El Congreso que dirigió Redondo ‘ahorró’ millones… mientras nadie sabía en qué se gastaban.
En la política hondureña, pocas afirmaciones generan tanto ruido como las que combinan ahorro público con falta de transparencia. Esta semana, el jefe de bancada del oficialista Ronald Panchamé aseguró que el Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo logró ahorrar más de mil millones de lempiras durante su gestión.
La declaración, lejos de cerrar el debate, volvió a encender las dudas sobre cómo se administraron realmente los recursos del Poder Legislativo entre 2022 y 2026, un periodo marcado por cuestionamientos constantes desde sectores empresariales, organizaciones civiles y analistas políticos.
Panchamé incluso exhortó a investigar las cifras, señalando que los datos “están al alcance de la ciudadanía”. Sin embargo, el propio parlamentario reconoció que en política es habitual “magnificar números” como parte de la estrategia discursiva. Una admisión que, más que despejar incertidumbres, refuerza la percepción de que el ahorro proclamado forma parte de una narrativa política cuidadosamente construida.
El ranking incómodo
El contexto internacional tampoco favorece el relato oficialista. De acuerdo con el informe del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023, elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, el Congreso hondureño figuró como uno de los más opacos y cerrados del continente.
Este indicador, que evalúa prácticas como acceso a la información, rendición de cuentas y apertura institucional, ubicó al Legislativo de Honduras en los últimos lugares del ranking regional, evidenciando serias debilidades en la publicación de datos presupuestarios, contratación pública y control interno.
La paradoja resulta evidente: mientras desde el oficialismo se presume un “récord histórico de ahorro”, los organismos especializados señalan falta de claridad en la ejecución del gasto.
Viáticos, subvenciones y el Fondo Departamental
Durante la gestión de Redondo, uno de los puntos más polémicos fue el manejo de partidas como los viáticos legislativos y el llamado “Fondo Departamental”, también conocido como subvenciones.
Diversos sectores denunciaron que estos recursos se asignaron de forma discrecional, privilegiando a diputados alineados con el gobierno o a aquellos que respaldaron proyectos clave dentro del hemiciclo. La falta de informes detallados y auditorías públicas alimentó la percepción de uso político del presupuesto legislativo.
Para analistas económicos, el problema no radica únicamente en cuánto se gastó o se ahorró, sino en la ausencia de mecanismos claros para verificar la eficiencia del gasto. En otras palabras, el supuesto ahorro podría ser tan real como imposible de comprobar en un entorno institucional donde los datos no fluyen con transparencia.
Un Congreso cuestionado
El periodo legislativo 2022-2026 será recordado como uno de los más turbulentos en la historia reciente del Congreso hondureño. Más allá de la confrontación política y la dificultad para construir consensos, la gestión de Redondo quedó marcada por la percepción de opacidad administrativa y decisiones presupuestarias poco explicadas.
Así, el debate sobre los mil millones “ahorrados” trasciende la contabilidad. Se convierte en una discusión más profunda sobre confianza institucional, calidad democrática y manejo responsable de los recursos públicos en Honduras.
Porque en política fiscal, como en reputación, no basta con afirmar que se ahorró. También hay que demostrarlo.
