podrían llegar al sector privado hondureño.
¿Qué ocurre con la relación de Honduras con Estados Unidos?
El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) abrió otro frente para el Gobierno. Asfura pidió a Estados Unidos tiempo para que unos 55,000 hondureños afectados puedan preparar su retorno al país.
El asunto tiene una dimensión económica que va más allá de la política migratoria. Honduras enfrenta el posible retorno de trabajadores y familias en un momento en que el mercado laboral necesita absorber nuevos trabajadores y la economía mantiene una previsión de crecimiento moderado.
La gestión migratoria, por tanto, se conecta directamente con empleo, vivienda, consumo, servicios públicos y remesas.
¿Qué presión enfrenta el Gobierno para demostrar ejecución?
La discusión sobre ejecución presupuestaria acompaña cada una de estas decisiones. En agosto, Finanzas informó que existían L48,000 millones destinados a inversión que las instituciones debían acelerar, principalmente en infraestructura, transporte y salud.
El problema ya no es solamente cuánto dinero tiene el Gobierno disponible, sino cuánto logra convertir en obras, equipos y servicios durante el año fiscal.
Esa diferencia será especialmente importante con el Presupuesto 2027: el Ejecutivo plantea alrededor de L457,000 millones, pero la evaluación política y económica dependerá de la capacidad para ejecutar la inversión programada y no solamente del tamaño nominal del presupuesto.
¿Cuál es el próximo frente político para Asfura?
La presentación del Presupuesto 2027 al Congreso el 15 de septiembre coloca al Ejecutivo frente a una de sus primeras grandes pruebas políticas del segundo semestre.
La bancada nacionalista ha expresado respaldo al presidente, pero simultáneamente pidió mayor coordinación con los ministros. El Congreso deberá discutir además las prioridades de gasto, las transferencias municipales y los recursos para infraestructura, seguridad, salud, educación y agricultura.
A esto se suma la reforma energética y la agenda de seguridad. En otras palabras, el Gobierno llega a la segunda mitad de septiembre con una combinación de presupuesto, energía, inversión pública, seguridad y coordinación política que tendrá que convertir rápidamente en decisiones ejecutables.
La lectura de la Directora
La fotografía de esta semana no se construye con discursos, sino con montos, contratos, maquinaria, licitaciones y decisiones.
El Gobierno de Nasry Asfura tiene sobre la mesa una licitación de 600 MW, un presupuesto 2027 cercano a L457,000 millones, un programa de maquinaria municipal cuya primera etapa representa US$18 millones, proyectos viales por decenas de kilómetros y un nuevo financiamiento de US$10 millones para inversión agrícola.
Al mismo tiempo, la ejecución sigue siendo el punto crítico. El Gobierno puede anunciar recursos y proyectos, pero el indicador que finalmente permitirá medir la gestión será cuánto de ese dinero se convierte en carreteras terminadas, energía disponible, equipos operativos, inversión privada, seguridad efectiva y servicios públicos funcionando.
Y aparece un segundo dato político: la bancada nacionalista respalda al presidente, pero ocho ministros ya están bajo reclamo de los propios diputados. Eso convierte la coordinación del gabinete en un asunto de gestión, no solamente de política interna.
La próxima semana comienza con una fecha clave: 15 de septiembre, cuando el Gobierno deberá poner sobre la mesa el Presupuesto 2027. Allí comenzará a verse con mayor precisión cuánto de la agenda anunciada tiene respaldo financiero y cuánto tendrá que competir por recursos dentro de un Estado que todavía enfrenta fuertes necesidades de inversión.
