La misión del Fondo evalúa reservas, deuda y reformas estructurales tras el cambio de gobierno en 2026.
El diálogo entre el sector privado y el Fondo Monetario Internacional vuelve a colocar a Honduras bajo la lupa de Washington. En un momento de transición política y revisión de compromisos financieros, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la misión del Fondo Monetario Internacional sostuvieron reuniones clave para evaluar la política económica reciente, el frente fiscal, la crisis de la ENEE y el combate a la corrupción.
Una misión clave tras el cambio de gobierno
La misión técnica del FMI, encabezada por Emilio Fernández Corugedo, se encuentra en Tegucigalpa del 16 al 20 de febrero de 2026. Este tipo de visitas es habitual tras la toma de posesión de un nuevo gobierno, pero en el caso hondureño tiene un peso adicional: coincide con la revisión del Artículo IV y la quinta evaluación del acuerdo firmado en 2023.
El Artículo IV es el mecanismo mediante el cual el FMI analiza anualmente la salud macroeconómica de un país miembro. No se trata solo de una revisión técnica, sino de un examen profundo sobre política fiscal, monetaria, deuda pública, inflación, reservas internacionales y estabilidad financiera. En el caso de Honduras, la evaluación ocurre en un contexto de desaceleración regional y presión sobre las finanzas públicas.
El acuerdo de 2023 y su hoja de ruta
En septiembre de 2023, Honduras firmó un acuerdo de 36 meses con el FMI bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF) y el Servicio de Crédito Ampliado (ECF), por aproximadamente 830 millones de dólares. El programa fue diseñado para fortalecer la estabilidad macroeconómica, mejorar la gobernanza y reformar empresas estatales, especialmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El cumplimiento de metas cuantitativas —como límites al déficit fiscal, techos de endeudamiento y acumulación de reservas internacionales— es condición para los desembolsos. Cada revisión exitosa libera nuevos recursos y envía una señal positiva a otros organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID.
En ese marco, la quinta revisión prevista para este año es crucial. No solo garantiza acceso a financiamiento, sino que también respalda la credibilidad externa del país ante inversionistas y calificadoras de riesgo.
Política monetaria y fiscal bajo examen
Julio César Raudales, director suplente del Cohep, señaló que en los últimos cuatro años hubo una política monetaria poco armonizada con la política fiscal. Según explicó, se discutieron decisiones relacionadas con la Tasa de Política Monetaria (TPM) adoptadas por el Banco Central de Honduras durante la administración anterior.
La coordinación entre política fiscal y monetaria es uno de los puntos que el FMI suele enfatizar. Si el gasto público crece mientras la autoridad monetaria intenta contener inflación con tasas altas, se genera un desbalance que afecta crédito, inversión y crecimiento. Para el sector privado, esa falta de sincronía generó incertidumbre en el mercado financiero.
También se abordó el control de divisas. Honduras opera bajo un régimen cambiario administrado, donde el Banco Central interviene para evitar fluctuaciones bruscas del lempira. El FMI tradicionalmente recomienda transparencia en la asignación de divisas y mecanismos que reduzcan distorsiones en el mercado cambiario.
ENEE: el talón de Aquiles fiscal
Uno de los temas más sensibles fue la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La estatal arrastra pérdidas millonarias, altos niveles de endeudamiento y problemas estructurales de gestión.
El programa con el FMI incluye compromisos específicos para mejorar la gobernanza de la ENEE, reducir pérdidas técnicas y no técnicas, fortalecer la recuperación de cartera y revisar subsidios. La empresa ha sido señalada como uno de los principales focos de presión sobre las finanzas públicas.
Raudales calificó el problema como “grande y ya sistemático”. Para el sector privado, sin una reforma profunda de la ENEE, cualquier esfuerzo de disciplina fiscal queda incompleto. El FMI coincide en que la sostenibilidad energética es condición para la estabilidad macroeconómica.
Combate a la corrupción y gobernanza
Otro eje del diálogo fue el combate a la corrupción. El acuerdo de 2023 incorporó compromisos en materia de transparencia, fortalecimiento institucional y mejora en los sistemas de compras públicas.
El FMI ha insistido en que la gobernanza no es un tema accesorio, sino central para el crecimiento inclusivo. La percepción de corrupción eleva el costo de financiamiento, reduce inversión extranjera y debilita la confianza interna.
Raudales destacó que los representantes del FMI se mostraron abiertos a escuchar. Subrayó que el organismo no llega a imponer medidas, sino a dialogar sobre cómo apoyar políticas que generen resultados adecuados. Esa narrativa busca suavizar la tradicional percepción de que el Fondo dicta ajustes sin sensibilidad social.
Qué está en juego para Honduras
La relación con el FMI tiene implicaciones que van más allá del corto plazo. Un programa vigente facilita acceso a financiamiento externo en condiciones favorables, estabiliza expectativas cambiarias y ancla la política económica.
En 2024 y 2025, Honduras logró mantener inflación en niveles moderados comparados con el promedio regional y preservar reservas internacionales relativamente sólidas. Sin embargo, el déficit fiscal y la presión de empresas públicas siguen siendo focos de atención.
El nuevo gobierno enfrenta el reto de cumplir metas pactadas mientras atiende demandas sociales y promesas de campaña. El equilibrio entre disciplina fiscal y gasto social será observado de cerca en Washington.
La visita actual es apenas el inicio de un ciclo de evaluaciones que marcarán la pauta económica del cuatrienio. Si las revisiones avanzan sin sobresaltos, Honduras consolidará un marco de estabilidad macroeconómica. Si surgen desviaciones, el margen fiscal y financiero podría estrecharse en un entorno internacional aún incierto.
En las próximas semanas, el informe preliminar del Artículo IV ofrecerá pistas claras sobre el rumbo económico del país y el grado de confianza que el FMI deposita en la nueva administración.
