Autoridades buscan disciplina fiscal, recorte de planillas estatales y mayor eficiencia del gasto público en salud, educación e infraestructura.
En un contexto de desaceleración económica regional y tensiones institucionales internas, el gobierno hondureño prepara un Presupuesto General 2026 por L. 444 mil millones, equivalente a un crecimiento de apenas 3.15 % respecto a 2025. La cifra, confirmada por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, marca un cambio de estrategia tras el fallido intento de aprobar un plan más expansivo.
El anteproyecto anterior, elaborado durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, contemplaba L. 469 mil millones, pero no logró avanzar en el Congreso Nacional debido a la parálisis legislativa que marcó el cierre del período político. Ahora, la nueva propuesta busca mayor realismo fiscal.
Según Hernández Hércules, el documento será presentado en Consejo de Ministros antes de su remisión al Legislativo, donde se anticipa un debate intenso sobre prioridades de gasto y sostenibilidad financiera.
Un presupuesto más “compacto” tras el intento fallido de expansión
El contraste entre cifras refleja un cambio de tono en la política fiscal. El Presupuesto 2025, aprobado en condiciones excepcionales durante una sesión nocturna en el Congreso, ascendió a L. 430 mil millones. En ese momento, el Ejecutivo defendió una expansión del gasto público como motor de crecimiento y atención social.
Sin embargo, la nueva propuesta responde a una evaluación distinta. “El presidente nos ha pedido que no sea un presupuesto inflado”, explicó el titular de Finanzas, subrayando la necesidad de alinearlo con los ingresos tributarios y aduaneros reales del país.
Este ajuste coincide con advertencias recientes de analistas y organismos multilaterales sobre el aumento del déficit fiscal y el crecimiento del endeudamiento público. Datos del Banco Central de Honduras (BCH) muestran que la deuda del sector público ha mantenido una tendencia al alza en los últimos años, presionando el espacio fiscal disponible.
Reducción del gasto corriente y reordenamiento del empleo público
Uno de los puntos más sensibles del nuevo plan presupuestario será la contención del gasto corriente. Hernández Hércules cuestionó el crecimiento de la planilla estatal, que según cifras oficiales aumentó en L. 33 mil millones, lo que calificó como “insostenible” para las finanzas públicas.
El gobierno prevé implementar un proceso gradual de ajuste laboral en las instituciones estatales.
Entre las medidas que analiza la Secretaría de Finanzas destacan:
- Reducción de empleados en todas las secretarías del Estado.
- Revisión de contratos temporales y estructuras administrativas.
- Contención del crecimiento salarial en el sector público.
- Priorización de inversión sobre gasto operativo.
- Mejora de controles en ejecución presupuestaria.
La decisión ocurre en un entorno regional donde varios gobiernos han optado por políticas de consolidación fiscal tras el ciclo de gasto expansivo provocado por la pandemia y el encarecimiento global del crédito.
Prioridades sociales: salud, educación e infraestructura
Pese al ajuste, el Ejecutivo asegura que el Presupuesto 2026 mantendrá un enfoque estratégico en sectores considerados clave para el desarrollo.
El ministro de Finanzas subrayó que la asignación de recursos buscará fortalecer salud pública, sistema educativo e inversión en infraestructura, áreas que históricamente han sido señaladas como rezagadas por cámaras empresariales y organismos internacionales.
En Tegucigalpa y San Pedro Sula, gremios empresariales como las cámaras de comercio han insistido en la necesidad de aumentar la inversión en carreteras, puertos y logística para mejorar la competitividad. Honduras continúa enfrentando costos elevados de transporte interno y limitaciones en conectividad que afectan exportaciones agrícolas e industriales.
Asimismo, la inversión social se mantiene como eje político central en la agenda gubernamental, especialmente en un contexto de persistentes indicadores de pobreza y migración.
Parálisis legislativa y gobernabilidad fiscal
El antecedente inmediato del Presupuesto 2026 está marcado por el bloqueo político que impidió discutir el anteproyecto anterior. Durante varios meses, el Congreso Nacional experimentó dificultades para alcanzar consensos, retrasando decisiones clave en materia económica.
Este escenario no solo afectó la planificación fiscal, sino también la ejecución de programas públicos y la confianza de inversionistas. Analistas consultados por medios como Proceso.hn han señalado que la incertidumbre institucional puede elevar el costo de financiamiento soberano y retrasar proyectos de inversión extranjera directa.
El nuevo presupuesto, más moderado, podría facilitar negociaciones legislativas, aunque persisten diferencias entre oficialismo y oposición sobre el tamaño del Estado y la estrategia de crecimiento económico.
Impacto macroeconómico y señales para inversionistas
Desde una perspectiva macroeconómica, el crecimiento presupuestario limitado envía señales mixtas. Por un lado, refleja disciplina fiscal en un contexto global de tasas de interés aún elevadas. Por otro, plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para impulsar la actividad económica mediante gasto público.
Comparado con economías vecinas, Honduras mantiene una proporción de gasto público respecto al PIB inferior a la de países como Costa Rica o Panamá, lo que reduce el margen para políticas contracíclicas. Sin embargo, también limita la presión sobre la deuda.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha destacado en informes recientes que la sostenibilidad fiscal será determinante para atraer financiamiento concesional y proyectos de infraestructura regional.
En este marco, la propuesta presupuestaria se convierte en una pieza clave para la narrativa económica del país en 2026: equilibrar responsabilidad fiscal con necesidades sociales y competitividad productiva.
Un debate decisivo en el Congreso
El Presupuesto General no solo define cifras; también establece prioridades políticas y económicas. La presentación del anteproyecto en Consejo de Ministros marcará el inicio de un proceso legislativo que podría redefinir el rumbo fiscal del país.
La advertencia del ministro es clara: “No podemos comprometernos a pagar lo que no tenemos”. La frase resume el dilema central de la política económica hondureña en los próximos meses, mientras el Congreso se prepara para discutir un plan que intenta ser más prudente tras el fallido intento expansivo.

