La iniciativa apunta a corregir abusos de poder y proteger la institucionalidad legislativa y confianza inversionista.
El Congreso Nacional de Honduras enfrenta un cambio histórico: la eliminación de la Comisión Permanente, órgano criticado por concentrar decisiones y paralizar la agenda legislativa. La propuesta abre la puerta a juicios políticos contra diputados que actuaron fuera de sus facultades en 2025, incluyendo nombres como Luis Redondo, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Osman Chávez, Juan Barahona, Carlos Raudales, Karen Martínez y Silvia Ayala, junto con suplentes Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.
Analistas advierten que estas medidas impactan la transparencia institucional y podrían redefinir la percepción de estabilidad política y confianza inversionista en Honduras.
Comisión Permanente: un poder concentrado
La Comisión Permanente, creada bajo la gestión de Luis Redondo, se convirtió en un órgano controvertido, con facultades para tomar decisiones que corresponderían al pleno legislativo.
Diputados como Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval y Osman Chávez fueron señalados por concentrar poder, mientras que Juan Barahona, Carlos Raudales, Karen Martínez y Silvia Ayala participaron en nombramientos de alto impacto, incluyendo cargos fiscales y decisiones sobre la agenda electoral. Los suplentes Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña completaban la estructura, generando preocupación sobre la legalidad y legitimidad de sus actos.
Juicios políticos: rendición de cuentas pendiente
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, advirtió que los diputados propietarios y suplentes mencionados podrían ser sujetos de juicio político, dependiendo de la mayoría calificada de 86 votos. El objetivo es sancionar a quienes “usurparon funciones del pleno”, dejando un precedente legal en Honduras. Analistas, como el asesor presidencial Marvin Ponce, señalan que los actos de la Comisión, incluyendo nombramientos fuera de ley y resoluciones electorales impropias, justifican procedimientos formales. La eliminación de la Comisión Permanente pretende que decisiones como las adoptadas por Redondo, Pino o Smith sean responsabilidad exclusiva del pleno, garantizando mayor transparencia y participación legislativa.
Postura de la oposición y sanciones a suplentes
El diputado Antonio Rivera Callejas calificó la Comisión Permanente de 2025 como “nefasta e ilegal” y resaltó que la reforma busca castigar la actuación de los suplentes. Diputados como Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña enfrentan ahora responsabilidades penales, civiles y administrativas por ocupar curules de otras bancadas. La reforma propone eliminar recesos obligatorios y exigir la aprobación de actas antes de enviar decretos al Poder Ejecutivo, asegurando que la toma de decisiones sea transparente y colectiva, y evitando que un grupo reducido repita prácticas que afectaron la institucionalidad durante la gestión de la Comisión.
Impacto institucional y económico
El exceso de poder de la Comisión Permanente afectó la confianza inversionista y la percepción de gobernabilidad en Honduras. La concentración de decisiones en diputados como Redondo, Pino, Smith y Sandoval generó nombramientos de fiscales y resoluciones fuera de marco legal, lo que podría haber desencadenado incertidumbre política y económica. La reforma y los posibles juicios buscan restaurar la credibilidad institucional, mostrando que la democracia legislativa requiere control, responsabilidad y transparencia. La eliminación de este órgano también pretende asegurar que actos de futuros legisladores se ajusten a la Constitución y no vulneren la confianza de los ciudadanos ni del sector privado.
Transformación constitucional y lecciones políticas
Para formalizar la reforma, el Congreso deberá modificar artículos clave de la Constitución, incluidos los 190, 195, 201, 207, 208, 210, 241, 245 y 312, reforzando la estructura legislativa. La desaparición de la Comisión Permanente y la exposición de los nombres de sus propietarios y suplentes —Redondo, Pino, Smith, Sandoval, Chávez, Barahona, Raudales, Martínez, Ayala, Pérez, Donaire, Arriaga y Casaña— buscan consolidar precedentes de responsabilidad política. Expertos advierten que esta transformación institucional no solo fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también envía señales positivas al sector empresarial y a inversionistas sobre la capacidad de Honduras para corregir prácticas que afecten la estabilidad política y económica.
