El gobierno de Nasry Asfura arranca con una cifra contundente: L. 12,000 millones pagados en deuda flotante heredada.
El dato, presentado como señal de orden fiscal, convive con una realidad más compleja: crecimiento moderado, inversión débil y presión inflacionaria. En sus primeros 100 días, la administración prioriza liquidez y ejecución, pero el impacto estructural en la economía aún no se consolida.
Casa Presidencial y el relato de orden financiero
Desde Casa Presidencial, José Augusto Argueta, secretario de Comunicación y Estrategia del gobierno, defendió los avances como parte de una política de saneamiento financiero. “Nos pusimos al día con más de L. 12,000 millones en deuda flotante”, afirmó.
El pago de deuda atrasada tiene un efecto inmediato: libera obligaciones pendientes con proveedores y dinamiza sectores que dependían de esos recursos. En economías como la hondureña, donde el Estado es un actor clave, este tipo de desembolsos puede generar liquidez en el corto plazo.
Sin embargo, no implica necesariamente creación de nueva riqueza. Se trata, en esencia, de cumplir compromisos atrasados, no de expandir el gasto productivo.
Infraestructura y ejecución: reactivación con efecto limitado
El gobierno reporta L. 2,800 millones invertidos en infraestructura, con la reactivación de más de 200 proyectos paralizados y la rehabilitación de 1,600 kilómetros de carreteras.
Estos datos apuntan a una estrategia de ejecución rápida, enfocada en obras visibles y con impacto político inmediato. La llegada de 2,000 kits de maquinaria para los 298 municipios refuerza esta línea, especialmente en la red vial secundaria y terciaria.
No obstante, el desafío es de escala. En términos macroeconómicos, Honduras requiere inversiones sostenidas en logística, energía y conectividad para mejorar competitividad. La ejecución actual, aunque relevante, sigue siendo fragmentada frente a las necesidades estructurales del país.
Salud y educación: avances puntuales en un sistema presionado
En el sector salud, el gobierno reporta L. 800 millones ejecutados, junto con un programa de reducción de mora quirúrgica que ha beneficiado a 172 pacientes en menos de 25 días hábiles.
En educación, destacan la conexión de 8,000 escuelas mediante Starlink y un aumento salarial para docentes. Estas medidas apuntan a mejorar cobertura y condiciones laborales, pero aún enfrentan limitaciones en calidad, infraestructura y acceso en zonas rurales.
El impacto de estas acciones depende de su sostenibilidad en el tiempo, especialmente en un contexto fiscal ajustado.
Seguridad y tecnología: expansión con foco en control
El gobierno también ha impulsado la expansión del sistema de seguridad, con mejoras en el Sistema Nacional de Emergencias 911:
- 56 ambulancias operativas (antes 23)
- 7,700 cámaras de vigilancia (antes 6,400)
- Implementación de reconocimiento facial
- Mayor cobertura en zonas urbanas
Estas medidas refuerzan la capacidad de respuesta del Estado, pero implican costos operativos crecientes que deben ser sostenidos en el mediano plazo.
Inversión extranjera: señales mixtas pese al regreso al CIADI
Uno de los movimientos más relevantes fue el reingreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una señal dirigida a mejorar la confianza de inversionistas.
El gobierno asegura haber atraído a más de 50 empresarios en agendas de inversión. Sin embargo, los datos más recientes muestran que la inversión extranjera directa cerró 2025 en us$ 881.2 millones, con una caída de 2.2 %.
Esto evidencia que, aunque hay señales políticas positivas, el flujo real de capital aún responde a factores estructurales como seguridad jurídica, estabilidad económica y clima de negocios.
Economía real: crecimiento moderado y presión inflacionaria
El contexto económico en el que opera el gobierno no es neutro. Honduras proyecta un crecimiento de 3.3 % para 2026, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que refleja una desaceleración respecto a 2025.
Además, la inflación se mantiene cercana al 3.94 %, con presión en alimentos y combustibles. Este entorno reduce el poder adquisitivo y limita el impacto de políticas públicas en el bienestar inmediato.
A esto se suma un mercado laboral con alta informalidad y una inversión privada que no muestra señales claras de expansión sostenida.
Entre ejecución y estructura: el verdadero reto del gobierno
Los primeros 100 días de la administración Asfura muestran una estrategia clara: ordenar cuentas, ejecutar proyectos y enviar señales de estabilidad.
Sin embargo, los datos revelan una tensión estructural:
- Se paga deuda, pero no crece la inversión al mismo ritmo
- Se ejecutan obras, pero sin impacto macro significativo aún
- Se anuncian reformas, pero el capital externo sigue cauteloso
El reto no está en lo ejecutado, sino en la capacidad de transformar estas acciones en crecimiento sostenido, empleo formal y aumento de productividad.
Un arranque con números, pero con preguntas abiertas
El gobierno ha logrado mostrar resultados medibles en corto plazo: pagos, obras, programas y expansión institucional. Pero el contexto económico exige algo más que ejecución: requiere transformación estructural.
En una economía donde cada punto de crecimiento cuenta, los próximos meses definirán si estos primeros 100 días fueron un punto de inflexión o solo un ajuste inicial.
