A menos de dos semanas de las elecciones del 30 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) divulgó un paquete de datos que, más que celebraciones, ha despertado interrogantes. Según la institución, la pobreza en Honduras habría caído 2 puntos porcentuales en el último año y 13.5 puntos a lo largo del gobierno de Xiomara Castro. Las cifras, difundidas en un evento oficial en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), llegan justo en la recta final del proceso electoral y muestran mejoras que pocos sectores privados o independientes reconocen en terreno.
Las cifras por su magnitud y por el momento en que aparecen, recuerdan prácticas ya conocidas en otros países donde la estadística oficial se utilizó para modelar narrativas políticas, no realidades sociales. Los casos son recientes: el INDEC de Argentina bajo Cristina Kirchner —que falseó inflación y pobreza durante años— y el CIS de José Félix Tezanos en España, criticado por “dibujar” encuestas sistemáticamente favorables al gobierno socialista.
Ahora, en Honduras, las preguntas van en la misma dirección.
Según el INE, la pobreza se habría reducido 13.5 puntos durante el gobierno de Xiomara Castro y 2 puntos solo en el último año. La pobreza extrema —afirman— cayó 15.4 puntos entre 2021 y 2025. Y la población “no pobre” habría dado un salto abrupto de 26.4 % a 39.9 % en cuatro años.
Pero el INE no ha publicado los datos de 2022 —el primer año de gobierno—, un vacío inexplicable si se busca evaluar de manera honesta una tendencia. Esta omisión, justo en el punto más sensible de la serie, recuerda a los períodos en que ciertos gobiernos evitaban divulgar datos adversos para luego presentar “recuperaciones” estadísticas fabricadas.
El director del INE, Eugenio Sosa, defendió que el país “ha mantenido el crecimiento, controlado la inflación y el déficit fiscal”, aunque en barrios, colonias, mercados, maquilas cerradas y fincas camaroneras abandonadas, esa “mejora” no aparece por ningún lado.
Dudas iguales a los gobiernos de izquierda
El dato más llamativo es la supuesta reducción de la pobreza extrema en 15.4 puntos porcentuales, al pasar —según el INE— de 53.7 % en 2021 a 38.3 % en 2025. También se reporta un incremento acelerado de la población “no pobre”: del 26.4 % en 2021 al 39.9 % este año. No obstante, la institución mantiene sin publicar los resultados de 2022, el primer año de gobierno, un vacío que impide conocer si hubo incrementos iniciales o ajustes posteriores.
Para algunos analistas, la ausencia de esa serie completa deja un espacio difícil de ignorar en la víspera electoral: sin un punto de comparación intermedio, el comportamiento real de la pobreza durante la actual administración queda sujeto a interpretaciones.
Tal desconexión entre números oficiales y vida diaria ya ocurrió en Argentina cuando el INDEC kirchnerista reportaba tasas de pobreza inferiores a las de Alemania mientras millones caían en indigencia. O en España, donde las proyecciones del CIS de «Tezanos» (su Director) anticipaban victorias del PSOE que luego no coincidían con la realidad electoral.
Las cifras hondureñas también presumen mejoras en el empleo: la desocupación habría caído de 8.6 % a 4.9 %. Sin embargo, aquí sí aparece 2022 —el año borrado en la pobreza—, lo que despierta sospechas: ¿por qué una serie sí lo incluye y la otra no? ¿Por qué solo desaparecen los datos que permitirían verificar si la reducción de la pobreza fue real o un ajuste posterior?
Defender lo indefendible
Aun así, el director del INE, Eugenio Sosa, defendió lo divulgado. Afirma que el país “ha mantenido el crecimiento, controlado la inflación y el déficit fiscal”, lo que —según él— explicaría la disminución en los niveles de pobreza, apoyada en incrementos del salario mínimo y en programas de transferencias. Pero estas explicaciones llegan en un contexto en el que organismos independientes reportan tendencias opuestas y advierten que el costo de la canasta básica y la informalidad siguen al alza.
El INE hondureño asegura que la fuerza laboral creció y que la población ocupada aumentó en más de 350,000 personas, algo difícil de conciliar con el cierre de maquilas, la caída del sector camaronero, el frenazo de la inversión privada y la paralización de proyectos de infraestructura.
Como en el INDEC argentino en la época de la izaquierda, los números parecen divorciarse del país real. Como en el CIS de Tezanos en España, aparecen justo cuando más necesita el gobierno un relato.
En cualquier caso, la estrategia es reconocible: presentar un clima estadístico favorable a días de una elección altamente disputada, aun si los datos contradicen la experiencia cotidiana. Nadie puede afirmar —todavía— que las cifras hayan sido alteradas. Pero su oportunidad, su asimetría y la falta de transparencia en las series incompletas abren un precedente peligroso: si las instituciones estadísticas se transforman en herramientas electorales, la democracia pierde uno de sus últimos espacios de verificación independiente.
Por ahora, las cifras del INE no generan confianza. Generan déjà vu.
