Conoce la herencia que recibió Tomás Zambrano en datos: el desafío de salir del infierno que dejó Redondo en el CN

Con 25.8% en el ILTL, el nuevo liderazgo parlamentario debe ordenar gasto, participación ciudadana y confianza para atraer inversión y estabilidad.

Tomás Zambrano observa el tablero. El Congreso Nacional de Honduras que dejó Luis Redondo y el partido Libre quedó ubicado como el peor evaluado en transparencia legislativa en América Latina según el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL). Con apenas 25.8% de calificación, el resultado no solo retrata un problema institucional: también configura una herencia política compleja para el liderazgo parlamentario del Partido Nacional, obligado a gestionar expectativas económicas y reputacionales.

El último lugar que marca el inicio

El informe regional coloca al Legislativo presidido por Luis Redondo en la última posición del ranking, excluyendo únicamente a países sin condiciones para ser evaluados. La brecha frente al promedio latinoamericano de 44.9% expone una debilidad estructural que ahora condiciona la narrativa de transición política dentro del Congreso.

Para el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, este resultado se convierte en un punto de partida delicado. Analistas consultados por proceso.hn señalan que el desafío no será solo impulsar reformas, sino administrar las expectativas de empresarios, organismos internacionales y ciudadanía, en un contexto donde la confianza institucional se ha deteriorado.

Calificaciones por dimensiones

El índice mide cuatro áreas específicas. Honduras muestra debilidades estructurales en todas, pero algunas son más alarmantes que otras:

Normativas débiles y gestión con lupa

El índice mide cuatro dimensiones del desempeño legislativo y Honduras muestra rezagos en todas. La dimensión de Normatividad alcanzó 39.5%, reflejando vacíos regulatorios y procedimientos poco claros. Esta situación impacta la previsibilidad del entorno económico, un factor que cámaras empresariales de Tegucigalpa y San Pedro Sula consideran clave para planificar inversiones.

Como explicó el portal soydatos, la debilidad normativa genera costos indirectos para el sector privado, desde retrasos en aprobaciones legislativas hasta incertidumbre jurídica. En términos metafóricos, el Congreso juega una partida de ajedrez con piezas incompletas, donde cada movimiento institucional puede afectar la estrategia económica del país.

Presupuesto opaco y ciudadanía distante

Las áreas más críticas del ILTL corresponden a Presupuesto y Gestión (21.8%) y a la evaluación de la labor legislativa (23.1%). Estos indicadores alimentan cuestionamientos sobre el manejo de partidas como subsidios y fondos departamentales, cuya ejecución suele ser difícil de auditar públicamente.

La dimensión de Participación Ciudadana registró el resultado más bajo con 18.7%, evidenciando una desconexión entre el Congreso y la sociedad civil. Según análisis recogidos por Infobae, esta distancia reduce la legitimidad de las leyes y limita la capacidad del país para construir consensos en reformas económicas profundas.

Las señales de alerta que hereda el nuevo liderazgo

El informe regional deja una serie de riesgos institucionales que el Partido Nacional deberá enfrentar para revertir el rezago:

• Escasa transparencia en la ejecución del gasto legislativo, especialmente en transferencias discrecionales.

• Débil actualización de portales públicos, con falta de datos sobre votaciones y agendas parlamentarias.

• Ausencia de controles robustos sobre conflictos de interés, elevando riesgos reputacionales.

• Baja digitalización de procesos legislativos, limitando eficiencia y trazabilidad institucional.

• Participación ciudadana limitada, lo que afecta legitimidad y calidad normativa.

Estos factores funcionan como señales de alerta para el clima de inversión, ya que según economistas del entorno del BCH la transparencia institucional es un determinante silencioso del costo país.

Brecha regional y presión por resultados

El contraste con Centroamérica evidencia la magnitud del desafío. Costa Rica lidera con 59.3%, Panamá alcanza 41.5% y Guatemala 35.8%, mientras Honduras queda rezagada con 25.8%. La diferencia refleja distintos niveles de modernización parlamentaria y apertura de datos públicos.

Para Zambrano, revertir esta brecha implica no solo reformas técnicas, sino también gestionar la narrativa política de la “herencia maldita”, concepto que comienza a instalarse en el debate público para describir el estado institucional recibido. En términos económicos, la presión por resultados será inmediata: inversionistas y organismos multilaterales suelen evaluar señales de cambio en plazos cortos.

Expectativas económicas y credibilidad en juego

Aunque el índice corresponde a 2023, la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa utiliza estos datos para impulsar reformas entre 2024 y 2025. Entre las recomendaciones destacan fortalecer la publicación de información presupuestaria, regular conflictos de interés y abrir canales formales de participación social.

Organismos como el BCIE y el propio BCH han insistido en que la calidad institucional influye directamente en la atracción de financiamiento y proyectos productivos, desde infraestructura hasta turismo. En ese sentido, el Congreso no solo legisla: también proyecta una imagen país que puede atraer o ahuyentar capitales.

En una Tegucigalpa donde el calor y el ruido del tráfico acompañan la rutina empresarial, el resultado del ILTL se convierte en un desafío estratégico. La transparencia legislativa es ahora una partida abierta donde el nuevo liderazgo deberá mover piezas con rapidez, sabiendo que el reloj político y económico corre al mismo tiempo.