Gustavo Solórzano alerta que partidos no pueden desconocer resultados. Defiende la institucionalidad y advierte riesgos si intentan deslegitimar la transición presidencial.
En medio de la tensión postelectoral y discursos que llaman a desconocer la transición presidencial, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, lanzó una advertencia directa: “Solo el CNE puede anular unas elecciones”. Su mensaje busca frenar un clima político que amenaza con escalar.
El límite jurídico: quién puede anular elecciones
La disputa sobre la validez de los resultados generó un ruido político que creció en redes, mítines y declaraciones públicas. En ese contexto, Solórzano recordó que ninguna organización política puede proclamarse árbitro del proceso. Explicó que la Ley Electoral establece en su artículo 298 las causales específicas de nulidad, y que estas no se cumplen en el escenario actual. Añadió que, ante solicitudes infundadas, “el artículo 300 manda declararlas inadmisibles”, un mensaje directo hacia las dirigencias que han insinuado la posibilidad de anular la contienda.
El presidente del CAH señaló que cualquier discurso que pretenda colocar a los partidos como jueces del resultado violenta el orden institucional. Según explicó, el Consejo Nacional Electoral —al ser el único órgano autorizado por la Constitución— es quien certifica y da por concluido el proceso. La discusión legal no tiene interpretación alternativa: la anulación es excepcional, compleja, documentada y depende exclusivamente del CNE, no de presiones políticas, comunicados partidarios o convocatorias callejeras.
Un clima político que desafía la gobernabilidad
Solórzano calificó como un “irrespeto a la democracia” las voces que aseguran que no reconocerán la transición presidencial. Afirmó que esta postura refleja falta de madurez política, especialmente en un país donde el voto popular sigue siendo el mecanismo más valorado para definir poder, estabilidad y legitimidad. Recordó que el proceso electoral cerró con una participación alta, con centros funcionando sin incidentes graves y con observadores de misiones nacionales e internacionales que destacaron la normalidad de la jornada.
La narrativa del desconocimiento genera un impacto directo en la gobernabilidad. Según analistas consultados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, episodios similares en 2017 dejaron huellas en la inversión privada y en la percepción internacional del país. Para el CAH, insistir en ese camino sería repetir errores que ya tuvieron un costo social y económico. “El pueblo votó masivamente y en paz; esa voluntad debe respetarse”, reiteró Solórzano.
Riesgos, advertencias y puntos clave del momento
El titular del CAH insistió en que cualquier intento de deslegitimar el proceso abre un flanco de inestabilidad democrática. Subrayó que este tipo de discursos genera dudas en la población y presiona a las instituciones de seguridad y justicia, que deben actuar con independencia y en estricto apego a la Constitución.
De acuerdo con el análisis jurídico y político expuesto por Solórzano, estos son los elementos que hoy definen el escenario:
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Solo el CNE tiene facultad legal para declarar nulidad o validar resultados.
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No se cumplen causales del artículo 298 para anular la elección.
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Discursos de desconocimiento debilitan confianza institucional y generan riesgo de confrontación.
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Las Fuerzas Armadas deben garantizar alternancia, no favorecer intereses partidarios.
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Cualquier bloqueo de vías o actos violentos constituye delito y erosiona la legitimidad política.
El rol de las Fuerzas Armadas y la presión sobre los partidos
Solórzano recordó que una vez que el Consejo Nacional Electoral oficialice al ganador, Las Fuerzas Armadas están obligadas constitucionalmente a resguardar la alternancia. No se trata de un gesto simbólico: la alternancia es un mandato expresamente definido en el artículo 272 de la Constitución, que establece la subordinación y neutralidad política de la institución castrense. En palabras del presidente del CAH, “las Fuerzas Armadas deben cumplir su mandato y proteger el orden democrático”.
El mensaje no se limitó al CNE ni a los militares. Solórzano llamó directamente a los partidos Liberal y Nacional a evitar caer en “trampas” que puedan escalar la tensión. Explicó que la institucionalidad requiere de actores políticos responsables que privilegien estabilidad y legalidad por encima de estrategias de presión. En un contexto donde videos, audios y denuncias proliferan en redes sociales, pidió no amplificar rumores que no tengan respaldo legal o técnico.
Violencia, bloqueos y la línea roja de la Constitución
El presidente del CAH defendió un punto central: no hay vía legítima fuera de la ley. Rechazó los bloqueos de carreteras y los llamados a la confrontación que crecieron en distintos departamentos, especialmente en zonas donde grupos simpatizantes de distintos partidos han exigido recuentos adicionales. Según explicó, ningún proceso de presión física puede reemplazar los mecanismos establecidos para impugnaciones, apelaciones o recursos legales.
Añadió que promover incertidumbre social no solo afecta la convivencia, sino que golpea la imagen internacional de Honduras, un país que en los últimos años ha enfrentado desconfianza en indicadores de gobernanza. Recordó que organismos como la OEA, en procesos recientes, han señalado la importancia de mantener canales formales para cualquier reclamo electoral. “El único camino válido es el de la Constitución y la voluntad popular”, insistió.
Doble moral y los riesgos de desafiar la legitimidad popular
Para Solórzano, algunos sectores políticos incurren en una “doble moral” al hablar de democracia cuando están en campaña, pero cuestionar el voto cuando el resultado no les favorece. Según describió, mantener el poder sin reconocimiento popular no solo es inviable, sino que implica quebrar el pacto básico de convivencia democrática. La ciudadanía, sostuvo, tiene derecho a exigir respeto a su decisión en las urnas.
En un país con un historial de crisis postelectorales, su mensaje busca contener la escalada. Recalcó que, si bien el debate y la crítica son legítimos, los intentos de deslegitimación afectan a todos: instituciones, ciudadanía, economía y reputación exterior. Por eso, afirmó que este es el momento de blindar el resultado, permitir que la transición siga su curso y enviar señales de estabilidad a un país que aún carga cicatrices de procesos anteriores.




