Más de 270 servidores públicos fueron beneficiados con nivelaciones y reclasificaciones en tiempo récord.
Resoluciones firmadas, salarios reclasificados, retroactivos activados y más de 13 millones de lempiras comprometidos. “No es el monto, es el momento”, admiten técnicos presupuestarios. A 22 días del cambio de gobierno, Finanzas aprobó ajustes salariales que ahora formarán parte del gasto permanente heredado.
Noviembre: el mes en que se movieron los salarios
Con el calendario político ya en cuenta regresiva, la Secretaría de Finanzas autorizó en noviembre de 2025 tres resoluciones clave que permitieron ajustes salariales, reestructuración de puestos y pagos retroactivos por un monto superior a L13 millones. Las decisiones quedaron formalizadas cuando restaban menos de cuatro semanas para la juramentación presidencial del 27 de enero de 2026.
Según los documentos administrativos, los cambios fueron presentados como correcciones técnicas necesarias para alinear funciones y remuneraciones. Sin embargo, especialistas en gestión pública advierten que el timing de las resoluciones convierte estas decisiones en una carga estructural para la siguiente administración, al incorporarse de forma permanente al gasto corriente del Estado.
La primera resolución: ajustes selectivos y retroactivos
La Resolución No. 418-2025, emitida el 7 de noviembre, autorizó ajustes salariales por nivelación para 16 servidores públicos excluidos del Régimen de Servicio Civil, con un impacto económico de L583,493. El beneficio tuvo efecto retroactivo al 30 de septiembre, lo que implicó pagos adicionales inmediatos.
Aunque la solicitud inicial incluía a 216 empleados, la Dirección General de Presupuesto avaló únicamente a los puestos excluidos tras evaluar la disponibilidad financiera. Entre los cargos beneficiados figuraron asesores legales, oficiales jurídicos y coordinadores administrativos, cuyos salarios fueron homologados con posiciones de jerarquía equivalente dentro de la estructura estatal.
Cambios de nombre, grupo y nivel
La Resolución No. 477-2025, fechada el 21 de noviembre, aprobó la readecuación de denominación, grupo y nivel para 58 puestos ocupados, la mayoría sin impacto presupuestario adicional, pero con efectos administrativos relevantes.
Entre los cambios documentados destacan:
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Conversión de Oficial de Seguridad I a Guardián II, con salarios entre L27,498 y L32,733.
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Reclasificación de Especialista Presupuestario II a Oficial Jurídico II, con salario de L40,366.
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Modificaciones que alteran escalas internas y líneas de carrera administrativa.
Según técnicos del área presupuestaria, aunque estos movimientos no siempre generan aumentos inmediatos, sí redefinen escalones salariales futuros, lo que impacta promociones, incrementos automáticos y cargas fiscales a mediano plazo.
La resolución más costosa
El mayor impacto financiero quedó registrado en la Resolución No. 476-2025, también emitida el 21 de noviembre, que autorizó reasignaciones y ajustes salariales para 198 servidores públicos bajo el Régimen de Servicio Civil, con un costo total de L12,489,069.
Los incrementos mensuales variaron según el cargo. Se documentaron aumentos de L1,097 para un Oficinista II reclasificado como Trabajador de Servicios Generales, con salario final de L20,900, y ajustes de hasta L12,600 mensuales en conversiones hacia cargos técnicos como Planificador Presupuestario.
Promociones, retroactivos y pagos inmediatos
La resolución también incluyó promociones funcionales, como el ascenso de Conserje II a Auxiliar Administrativo I, con incrementos de L3,111, y de Auditor de Presupuesto I a Contador IV, con aumentos de L8,200 mensuales.
Un punto crítico es que la medida contempló efecto retroactivo de tres meses y un día, lo que obligó a realizar desembolsos inmediatos por varios millones de lempiras antes del cierre fiscal del año. Para analistas, este elemento refuerza el carácter excepcional de la decisión en un período de transición política.
El argumento técnico y el debate político
Según explicaron funcionarios del área financiera, las resoluciones se originaron en una solicitud unificada presentada en septiembre de 2025, con el objetivo de corregir distorsiones salariales acumuladas y alinear sueldos con funciones reales.
La Dirección General de Presupuesto emitió dictámenes favorables certificando legalidad y disponibilidad de fondos. No obstante, el debate no gira sobre la legalidad, sino sobre la oportunidad política y fiscal de comprometer recursos permanentes cuando el gobierno estaba a semanas de concluir su mandato.
Lo que recibe el próximo gobierno
Especialistas en finanzas públicas advierten que estos ajustes no son gastos de una sola vez. Al incorporarse a la base salarial, incrementan el gasto corriente estructural, reduciendo el margen de maniobra del próximo Ejecutivo en un contexto de presión fiscal.
Desde sectores técnicos se resume el escenario con una frase recurrente: “no es solo cuánto se autorizó, sino cuándo”. A partir del 27 de enero, el nuevo gobierno deberá absorber estos compromisos como parte del punto de partida presupuestario, en un año marcado por restricciones fiscales y demandas sociales crecientes.
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